La tragedia ferroviaria de Urda, que dejó 69 víctimas mortales en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, ha abierto un nuevo frente para el Gobierno: evitar que la indignación y las reivindicaciones de los trabajadores desemboquen en una sucesión de huelgas que comprometa todavía más el servicio ferroviario. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha iniciado una ronda de conversaciones con los sindicatos para conocer sus demandas y tratar de desbloquear un conflicto que amenaza con extenderse durante noviembre.
Este jueves, Cuerpo tiene previsto reunirse con las organizaciones que representan a los trabajadores de Adif y con el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf). Los encuentros llegan después de su primera toma de contacto con el ya expresidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, quien presentó su dimisión tras explicar la situación de la compañía y los acontecimientos relacionados con el accidente.
La prioridad inmediata del Ejecutivo es impedir que las movilizaciones agraven la crisis de confianza que atraviesa el sistema ferroviario. Sin embargo, el margen de negociación es limitado: los sindicatos no solo reclaman explicaciones por lo ocurrido en Urda, sino que también mantienen reivindicaciones laborales y de seguridad que llevan meses pendientes de resolución.
El calendario de protestas ya está sobre la mesa. Semaf ha convocado una huelga para los días 10 y 12 de noviembre, mientras que CC OO, UGT, SGT, Sindicato Ferroviario (SF) y Sindicato de Circulación Ferroviario (CFT) han anunciado otro paro para el día 17. Si no se alcanza un acuerdo, el transporte ferroviario podría afrontar varias jornadas de alteraciones en un momento especialmente delicado.
La seguridad ferroviaria, en el centro de las reivindicaciones
El conflicto no surge exclusivamente por las consecuencias del accidente de Toledo. Antes de la tragedia, Adif ya negociaba con los representantes de los trabajadores un nuevo convenio colectivo y mantenía compromisos para reforzar el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias.
Estos acuerdos se alcanzaron en febrero, después de las movilizaciones provocadas por los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Su objetivo era mejorar las condiciones de seguridad mediante más recursos humanos y materiales, especialmente en las líneas convencionales y de alta velocidad.
No obstante, los maquinistas consideran que la ejecución de los compromisos está avanzando demasiado despacio. Desde el Ministerio de Transportes se sostiene que ya se han producido incorporaciones de personal tanto en Renfe como en Adif, aunque estas actuaciones no han conseguido disipar el malestar de los trabajadores.
Uno de los obstáculos para acelerar las inversiones ha sido la aprobación del nuevo marco de financiación de Adif para el periodo 2026-2030. El documento, que contempla alrededor de 20.000 millones de euros procedentes de la Administración General del Estado, recibió finalmente el visto bueno del consejo de administración de la compañía este miércoles.
La disponibilidad de estos recursos será determinante para convertir los compromisos políticos en actuaciones concretas. Para los sindicatos, la cuestión no consiste únicamente en anunciar inversiones, sino en garantizar que haya profesionales suficientes, medios técnicos adecuados y mantenimiento continuado para prevenir nuevos problemas en la red.
CSIF alerta de la falta de personal en Adif
Las reivindicaciones también han llegado a Carlos Cuerpo a través de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha presentado un plan de urgencia para mejorar las condiciones laborales y reforzar la seguridad del sector.
La organización considera insuficiente la oferta de empleo prevista en Adif. La próxima semana comenzará el proceso de selección para cubrir 1.531 plazas, al que concurren 23.600 candidatos. Aunque la convocatoria permitirá incorporar nuevos trabajadores, CSIF advierte de que no basta para resolver las necesidades estructurales de la compañía.
Entre sus propuestas figuran ampliar las plantillas, mejorar la formación específica, revisar las condiciones de salud y descanso de los profesionales y reconocer económicamente las funciones que desempeñan. También plantea reducir la dependencia de empresas externas mediante el fortalecimiento de los recursos propios de Adif para el mantenimiento de las infraestructuras.
Estas demandas reflejan una preocupación que va más allá de las condiciones laborales: los trabajadores reclaman que la seguridad ferroviaria deje de depender de compromisos pendientes y se convierta en una prioridad efectiva de gestión.
Adif prepara un cambio de dirección en plena crisis
A la negociación sindical se suma otra decisión urgente para el Ministerio: designar al nuevo presidente de Adif. El nombramiento se espera entre este jueves y el viernes, aunque fuentes próximas a Transportes aseguran que todavía no existe una decisión definitiva.
Uno de los nombres que suena para asumir el cargo es el de Ángel García de la Bandera, actual director general de Operaciones y Explotación de la compañía. Quien resulte elegido tendrá que gestionar una etapa especialmente compleja, marcada por las exigencias de seguridad, la presión sindical y la necesidad de recuperar la confianza de los usuarios.
Entre las medidas previstas para reforzar la protección en la línea Madrid-Sevilla figura la reducción temporal de las frecuencias ferroviarias. La intención es aumentar la distancia de seguridad entre los convoyes mientras se completa la transición del sistema LZB al ERTMS, cuya entrada en funcionamiento está prevista para comienzos de 2027.
La decisión supone asumir un coste operativo para intentar reducir los riesgos durante el periodo de transición tecnológica. También evidencia que la recuperación de la normalidad en esta infraestructura dependerá de actuaciones que todavía necesitan tiempo para materializarse.
La UCO solicita documentación en Adif por el caso Koldo
En paralelo a la crisis ferroviaria, Adif ha recibido este jueves la visita de efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los agentes han solicitado documentación relacionada con una nueva pieza separada del caso Koldo, abierta por el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional.
La investigación se centra en presuntas irregularidades y mordidas vinculadas a contratos de obra pública durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. Esta nueva línea judicial permanece bajo secreto.
Según señalan fuentes internas de la compañía a El País, los trabajadores han atendido el requerimiento de información y no se ha realizado ningún registro en las dependencias de Adif.
La coincidencia de ambos episodios añade presión sobre una empresa pública que debe afrontar simultáneamente una investigación judicial y las consecuencias de una de las mayores crisis ferroviarias recientes.
Para Carlos Cuerpo, el desafío inmediato será evitar que las huelgas previstas profundicen el deterioro del servicio. Pero la desconvocatoria de los paros dependerá de algo más que una ronda de reuniones: los sindicatos esperan compromisos verificables sobre mantenimiento, personal y seguridad. La tragedia de Urda ha elevado el nivel de exigencia y ha colocado sobre la mesa una pregunta que el Gobierno ya no puede aplazar: qué cambios necesita el ferrocarril para recuperar la confianza de sus propios trabajadores y de los pasajeros. @mundiario
