En la Cámara de Senadores no se descarta convocar a un periodo de sesiones extraordinarias antes del próximo 31 de mayo para reformar la Constitución con el propósito de aplazar, al menos al 2028, la siguiente elección judicial en que se renovarán poco más de 800 vacantes de magistrados y jueces federales programada el 7 de junio de 2027.
“Ahí está siempre la posibilidad de que las cámaras hagan su chamba’’, respondió Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (JC) del Senado, a una pregunta específica sobre el tema.
Aunque senadores y diputados federales del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ya presentaron de manera formal una iniciativa de cambios constitucionales para postergar dichos comicios y evitar la concurrencia con el proceso electoral federal intermedio en que se elegirán 500 diputados federales y 17 gobernadores, entre otros cargos, y sobre todo establecer la evaluación y certificación de los candidatos a juzgadores a fin de garantizar la profesionalización del Poder Judicial, se prevé que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentaría su propia propuesta.
El eventual cambio constitucional, aseguran sus promoventes, tiene como objetivo transformar el sistema de justicia en México como la vía para garantizar certeza jurídica a la inversión.
Prueba de la necesidad de realizar cambios de fondo en la operación del sistema judicial mexicano, aseguró en la sede senatorial un grupo de ciudadanos afectados de aquel estado, es la realidad que se vive en el Poder Judicial de Chihuahua, donde persisten prácticas de impunidad que impiden la consolidación del pretendido nuevo modelo judicial.
Los inconformes demandaron del Poder Legislativo de la Unión revisar el funcionamiento del sistema judicial en aquella entidad federativa.
A manera de ejemplo, mencionaron el caso del diputado Guillermo Ramírez, cuyo hermano Fernando, acusado de tentativa de homicidio contra el ganadero Eloy Soto Payán, fue liberado porque la magistrada María Elizabeth Macías Márquez determinó revocar el auto de vinculación a proceso en su contra.
Desde su perspectiva, el sistema judicial estatal opera en absoluta irregularidad.
La Constitución establece que los cambios legales en materia electoral se pueden realizar hasta 90 días antes del inicio del proceso correspondiente, que para el caso de los comicios del 2027 aplica a partir del próximo 1 de septiembre.
Los cambios constitucionales requieren ser aprobados por las dos cámaras del Congreso federal y al menos 17 congresos locales, de un total de 32.