Durante buena parte de la legislatura, el Gobierno de Pedro Sánchez se sostuvo sobre una mayoría heterogénea que hizo posible su investidura y permitió aprobar algunas de las reformas sociales y económicas más ambiciosas de los últimos años. Sin embargo, esa arquitectura parlamentaria muestra signos evidentes de desgaste. La dinámica reciente en el Congreso apunta a un cambio de centro de gravedad: la mayoría que impulsó la investidura pierde protagonismo mientras una alianza variable de fuerzas de derecha gana capacidad para imponer su visión sobre cuestiones económicas y sociales.
El episodio más reciente, la caída del decreto que prorrogaba la congelación de los alquileres, es quizá el ejemplo más visible de este desplazamiento. La decisión de una mayoría formada por el Partido Popular, Vox y otros grupos, junto a UPN, no solo frustra una medida concreta: deja a más de dos millones de personas expuestas a posibles subidas significativas en sus rentas y genera incertidumbre jurídica para quienes se acogieron a la prórroga durante el mes en que estuvo vigente. No se trata únicamente de un revés político para el Gobierno, sino de una señal clara de que el Congreso ha entrado en una fase distinta.
Desde una perspectiva estrictamente parlamentaria, el resultado no resulta sorprendente. La legislatura ha ido acumulando tensiones entre los socios que hicieron posible la investidura, mientras las derechas han encontrado puntos de coincidencia suficientes para actuar con mayor coordinación en votaciones clave. Ese reequilibrio no implica necesariamente la existencia de una mayoría alternativa estable, pero sí revela una nueva capacidad para bloquear iniciativas gubernamentales que hasta ahora parecían relativamente seguras.
La aritmética parlamentaria ya no garantiza la continuidad automática de las políticas sociales del Gobierno
La sesión de control al Ejecutivo celebrada este miércoles reflejó esa tensión acumulada. Pedro Sánchez respondió a preguntas del Partido Popular, el PNV y UPN en un clima político marcado por el rechazo al decreto de alquileres y por la proximidad de la campaña electoral andaluza. El presidente defendió la agenda de su Gobierno con un discurso que combina reivindicación de logros y advertencia sobre el rumbo político de las derechas. Según su relato, la prioridad del Ejecutivo sigue siendo la misma desde hace ocho años: crecimiento económico, creación de empleo, redistribución y transformación digital y energética.
Pero más allá del intercambio retórico, la intervención del PNV reveló otra dimensión del momento político: la importancia de las formas y el respeto entre aliados. La portavoz nacionalista recordó que la defensa de determinados valores políticos —como el rechazo a la polarización o al extremismo— no puede sostenerse sin una relación de confianza entre socios. La referencia a la reciente polémica generada por una imagen difundida por el PSE en redes sociales evidenció que las tensiones no son solo ideológicas, sino también relacionales.
El PP se abre paso
Ese deterioro en las relaciones entre socios tradicionales aumenta el margen de maniobra de las derechas. El Partido Popular, por su parte, centró su intervención en la corrupción y en la huelga de médicos, dos asuntos que permiten erosionar la imagen del Gobierno como garante de los servicios públicos. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, vinculó los problemas sanitarios y los procesos judiciales abiertos contra antiguos cargos del Ejecutivo con una supuesta incapacidad del Gobierno para atender las necesidades reales de la ciudadanía.
La respuesta de Sánchez, basada en la defensa de la financiación a las comunidades autónomas y en la crítica a las políticas sanitarias de los gobiernos autonómicos del PP, refleja una estrategia conocida: presentar el conflicto político como una disputa entre modelos sociales. El Ejecutivo insiste en que su acción busca beneficiar a la “mayoría social”, mientras acusa a la oposición de favorecer intereses económicos tradicionales. Sin embargo, el debate parlamentario reciente sugiere que esa narrativa ya no basta para asegurar mayorías.
El Congreso se ha convertido en un terreno donde la mayoría que permitió la investidura de Sánchez pierde centralidad frente a una derecha cada vez más cohesionada
Lo que está en juego no es solo una votación concreta, sino el sentido general de la legislatura en su tramo final. La caída del decreto sobre alquileres tiene un efecto simbólico que va más allá de su contenido técnico. Marca un punto de inflexión en el que la derecha demuestra que puede actuar con eficacia suficiente para frenar políticas sociales de alcance masivo. Y evidencia, al mismo tiempo, que los socios que antes sostenían al Gobierno ya no actúan con la misma cohesión ni con idéntica disposición al acuerdo.
Este cambio plantea interrogantes sobre el equilibrio institucional y sobre la capacidad del Ejecutivo para culminar su agenda reformista. En un Parlamento fragmentado, cada votación se convierte en una negociación compleja y cada error en las relaciones políticas puede traducirse en derrotas tangibles. La legislatura entra así en una fase donde la estabilidad dependerá menos de la retórica y más de la capacidad para reconstruir alianzas funcionales.
Al mismo tiempo, la situación refleja una evolución más amplia del sistema político español. La polarización creciente, el endurecimiento del discurso y la competencia entre bloques ideológicos han reducido el espacio para acuerdos transversales. La consecuencia es un Congreso más imprevisible y una gobernabilidad más exigente, donde ninguna mayoría puede darse por garantizada.
Una nueva correlación de fuerzas
En ese contexto, el rechazo al decreto de alquileres no debe interpretarse solo como un choque coyuntural, sino como la manifestación de una nueva correlación de fuerzas. La mayoría que permitió la investidura de Pedro Sánchez sigue existiendo formalmente, pero su eficacia política se erosiona ante una derecha que, sin necesidad de constituir una alternativa de gobierno inmediata, logra condicionar la agenda legislativa.
La pregunta que queda abierta es si el Ejecutivo será capaz de recomponer su base parlamentaria o si la legislatura avanzará hacia un escenario de bloqueo progresivo. En cualquiera de los casos, el Congreso parece haber entrado en una etapa en la que las mayorías son más volátiles y las decisiones más costosas. Y en esa nueva aritmética, la derecha ha demostrado que puede marcar el ritmo, incluso sin ocupar el poder ejecutivo. @mundiario