La enseñanza pública de Castilla y León vivió este miércoles 4 de noviembre una jornada de movilización que ha vuelto a poner sobre la mesa el malestar de una parte del profesorado con sus condiciones laborales y con la política de negociación de la Consejería de Educación. La huelga, convocada por UGT y Comisiones Obreras (CCOO), ha dejado dos balances de participación muy diferentes, reivindicaciones que llevan años pendientes y una división sindical que complica la búsqueda de una salida al conflicto.
Unos 30.000 docentes de la enseñanza pública no universitaria estaban llamados al paro en las nueve provincias. Las reivindicaciones van desde la actualización de los complementos salariales y la reducción de la burocracia hasta la estabilidad de las plantillas, la mejora de las infraestructuras y una mayor atención a la diversidad del alumnado.
Pero la jornada pasada ha dejado también una cuestión de fondo: el desacuerdo entre los propios sindicatos sobre cómo se están desarrollando los compromisos adquiridos con la Junta de Castilla y León. Mientras UGT y CCOO consideran insuficientes las medidas adoptadas y reclaman una nueva negociación, CSIF, ANPE y STECyL-i defienden los acuerdos alcanzados y respaldan su aplicación progresiva.
La disputa no es solamente laboral. Detrás de las reivindicaciones del profesorado hay cuestiones que afectan directamente a la organización de los centros, la atención educativa, las familias y la capacidad del sistema público para responder a las necesidades de una comunidad extensa.
Mientras UGT y CCOO consideran insuficientes las medidas adoptadas y reclaman una nueva negociación, CSIF, ANPE y STECyL-i defienden los acuerdos alcanzados y respaldan su aplicación progresiva.
Dos cifras muy diferentes para medir una misma huelga
El primer elemento que llama la atención es la distancia entre los datos ofrecidos por la Administración autonómica y los de los sindicatos convocantes.
La Consejería de Educación comunicó inicialmente un seguimiento provisional del 5,49% durante la mañana del miércoles. Posteriormente, actualizó el porcentaje al 6,89%, tomando como referencia la información remitida por las direcciones provinciales hasta las 13:00 horas.
UGT y CCOO, por su parte, situaron la participación en torno al 50% de los aproximadamente 30.000 docentes convocados.
La diferencia es considerable, pero las dos estimaciones no pueden compararse como si procedieran de un mismo sistema de medición. La cifra de la Junta se corresponde con un corte horario concreto y un recuento administrativo, mientras que la de los sindicatos responde a sus propias estimaciones. No se ha publicado una metodología común que permita conciliar ambos resultados.
La jornada, según la información trasladada por la Administración y recogida por EFE, se desarrolló sin incidencias y con los servicios mínimos establecidos.
Ilustración de familias accediendo a un centro escolar. / IA
León encabeza el seguimiento oficial y Zamora registra el porcentaje más bajo
La huelga no ha tenido el mismo respaldo en todas las provincias. El desglose facilitado por la Consejería hasta las 13:00 horas dibuja un mapa territorial bastante desigual.
| Provincia | Seguimiento según la Junta |
|---|---|
| León | 10,09% |
| Burgos | 9,58% |
| Ávila | 7,22% |
| Valladolid | 6,62% |
| Palencia | 6,25% |
| Segovia | 6,06% |
| Soria | 5,27% |
| Salamanca | 4,18% |
| Zamora | 2,80% |
| TOTAL AUTONÓMICO | 6,89% |
Son porcentajes provisionales correspondientes al turno de mañana, no resultados definitivos de la jornada.
León presenta el mayor seguimiento comunicado por la Junta, con un 10,09%. Sin embargo, los sindicatos elevaron considerablemente esa estimación y situaron la participación provincial por encima del 34%, con centros en los que, según sus datos, habría parado hasta el 60% de la plantilla.
En Salamanca, UGT y CCOO cifraron posteriormente el seguimiento en el 25%, frente al 4,18% comunicado por la Administración para el turno de mañana. Son dos ejemplos de la distancia entre las estimaciones, que aconsejan no presentar ninguna de ellas como un recuento definitivo.
Valladolid también tuvo un protagonismo destacado en las movilizaciones. Cerca de medio millar de docentes y delegados participaron en la concentración convocada frente a la Dirección Provincial de Educación, antes de la manifestación programada para la tarde.
En Palencia, donde estaban llamados al paro alrededor de 2.100 docentes, UGT y CCOO celebraron una concentración frente a la Dirección Provincial de Educación y convocaron una manifestación por el centro de la ciudad.
Zamora, por el contrario, registró el porcentaje oficial más bajo, con un 2,80%. Alrededor de un centenar de docentes participó en una concentración matinal en el entorno del Parque de la Marina. Los representantes sindicales aprovecharon la movilización para denunciar problemas específicos de estabilidad de las plantillas en centros rurales.
En Soria, el seguimiento oficial fue del 5,27%, con cerca de 1.700 docentes convocados y concentraciones frente a la Administración educativa.
Ávila registró un 7,22%, con entre 2.600 y 2.700 docentes llamados a la huelga. Los representantes sindicales habían puesto el foco en la antigüedad de algunos edificios escolares, la necesidad de mejorar la climatización y las deficiencias de infraestructuras que también afectan a los centros del medio rural.
Burgos, con un 9,58%, ocupó el segundo puesto en el recuento administrativo. La provincia refleja, además, el debate sindical sobre el alcance de la convocatoria y los acuerdos que la Junta ha ido desarrollando.
Segovia, con un 6,06%, y Palencia, con un 6,25%, completan el grupo de provincias con un seguimiento oficial situado en torno al promedio autonómico.
Un conflicto que viene de lejos: el acuerdo de septiembre de 2025
Para entender las razones de la huelga hay que retroceder al 22 de septiembre de 2025, cuando la Consejería de Educación y las cinco organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial —CSIF, ANPE, STECyL-i, UGT y CCOO— firmaron un acuerdo de mejora de las condiciones laborales del profesorado de los centros públicos no universitarios.
El documento, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, contemplaba medidas económicas, organizativas y de funcionamiento de los centros.
Entre los compromisos figuraban incrementos de los complementos vinculados a los sexenios, mejoras para el profesorado itinerante, complementos específicos para equipos directivos de centros rurales agrupados, refuerzo de los equipos de orientación, simplificación burocrática y mejoras en los procedimientos para cubrir sustituciones.
También incluía un compromiso de continuar negociando dos cuestiones especialmente sensibles: el reconocimiento de la función tutorial y la reducción de la jornada lectiva para los docentes mayores de 55 años.
El acuerdo contemplaba, además, la incorporación de 36 docentes a los equipos de orientación educativa, distribuidos en dos cursos escolares, y la mejora de permisos y licencias.
El problema surgió cuando llegó el momento de desarrollar los compromisos que necesitaban una nueva negociación y una dotación económica específica.
UGT y CCOO sostienen que la Consejería demoró las conversaciones y no concretó a tiempo las medidas comprometidas. En mayo de 2026 denunciaron que la Administración no estaba cumpliendo las obligaciones negociadoras del acuerdo y reclamaron que las nuevas mejoras estuvieran efectivamente implantadas desde el comienzo del curso 2026-2027.
La Junta ofrece una interpretación distinta. Considera que ha seguido negociando y que ha alcanzado acuerdos que permiten desarrollar las mejoras previstas.
Y en este punto aparece la fractura sindical que explica buena parte del conflicto actual.
Los cinco sindicatos que firmaron juntos ahora están divididos
La huelga del 4 de noviembre no contó con el respaldo de todas las organizaciones que representan al profesorado de Castilla y León.
En julio de 2026, CSIF, ANPE y STECyL-i alcanzaron un preacuerdo con la Consejería para desarrollar dos compromisos pendientes del pacto de septiembre de 2025.
La huelga del 4 de noviembre no contó con el respaldo de todas las organizaciones que representan al profesorado de Castilla y León.
El acuerdo contempla el reconocimiento económico de la función tutorial mediante un complemento mensual de 20 euros durante el curso 2026-2027, que subirá a 40 euros en 2027-2028 y llegará a 60 euros a partir del curso 2028-2029.
También establece una reducción progresiva de la jornada lectiva para los profesores mayores de 55 años. La implantación comienza con los docentes de más edad y se extiende por fases hasta quedar completamente desarrollada en el curso 2031-2032.
La Junta aprobó estas medidas en octubre, tras el acuerdo con las tres organizaciones sindicales.
CSIF, ANPE y STECyL-i defienden que se trata de avances efectivos y recuerdan que representan, según sus datos, el 73,5% de la Mesa Sectorial. Consideran que la negociación ha permitido conseguir mejoras que llevaban tiempo reclamándose y que deben ahora aplicarse de forma homogénea en las nueve provincias.
UGT y CCOO rechazaron ese acuerdo. Consideran insuficientes las cuantías, los plazos y el alcance de las medidas. UGT había reclamado, por ejemplo, un complemento de tutoría de al menos 80 euros, frente a los 20 euros iniciales aprobados por la Junta.
También cuestionan que la reducción horaria de los mayores de 55 años se implante de forma tan gradual y que otras reivindicaciones importantes sigan sin respuesta.
En definitiva, el conflicto no enfrenta a una Administración con un colectivo sindical. Hay compromisos firmados, medidas aprobadas y mejoras en proceso de implantación, pero también demandas que siguen sin acuerdo y dos posiciones sindicales enfrentadas sobre si los avances son suficientes.
Esta distinción es imprescindible para comprender la huelga sin simplificar una negociación que tiene varios años de recorrido.
Salarios, burocracia y atención a la diversidad: las ocho demandas de UGT y CCOO
Las reivindicaciones de los sindicatos convocantes van bastante más allá de un incremento salarial.
Una de las principales es la actualización del complemento autonómico, que UGT y CCOO denuncian que permanece sin una revisión sustancial desde 2006. Ambas organizaciones consideran que las retribuciones del profesorado de Castilla y León han perdido capacidad competitiva respecto a otras comunidades.
También reclaman que se permita compatibilizar la carrera profesional horizontal con los sexenios, para que la experiencia y la formación permanente no se conviertan en opciones retributivas excluyentes.
Otra cuestión es el reconocimiento de las vacaciones de verano para los docentes interinos que hayan trabajado más de cinco meses y medio durante el curso.
En materia de jornada laboral, piden una reducción de hasta un tercio de las horas lectivas para los mayores de 55 años, sin pérdida de salario. La demanda no se limita a una mejora de las condiciones personales: los sindicatos argumentan que la experiencia acumulada debería acompañarse de condiciones que permitan prolongar la actividad profesional en mejores circunstancias.
La función tutorial es otra reivindicación importante. Los docentes consideran que atender a los alumnos, mantener contacto con las familias, resolver problemas de convivencia y realizar un seguimiento individualizado exige tiempo y reconocimiento profesional.
En paralelo, denuncian una carga burocrática creciente. Informes, registros, plataformas y procedimientos administrativos ocupan una parte del tiempo que, según los representantes sindicales, debería dedicarse a la preparación de las clases y a la atención del alumnado.
La estabilidad de las plantillas constituye otra demanda esencial. Los sindicatos reclaman cubrir con mayor rapidez las vacantes y sustituciones, reducir la temporalidad y reforzar los equipos encargados de atender a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
Finalmente, piden una inversión sostenida en infraestructuras, equipamientos, climatización y personal administrativo y de servicios.
Son reivindicaciones que conectan con una cuestión de interés general: la calidad de la enseñanza pública depende también de las condiciones en las que trabajan quienes la sostienen.
El problema va más allá de las nóminas: qué está en juego para los alumnos y sus familias
Ilustracion de la actividad lectiva. / IA
Aunque la huelga tiene una naturaleza laboral, muchas de las demandas afectan directamente al funcionamiento de los centros y a la experiencia educativa de los alumnos.
La reducción de ratios puede facilitar una atención más personalizada. La cobertura rápida de sustituciones evita que las ausencias prolongadas se conviertan en problemas para la continuidad de las clases. Los refuerzos de orientación, pedagogía terapéutica y audición y lenguaje resultan especialmente importantes para quienes necesitan apoyos adicionales.
La burocracia también tiene una dimensión educativa. Cuando los profesores dedican una parte excesiva de su jornada a tareas administrativas, disponen de menos tiempo para preparar materiales, coordinarse con otros profesionales y atender individualmente a los estudiantes.
La situación del medio rural merece una atención específica en Castilla y León. La dispersión territorial obliga a organizar plantillas, desplazamientos y servicios educativos de una manera diferente a la de las grandes ciudades.
Zamora es un ejemplo de las dificultades denunciadas por los sindicatos. Sus representantes han señalado problemas de temporalidad en determinados centros de la Alta Sanabria, Lubián, Benavente, Camarzana de Tera y Puebla de Sanabria. Según las estimaciones sindicales, algunos centros tienen menos de la mitad de sus docentes con plaza fija.
Son afirmaciones de los representantes sindicales que merecen una comprobación centro por centro, pero que apuntan a una dificultad real de la organización educativa en territorios dispersos: conseguir plantillas estables y suficientes en localidades alejadas de los principales núcleos urbanos.
En Ávila, los representantes del profesorado han señalado también el estado de algunos edificios educativos, las dificultades de climatización y la necesidad de modernizar instalaciones en el ámbito rural.
Para las familias, el resultado de estas cuestiones es más tangible que cualquier discusión sobre porcentajes de seguimiento de una huelga: importa que sus hijos tengan profesores, que las sustituciones se cubran, que puedan recibir apoyo especializado y que los centros estén en condiciones adecuadas.
La cuestión educativa, por tanto, no debería quedar reducida al enfrentamiento entre sindicatos y Consejería. El debate de fondo es cómo mejorar un sistema público que atiende a una población dispersa y que necesita combinar calidad, equidad y condiciones profesionales adecuadas.
El 11 de noviembre: una nueva movilización, pero de ámbito estatal
El calendario añade un nuevo elemento de presión. El próximo miércoles 11 de noviembre está convocada una huelga general de 24 horas en toda España, impulsada por UGT y CCOO y respaldada también por otras organizaciones sindicales y sociales.
La convocatoria tiene carácter estatal y aborda reivindicaciones amplias: salarios, vivienda, precios y defensa de los servicios públicos.
Las organizaciones convocantes reclaman mejoras salariales, medidas para facilitar el acceso a una vivienda digna, avances en la negociación colectiva y mayor protección social.
En el sector educativo, la Federación de Enseñanza de CCOO ha llamado expresamente a participar en la jornada a los trabajadores de la educación y de los sectores socioeducativos.
Pero el conflicto específico con la Consejería de Educación tiene sus propios protagonistas, compromisos y demandas, y no desaparecerá por el hecho de que se celebre una huelga general.
La educación no puede quedar atrapada en el pulso sindical
La existencia de dos bloques sindicales, con interpretaciones diferentes sobre los acuerdos alcanzados con la Junta, debería invitar a todas las partes a rebajar la confrontación y recuperar una negociación basada en compromisos concretos.
La Administración autonómica tiene que cumplir lo firmado, explicar con transparencia qué medidas están ya aplicándose y cuáles necesitan todavía financiación o desarrollo normativo. No basta con anunciar mejoras para los tutores o reducciones progresivas de jornada: hay que demostrar que llegan a los centros y que se respetan los calendarios. Pero tampoco parece razonable convertir cada discrepancia sobre las cuantías o los plazos en una nueva convocatoria de huelga sin agotar las posibilidades de acuerdo.
Por otro lado, la educación pública de Castilla y León necesita algo más que una discusión sobre si la huelga tuvo un 6,89% o un 50% de seguimiento. Necesita que los acuerdos se cumplan, que las condiciones de los docentes mejoren y que esas mejoras lleguen a las aulas, a los alumnos y a las familias de las nueve provincias. @opinionadas en @mundiario
