El Gobierno de México presentó este jueves 5 de noviembre una investigación sobre una red empresarial que habría concentrado contratos millonarios con organismos electorales de distintas entidades del país durante casi tres décadas.

La exposición, encabezada por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, reveló que las compañías relacionadas con esta estructura obtuvieron adjudicaciones por aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos entre 2015 y 2025.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el objetivo es reconstruir el origen de esta red, identificar sus relaciones empresariales y laborales, así como esclarecer los mecanismos mediante los cuales consiguió mantener su presencia como proveedora de materiales y servicios para las autoridades electorales.

La mandataria insistió en que las presuntas irregularidades no comenzaron durante la actual administración del Instituto Nacional Electoral (INE), encabezada por Guadalupe Taddei, sino que tienen antecedentes desde finales de los años noventa. «Esta red no nació hace dos años, nació por lo menos hace 27 años», sostuvo.

Más de 2 mil 740 millones de pesos en contratos electorales

Uno de los principales hallazgos expuestos por Buenrostro fue el volumen de recursos públicos que habrían recibido las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas.

De acuerdo con las cifras difundidas durante la presentación, entre 2015 y 2023, un total de 23 de los 32 organismos públicos locales electorales (OPLE) adjudicaron contratos por aproximadamente 2 mil 94 millones de pesos a compañías vinculadas con esta estructura empresarial.

A esa cantidad se suman otros 646.3 millones de pesos correspondientes a contrataciones realizadas durante 2024 y 2025 con 15 organismos electorales estatales.

En conjunto, los contratos identificados ascienden a 2 mil 740.3 millones de pesos en el periodo analizado.

La funcionaria explicó que la investigación se construyó mediante la revisión de información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, registros históricos de CompraNet y documentación empresarial. Por tratarse de un análisis basado en fuentes abiertas, advirtió que los montos podrían modificarse conforme avancen las auditorías y se incorporen nuevos elementos.

Identifican a los empresarios y las compañías relacionadas

Durante la exposición se señaló a José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas como figuras centrales de la estructura empresarial investigada.

Entre las compañías mencionadas aparecen Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández.

La investigación identificó coincidencias en las estructuras corporativas, representantes legales, socios, domicilios y relaciones familiares entre distintas compañías.

Según los hallazgos presentados, aunque las empresas aparecían como participantes independientes en determinados procedimientos de contratación, existirían conexiones que apuntan a intereses empresariales compartidos.

El análisis también expuso posibles vínculos entre personas que anteriormente trabajaron en dependencias públicas y que posteriormente participaron en la constitución o representación de empresas proveedoras de materiales electorales.

Presunta simulación de competencia en las licitaciones

Otro de los aspectos relevantes de la investigación tiene que ver con la manera en que las compañías habrían participado en los concursos para obtener contratos públicos.

Buenrostro expuso indicios de que algunas empresas relacionadas entre sí intervenían en una misma licitación y presuntamente coordinaban sus propuestas económicas para determinar cuál presentaría la oferta ganadora.

Este mecanismo habría permitido aparentar la existencia de competencia entre distintos proveedores, aunque detrás de las propuestas podrían encontrarse intereses empresariales vinculados.

La investigación también identificó compañías que presuntamente compartían domicilios, números telefónicos, socios y representantes legales. Asimismo, se señalaron casos de empresas sin empleados declarados o sin capacidad técnica claramente identificada para desarrollar los servicios contratados.

Otro elemento bajo revisión es la dispersión de recursos entre diferentes compañías y personas físicas, mediante operaciones sucesivas que podrían dificultar la identificación de los beneficiarios finales del dinero.

Estos elementos constituyen indicios expuestos por la Secretaría Anticorrupción y deberán ser corroborados por las autoridades investigadoras para determinar si existieron acuerdos ilegales, simulación de competencia o posibles delitos.

Los antecedentes se remontan a 1999 y al escándalo electoral de 2005

La investigación no se limita a los contratos recientes. Durante la conferencia también se reconstruyeron los antecedentes de los empresarios y sus primeras relaciones con instituciones públicas.

De acuerdo con la información presentada, los registros más antiguos de contrataciones identificados se remontan a 1999, cuando empresas relacionadas con esta estructura comenzaron a obtener contratos del entonces Instituto Electoral del Estado de México.

También se expusieron antecedentes laborales de los empresarios en dependencias vinculadas con la Secretaría de Gobernación y posteriormente con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), así como relaciones con personas que participaron en distintas etapas de la estructura empresarial.

Buenrostro recordó particularmente el escándalo electoral de 2005 en el Estado de México, relacionado con contratos de este grupo empresarial, que derivó en la renuncia de siete consejeros electorales de aquella entidad.

Para el Gobierno federal, estos antecedentes permiten observar que las relaciones comerciales investigadas no surgieron recientemente, sino que habrían evolucionado a través de diferentes administraciones y organismos electorales.

UIF inmoviliza cuentas bancarias; investigan movimientos financieros

Durante la misma conferencia, Sheinbaum confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inmovilizó cuentas bancarias relacionadas con las investigaciones, después de recibir elementos derivados de denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El titular de la UIF explicó que la medida se determinó un día antes de la conferencia y que el número de cuentas y los montos involucrados todavía no estaban plenamente identificados, debido a que las instituciones bancarias deben proporcionar la información correspondiente.

También precisó que los nombres de las personas incluidas en los mecanismos de bloqueo son información reservada, por lo que no podían hacerse públicos los detalles de los expedientes.

Entre los movimientos financieros que despertaron alertas se encuentran transferencias de recursos que permanecen poco tiempo en determinadas cuentas antes de ser enviados a otras personas o empresas, así como operaciones hacia individuos cuya actividad económica aparentemente no justificaría los movimientos registrados.

En este contexto, las autoridades investigan si parte del dinero obtenido mediante contratos públicos fue transferido sucesivamente entre distintas cuentas con el propósito de dificultar el seguimiento de los recursos.

La Presidenta aclaró que, hasta lo informado durante la conferencia, no se había encontrado una vinculación de esta red con algún grupo delictivo. Sin embargo, señaló que se revisan posibles operaciones de lavado de dinero relacionadas con los recursos provenientes de las contrataciones electorales.

La UIF también explicó que su función consiste en aportar análisis e información financiera al Ministerio Público para contribuir a las investigaciones sobre posibles delitos.

Sheinbaum cuestiona los antecedentes de Taddei y Córdova

La mandataria rechazó que la investigación se concentre exclusivamente en la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE.

Recordó que Taddei fue designada en 2014 como presidenta del organismo electoral de Sonora por el Consejo General del entonces Instituto Nacional Electoral, encabezado por Lorenzo Córdova.

Sheinbaum señaló que los integrantes de distintos organismos electorales han mantenido relaciones institucionales y profesionales durante años, pasando de una responsabilidad a otra dentro de las estructuras electorales.

En ese sentido, cuestionó cómo determinadas empresas lograron conservar contratos durante diferentes administraciones y por qué los mecanismos de adquisición no permitieron ampliar la participación de otros proveedores.

Las referencias a Taddei y Córdova forman parte del cuestionamiento político e institucional planteado por la Presidenta; no constituyen por sí mismas una acreditación de responsabilidad individual en las presuntas irregularidades.

La secretaria Anticorrupción también informó que se revisa si las compañías señaladas tuvieron contratos con dependencias de la administración pública federal. Hasta lo expuesto en la conferencia, no se habían localizado contrataciones federales relacionadas con estas empresas.

Asimismo, aclaró que cualquier eventual inhabilitación de proveedores deberá realizarse mediante los procedimientos legales correspondientes.

La investigación también alcanza los antecedentes de Luis Carlos Ugalde

Los señalamientos presentados este jueves tienen como antecedente la conferencia del miércoles 4 de noviembre, cuando Sheinbaum pidió ampliar la revisión de los contratos de materiales electorales durante las gestiones de los expresidentes del IFE y del INE.

En aquella intervención, la mandataria mencionó a Luis Carlos Ugalde, quien presidió el entonces Instituto Federal Electoral durante la elección presidencial de 2006, y a Lorenzo Córdova, quien encabezó el INE entre 2014 y 2023.

La Presidenta hizo referencia al libro Así lo viví, escrito por Ugalde, y a los pasajes en los que el exconsejero relata las circunstancias de su llegada a la presidencia del IFE, incluyendo el respaldo político que recibió para ocupar el cargo.

También recordó los cuestionamientos relacionados con las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, como parte de los antecedentes políticos que, a su juicio, deben considerarse al revisar la evolución de las instituciones electorales.

En cuanto a Córdova, cuestionó que durante su gestión no se modificara el esquema de contratación de materiales electorales, pese a la permanencia de un reducido grupo de proveedores.

Sheinbaum sostuvo que la investigación debe abarcar las decisiones institucionales que permitieron que determinadas empresas mantuvieran una presencia prolongada en el mercado electoral.

Gobierno plantea fortalecer Talleres Gráficos de México rumbo a 2027

Además de esclarecer las posibles irregularidades, la Presidenta adelantó que su administración prepara medidas para modificar los mecanismos de adquisición y producción de materiales electorales.

Entre las propuestas mencionó fortalecer Talleres Gráficos de México mediante la modernización de sus equipos y una mayor participación en la elaboración de materiales utilizados durante los procesos electorales.

También planteó revisar los procedimientos de contratación del INE y de los organismos electorales estatales, establecer precios de referencia y ampliar la participación de fabricantes que cuenten con capacidad para producir urnas, mamparas y otros insumos.

En el caso de las boletas electorales, Sheinbaum señaló la importancia de garantizar transparencia en todas las etapas, desde su fabricación hasta su entrega y resguardo, mediante mecanismos que permitan vigilar la cadena de custodia.

La mandataria adelantó que la próxima semana presentará una propuesta para fortalecer Talleres Gráficos de México, modernizar su infraestructura y ampliar los mecanismos de vigilancia institucional y ciudadana.

El planteamiento cobra relevancia ante la organización de las elecciones de 2027, cuando las autoridades electorales deberán garantizar el suministro de materiales y la correcta operación de los procesos comiciales.

Auditorías deberán determinar posibles responsabilidades

La investigación presentada por la Secretaría Anticorrupción abre una nueva etapa de revisión sobre las contrataciones realizadas durante casi tres décadas por organismos electorales.

El Gobierno federal busca establecer cómo se construyeron las relaciones entre los proveedores, qué funcionarios participaron en los procedimientos de contratación, cuáles fueron los mecanismos utilizados para adjudicar los recursos y si existieron beneficios indebidos.

La Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera y las autoridades ministeriales tendrán que determinar si los indicios expuestos se traducen en responsabilidades administrativas o penales.

Por ahora, los 2 mil 740.3 millones de pesos corresponden al monto de contratos identificados en el periodo señalado, no a una cantidad que haya sido acreditada como daño patrimonial o desvío de recursos.

El desarrollo de las investigaciones permitirá establecer si existió una estructura coordinada para controlar las contrataciones electorales, quiénes participaron en ella y cuál fue el destino de los recursos públicos involucrados.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el objetivo es reconstruir el origen de esta red, identificar sus relaciones empresariales y laborales, así como esclarecer los mecanismos mediante los cuales consiguió mantener su presencia como proveedora de materiales y servicios para las autoridades electorales.

La mandataria insistió en que las presuntas irregularidades no comenzaron durante la actual administración del Instituto Nacional Electoral (INE), encabezada por Guadalupe Taddei, sino que tienen antecedentes desde finales de los años noventa. «Esta red no nació hace dos años, nació por lo menos hace 27 años», sostuvo.

Más de 2 mil 740 millones de pesos en contratos electorales

Uno de los principales hallazgos expuestos por Buenrostro fue el volumen de recursos públicos que habrían recibido las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas.

De acuerdo con las cifras difundidas durante la presentación, entre 2015 y 2023, un total de 23 de los 32 organismos públicos locales electorales (OPLE) adjudicaron contratos por aproximadamente 2 mil 94 millones de pesos a compañías vinculadas con esta estructura empresarial.

A esa cantidad se suman otros 646.3 millones de pesos correspondientes a contrataciones realizadas durante 2024 y 2025 con 15 organismos electorales estatales.

En conjunto, los contratos identificados ascienden a 2 mil 740.3 millones de pesos en el periodo analizado.

La funcionaria explicó que la investigación se construyó mediante la revisión de información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, registros históricos de CompraNet y documentación empresarial. Por tratarse de un análisis basado en fuentes abiertas, advirtió que los montos podrían modificarse conforme avancen las auditorías y se incorporen nuevos elementos.

Identifican a los empresarios y las compañías relacionadas

Durante la exposición se señaló a José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas como figuras centrales de la estructura empresarial investigada.

Entre las compañías mencionadas aparecen Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández.

La investigación identificó coincidencias en las estructuras corporativas, representantes legales, socios, domicilios y relaciones familiares entre distintas compañías.

Según los hallazgos presentados, aunque las empresas aparecían como participantes independientes en determinados procedimientos de contratación, existirían conexiones que apuntan a intereses empresariales compartidos.

El análisis también expuso posibles vínculos entre personas que anteriormente trabajaron en dependencias públicas y que posteriormente participaron en la constitución o representación de empresas proveedoras de materiales electorales.

Presunta simulación de competencia en las licitaciones

Otro de los aspectos relevantes de la investigación tiene que ver con la manera en que las compañías habrían participado en los concursos para obtener contratos públicos.

Buenrostro expuso indicios de que algunas empresas relacionadas entre sí intervenían en una misma licitación y presuntamente coordinaban sus propuestas económicas para determinar cuál presentaría la oferta ganadora.

Este mecanismo habría permitido aparentar la existencia de competencia entre distintos proveedores, aunque detrás de las propuestas podrían encontrarse intereses empresariales vinculados.

La investigación también identificó compañías que presuntamente compartían domicilios, números telefónicos, socios y representantes legales. Asimismo, se señalaron casos de empresas sin empleados declarados o sin capacidad técnica claramente identificada para desarrollar los servicios contratados.

Otro elemento bajo revisión es la dispersión de recursos entre diferentes compañías y personas físicas, mediante operaciones sucesivas que podrían dificultar la identificación de los beneficiarios finales del dinero.

Estos elementos constituyen indicios expuestos por la Secretaría Anticorrupción y deberán ser corroborados por las autoridades investigadoras para determinar si existieron acuerdos ilegales, simulación de competencia o posibles delitos.

Los antecedentes se remontan a 1999 y al escándalo electoral de 2005

La investigación no se limita a los contratos recientes. Durante la conferencia también se reconstruyeron los antecedentes de los empresarios y sus primeras relaciones con instituciones públicas.

De acuerdo con la información presentada, los registros más antiguos de contrataciones identificados se remontan a 1999, cuando empresas relacionadas con esta estructura comenzaron a obtener contratos del entonces Instituto Electoral del Estado de México.

También se expusieron antecedentes laborales de los empresarios en dependencias vinculadas con la Secretaría de Gobernación y posteriormente con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), así como relaciones con personas que participaron en distintas etapas de la estructura empresarial.

Buenrostro recordó particularmente el escándalo electoral de 2005 en el Estado de México, relacionado con contratos de este grupo empresarial, que derivó en la renuncia de siete consejeros electorales de aquella entidad.

Para el Gobierno federal, estos antecedentes permiten observar que las relaciones comerciales investigadas no surgieron recientemente, sino que habrían evolucionado a través de diferentes administraciones y organismos electorales.

UIF inmoviliza cuentas bancarias; investigan movimientos financieros

Durante la misma conferencia, Sheinbaum confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inmovilizó cuentas bancarias relacionadas con las investigaciones, después de recibir elementos derivados de denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El titular de la UIF explicó que la medida se determinó un día antes de la conferencia y que el número de cuentas y los montos involucrados todavía no estaban plenamente identificados, debido a que las instituciones bancarias deben proporcionar la información correspondiente.

También precisó que los nombres de las personas incluidas en los mecanismos de bloqueo son información reservada, por lo que no podían hacerse públicos los detalles de los expedientes.

Entre los movimientos financieros que despertaron alertas se encuentran transferencias de recursos que permanecen poco tiempo en determinadas cuentas antes de ser enviados a otras personas o empresas, así como operaciones hacia individuos cuya actividad económica aparentemente no justificaría los movimientos registrados.

En este contexto, las autoridades investigan si parte del dinero obtenido mediante contratos públicos fue transferido sucesivamente entre distintas cuentas con el propósito de dificultar el seguimiento de los recursos.

La Presidenta aclaró que, hasta lo informado durante la conferencia, no se había encontrado una vinculación de esta red con algún grupo delictivo. Sin embargo, señaló que se revisan posibles operaciones de lavado de dinero relacionadas con los recursos provenientes de las contrataciones electorales.

La UIF también explicó que su función consiste en aportar análisis e información financiera al Ministerio Público para contribuir a las investigaciones sobre posibles delitos.

Sheinbaum cuestiona los antecedentes de Taddei y Córdova

La mandataria rechazó que la investigación se concentre exclusivamente en la gestión de Guadalupe Taddei al frente del INE.

Recordó que Taddei fue designada en 2014 como presidenta del organismo electoral de Sonora por el Consejo General del entonces Instituto Nacional Electoral, encabezado por Lorenzo Córdova.

Sheinbaum señaló que los integrantes de distintos organismos electorales han mantenido relaciones institucionales y profesionales durante años, pasando de una responsabilidad a otra dentro de las estructuras electorales.

En ese sentido, cuestionó cómo determinadas empresas lograron conservar contratos durante diferentes administraciones y por qué los mecanismos de adquisición no permitieron ampliar la participación de otros proveedores.

Las referencias a Taddei y Córdova forman parte del cuestionamiento político e institucional planteado por la Presidenta; no constituyen por sí mismas una acreditación de responsabilidad individual en las presuntas irregularidades.

La secretaria Anticorrupción también informó que se revisa si las compañías señaladas tuvieron contratos con dependencias de la administración pública federal. Hasta lo expuesto en la conferencia, no se habían localizado contrataciones federales relacionadas con estas empresas.

Asimismo, aclaró que cualquier eventual inhabilitación de proveedores deberá realizarse mediante los procedimientos legales correspondientes.

La investigación también alcanza los antecedentes de Luis Carlos Ugalde

Los señalamientos presentados este jueves tienen como antecedente la conferencia del miércoles 4 de noviembre, cuando Sheinbaum pidió ampliar la revisión de los contratos de materiales electorales durante las gestiones de los expresidentes del IFE y del INE.

En aquella intervención, la mandataria mencionó a Luis Carlos Ugalde, quien presidió el entonces Instituto Federal Electoral durante la elección presidencial de 2006, y a Lorenzo Córdova, quien encabezó el INE entre 2014 y 2023.

La Presidenta hizo referencia al libro Así lo viví, escrito por Ugalde, y a los pasajes en los que el exconsejero relata las circunstancias de su llegada a la presidencia del IFE, incluyendo el respaldo político que recibió para ocupar el cargo.

También recordó los cuestionamientos relacionados con las elecciones presidenciales de 2006 y 2012, como parte de los antecedentes políticos que, a su juicio, deben considerarse al revisar la evolución de las instituciones electorales.

En cuanto a Córdova, cuestionó que durante su gestión no se modificara el esquema de contratación de materiales electorales, pese a la permanencia de un reducido grupo de proveedores.

Sheinbaum sostuvo que la investigación debe abarcar las decisiones institucionales que permitieron que determinadas empresas mantuvieran una presencia prolongada en el mercado electoral.

Gobierno plantea fortalecer Talleres Gráficos de México rumbo a 2027

Además de esclarecer las posibles irregularidades, la Presidenta adelantó que su administración prepara medidas para modificar los mecanismos de adquisición y producción de materiales electorales.

Entre las propuestas mencionó fortalecer Talleres Gráficos de México mediante la modernización de sus equipos y una mayor participación en la elaboración de materiales utilizados durante los procesos electorales.

También planteó revisar los procedimientos de contratación del INE y de los organismos electorales estatales, establecer precios de referencia y ampliar la participación de fabricantes que cuenten con capacidad para producir urnas, mamparas y otros insumos.

En el caso de las boletas electorales, Sheinbaum señaló la importancia de garantizar transparencia en todas las etapas, desde su fabricación hasta su entrega y resguardo, mediante mecanismos que permitan vigilar la cadena de custodia.

La mandataria adelantó que la próxima semana presentará una propuesta para fortalecer Talleres Gráficos de México, modernizar su infraestructura y ampliar los mecanismos de vigilancia institucional y ciudadana.

El planteamiento cobra relevancia ante la organización de las elecciones de 2027, cuando las autoridades electorales deberán garantizar el suministro de materiales y la correcta operación de los procesos comiciales.

Auditorías deberán determinar posibles responsabilidades

La investigación presentada por la Secretaría Anticorrupción abre una nueva etapa de revisión sobre las contrataciones realizadas durante casi tres décadas por organismos electorales.

El Gobierno federal busca establecer cómo se construyeron las relaciones entre los proveedores, qué funcionarios participaron en los procedimientos de contratación, cuáles fueron los mecanismos utilizados para adjudicar los recursos y si existieron beneficios indebidos.

La Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera y las autoridades ministeriales tendrán que determinar si los indicios expuestos se traducen en responsabilidades administrativas o penales.

Por ahora, los 2 mil 740.3 millones de pesos corresponden al monto de contratos identificados en el periodo señalado, no a una cantidad que haya sido acreditada como daño patrimonial o desvío de recursos.

El desarrollo de las investigaciones permitirá establecer si existió una estructura coordinada para controlar las contrataciones electorales, quiénes participaron en ella y cuál fue el destino de los recursos públicos involucrados.

AUDITORÍAS DEBERÁN DETERMINAR POSIBLES RESPONSABILIDADES

La investigación presentada por la Secretaría Anticorrupción abre una nueva etapa de revisión sobre las contrataciones realizadas durante casi tres décadas por organismos electorales.

El Gobierno federal busca establecer cómo se construyeron las relaciones entre los proveedores, qué funcionarios participaron en los procedimientos de contratación, cuáles fueron los mecanismos utilizados para adjudicar los recursos y si existieron beneficios indebidos.

La Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera y las autoridades ministeriales tendrán que determinar si los indicios expuestos se traducen en responsabilidades administrativas o penales.

Por ahora, los 2 mil 740.3 millones de pesos corresponden al monto de contratos identificados en el periodo señalado, no a una cantidad que haya sido acreditada como daño patrimonial o desvío de recursos.

El desarrollo de las investigaciones permitirá establecer si existió una estructura coordinada para controlar las contrataciones electorales, quiénes participaron en ella y cuál fue el destino de los recursos públicos involucrados.