El caso del linchamiento mediático y político al que están sometiendo a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, es de una hipocresía ofensiva. A una falta administrativa –como debe ser considerado el descuido cometido por la gobernadora Maru Campos–, los morenistas del Senado la califican ya como “traición a la patria” y, en contraste, desestiman una gravísima acusación de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en contra del gobernador Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios morenistas más, sobre quienes pesan acusaciones que los vinculan con protección al cártel dominante en la entidad y en muchas zonas del país.
¿Qué acusación es más grave?
Sin embargo, a Rocha Moya y al senador Enrique Inzunza, los senadores morenistas y la presidenta Claudia Sheinbaum los protegen. De entrada, han desestimado las acusaciones norteamericanas y la Secretaría de Relaciones Exteriores ya rechazó la petición de extradición por falta de sustento. Además, la cancillería tomó la estrategia ofensiva, haciendo llegar un extrañamiento a la embajada norteamericana por haber filtrado públicamente la información.