Gobierno de Sheinbaum afirma que red empresarial de los hermanos Hernández Casillas operaba desde hace 27 años en el INE
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La funcionaria expuso que las investigaciones sobre el origen de estas compañías permitieron identificar antecedentes de hasta 27 años, todos relacionados con los hermanos Hernández Casillas
La red de compañías vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas habría mantenido operaciones durante casi tres décadas en el ámbito de las contrataciones electorales, mediante empresas que presuntamente simulaban competencia para obtener contratos públicos, denunció la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria expuso que las investigaciones sobre el origen de estas compañías permitieron identificar antecedentes de hasta 27 años, todos relacionados con los hermanos Hernández Casillas.
De acuerdo con la reconstrucción presentada por Buenrostro, ambos comenzaron su trayectoria en el servicio público en 1983, dentro del Registro Nacional de Población (RENAPO), dependiente de la Secretaría de Gobernación, bajo la dirección de Juan Carlos Padilla Aguilar.
Posteriormente, entre 1983 y 1989, José Alfredo Hernández Casillas se desempeñó como secretario particular de Padilla Aguilar, mientras que Raymundo se incorporó al área de investigaciones del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
La secretaria sostuvo que ambos desarrollaron su carrera en la administración pública bajo la influencia de Padilla Aguilar. Cuando este último se trasladó al Estado de México para ocupar la Secretaría de Obras, los hermanos abandonaron sus cargos y comenzaron a constituir empresas.
Su incursión como proveedores de organismos electorales quedó registrada en 1999, cuando participaron en contrataciones públicas en el Estado de México mediante la compañía Cartonera Plástica.
ANTECEDENTES DE IRREGULARIDADES DESDE 2005
Buenrostro también recordó un escándalo ocurrido en 2005 en el Estado de México, relacionado con un contrato otorgado a empresas de los hermanos Hernández Casillas. Según relató, el caso tuvo tal repercusión que siete consejeros electorales terminaron presentando su renuncia.
La funcionaria señaló que las presuntas irregularidades continuaron durante los años siguientes. En particular, identificó deficiencias en los procedimientos de contratación del INE entre 2014 y 2023, periodo en el que, aseguró, se adjudicaron contratos correspondientes a 23 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) por un monto superior a los 2 mil millones de pesos a compañías relacionadas con los empresarios.
Entre las sociedades que habrían resultado beneficiadas mencionó a Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández.
De acuerdo con la titular de Anticorrupción, estas compañías presentan características que apuntan a una posible simulación empresarial: ausencia de trabajadores registrados y de capacidad técnica, domicilios y números telefónicos compartidos, así como vínculos entre proveedores y servidores públicos.
A estas prácticas se sumarían mecanismos de simulación de competencia y la denominada «puerta giratoria» entre el sector público y privado, sostuvo.
Sheinbaum señala que la red antecede a la gestión de Taddei
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que los señalamientos sobre las contrataciones electorales se hayan concentrado en la actual titular del INE, Guadalupe Taddei, y en su presunta cercanía con Morena, cuando, afirmó, los antecedentes de la red empresarial se remontan a administraciones anteriores.
La mandataria calificó el caso como un «cochinero» y una «mafia electoral» y sostuvo que las presuntas irregularidades no comenzaron con la llegada de Taddei al organismo, sino que tienen una trayectoria de varias décadas.
Sheinbaum puso especial énfasis en el periodo comprendido entre 2014 y 2023, cuando, según la información expuesta por Buenrostro, se habría fortalecido la participación de estas empresas en las contrataciones de organismos electorales.
Asimismo, cuestionó la relación política de quienes, de acuerdo con su exposición, habrían impulsado el surgimiento de los empresarios y sus compañías.
La presidenta insistió en que las responsabilidades por posibles actos ilegales deben determinarse mediante las instancias fiscalizadoras correspondientes, entre ellas la Auditoría Superior de la Federación, y no atribuirse automáticamente a la actual presidencia del INE.
Señalamientos al INE deben sustentarse con evidencias sin especulaciones
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