Nada más lógico en Morena (y el gobierno) que la responsable de los programas sociales, esos que le dan votos al partido en el poder, sea su Presidenta.
Ayer, la propia Claudia Sheinbaum (que esta vez no se fue de espaldas), oficializó la renuncia de Ariadna Montiel a la Secretaría del Bienestar para poder estar en posibilidad de ser elegida presidenta de Morena el domingo próximo.
El movimiento ya había sido adelantado en medios, la semana pasada.
Montiel tiene el mapa social del país; sabe en cuáles regiones los programas sociales le reditúan más votos a Morena y en qué territorios requiere de mayor trabajo o presión.
No es un dato nada menor; es como tener la llave maestra de una caja del tesoro (electoral).
La futura presidenta no se encargará de candidaturas o de las alianzas con el Verde y el PT, que para eso ya llegó Citlalli Hernández, sino de configuración de estrategia territorial para posicionar mejor a su partido y desde luego al gobierno.
Su encomienda es aplicar la información económica con perspectiva política-electoral.
Lo que extraña es su relevo.
Sheinbaum designó a Leticia Ramírez como sucesora de Montiel, a pesar del muy pobre papel que desempeñó como secretaria de Educación en la segunda mitad del sexenio obradorista.
Igual a 90% de lealtad y 10% de capacidad.
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Nada más porque México no está en guerra (contra otro país, aunque sí contra el narcotráfico, o eso se supone), que si no, los morenistas ya estarían pidiendo la pena capital para la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos.
Lo senadores de Morena, los mismos que prometieron que sí la gobernadora asistía a “su invitación’’, no habría quema de brujas ni nada por el estilo, se molestaron visiblemente por el plantón (la mandataria estatal no tenía la obligación legal de acudir) y en la sesión del pleno casi casi pidieron que fuera desterrada.
Los agraviados morenistas pidieron a la Fiscalía General de la República una investigación (ya la FGR inició dos carpetas) para dictaminar si la gobernadora cometió traición a la patria, delito que, según el artículo 123 del Código Penal Federal, se castiga con penas que van de 5 a 40 años de prisión más una multa de hasta 50,000 pesos.
El delito se castiga cuando un mexicano (o extranjero que resida en el país) comete actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación con el fin de someterla a un gobierno extranjero, o bien, toma parte en acciones bélicas contra México.
Desde ya comienza la versión de que Campos, que según Omar García Harfuch “no supo’’ de la partición de dos agentes de la CIA en una operación de campo, negociará con la Federación a cambio de cerrar el caso con la renuncia de su fiscal, César Jáuregui.
¿A cambio de qué?
Lo veremos en el 2027.
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La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, inauguró la nueva atribución que le dio el Legislativo para poder designar a los funcionarios del Instituto sin el visto bueno de los consejeros electorales como se hacía hasta el 2024.
Entre las designaciones realizadas por Taddei destaca la de Eduardo Meza Rincón, subdirector de Procedimientos de Remoción de consejeros de OPLES del Instituto, como nuevo director ejecutivo de Administración.
El cargo es importante porque nada más, será el responsable de manejar el presupuesto de 15,000 millones de pesos que tiene el INE.
Así que la responsabilidad del éxito o fracaso de Meza Rincón se le podrá atribuir, sí o sí, a Taddei pues se supone es un hombre de toda su confianza.
A ver.
@adriantrejo