Sinaloa amaneció ayer con una nueva gobernadora, Yeraldine Bonilla Valverde, y en medio de la violencia que caracterizó al estado durante toda la administración de Rubén Rocha Moya con un incremento alarmante en indicadores de violencia y criminalidad y los reclamos de la ciudadanía porque dejara el poder ante su ineficacia, demanda que nunca se esuchó.
La gestión del morenista concluyó la noche de este viernes, marcada por una transformación en el mapa de la criminalidad estatal, luego de que fuera requerido por Estados Unidos acusado de diversos delitos relacionados con el narcotráfico.
Su administración, sufrió una dinámica criminal que alteró los índices delictivos hasta el final de su mandato. Los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y la Fiscalía General del estado ubican el punto de inflexión en septiembre de 2024 y hasta agosto de ese año, la incidencia de homicidios dolosos mantuvo promedios diarios de dos casos.
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Se disparan las cifras
La confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, específicamente entre Los Chapitos y La Mayiza por disputas territoriales, provocó que a partir del último cuatrimestre de 2024 se dispararan los registros. El 2025 concentró la cifra más alta del sexenio con un total de mil 936 homicidios dolosos, lo que representó un incremento sustancial frente a los 478 registrados en 2022 y los 535 de 2023.
Foto: Especial /
Marzo de 2026 cerró con 78 homicidios, la cifra mensual menor desde el inicio del conflicto en 2024. A pesar de este descenso, el promedio de hechos violentos permaneció por encima de los niveles registrados desde finales de 2021.
La administración de Rocha Moya finalizó con el estado bajo un proceso de transición institucional ante la solicitud de licencia del gobernador.
La agenda de la nueva titular de Sinaloa, enfrenta el desafío de estabilizar las instituciones de seguridad y gestionar las investigaciones abiertas tanto por autoridades locales como por instancias internacionales sobre los nexos entre funcionarios estatales y estructuras del narcotráfico.
