Estructuras nacionales estarían detrás de las supuestas empresas acusadas de fraudes en la entidad, reveló la Fiscalía Zona Centro (FZC), cuyo titular afirmó que sería ésta una de las líneas de investigación a seguir, tomando como ejemplo lo detectado con el caso de los dos detenidos señalados de ofrecer asesorías a jubilados del IMSS para mejorar el pago de su pensión.
El fiscal de la zona, Heliodoro Araiza, reveló lo anterior de manera reciente en el momento que anunció la detención de las dos personas que presuntamente eran parte de una estructura que opera en varios estados, sin embargo habría más situaciones similares.
Esta clase de delitos son recurrentes en el estado, ya que en el primer trimestre de 2026, con corte al 25 de marzo, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha recibido mil 171 denuncias por fraude en toda la entidad, lo que da un promedio de 390 casos mensuales.
El municipio con más carpetas de investigación abiertas por este delito es Ciudad Juárez, con 630, equivalentes al 54 por ciento de todos los casos en el estado y un promedio por mes de 210.
Le sigue la capital, donde ya suman 281 denuncias o 93.6 mensuales. En la ciudad han surgido nuevos esquemas de fraude a través de supuestas asesorías para mejorar el pago de la jubilación e incluso obtener retroactivos por cientos de miles de pesos.
De este total, más de la tercera parte son contra la Consultora Legal y Administrativa G&L, ya que personas la señalan de haberlas defraudado con supuestos trámites para incrementar sus pensiones y alcanzó 101 denuncias, con lo que la suma de las afectaciones alcanzó el millón 540 mil pesos, de acuerdo con la información emitida por la Fiscalía de la Zona Centro.
En este caso, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales, hace tres semanas informó que obtuvo la vinculación a proceso de Cristina Isabel M. L. y Martín De Jesús H. C. por el delito de fraude agravado por estas denuncias.
Los imputados también son señalados como presuntos responsables de cometer fraude a través de otra empresa llamada Oportunidad M40, la cual ofrecía servicios para lograr una mejor pensión a través de la Modalidad 40 del IMSS, por lo que ya fueron denunciados por 12 víctimas que ratificaron su acusación, lo que generó una afectación de 443 mil pesos. Es decir que ellos dos acumulan 113 de las 281 que han sido presentadas en esta capital.
En la audiencia de formulación de cargos, ambos presuntos responsables señalaron que carecen de arraigo en esta ciudad, ya que en el caso de Cristina dijo ser originaria de Monterrey, en donde vivía antes de que le ofrecieran trabajo en esta ciudad, en el caso de Martín, comentó que vivía en la ciudad de Juárez, Chiapas.
Destacaron que llegaron a Chihuahua para laborar en la empresa de Consultoría y que fueron reclutados por medio de anuncios en Facebook, mientras que estuvieron en contacto con personas en Monterrey, Nuevo León.
De acuerdo con lo precisado por el fiscal de Zona al anunciar la detención, estas dos personas podrían ser parte de un esquema nacional de fraudes, ya que habría más casos similares en otras entidades desde las cuales llegan a Chihuahua.
De acuerdo con información al interior de la Fiscalía, los indicios apuntan a que otras empresas fraudulentas operan de la misma manera en el estado, a través de la búsqueda de decenas de víctimas a las que estafan con cantidades menores y las modalidades son diversas, como con la venta de autos con tasas preferenciales.
Amelia L. es una de las personas que ha recurrido a estas empresas en busca de comprar un auto en mejores condiciones de crédito, pero cree que es un fraude. Apuntó que por redes vio una compañía que ofrecía autos a tasas por debajo del 10 por ciento anual.
Explicó que le pidieron 30 mil pesos por un auto de $200 mil con mensualidades de 5 mil pesos y se comprometieron que le darían en auto en menos de una semana. Al pasar los días fue por su auto, pero le explicaron que en el contrato que firmaron dice que el auto será entregado luego de 8 mensualidades, lo que difiere con lo que le ofrecieron.
Expresó que lo que le dio confianza es que era una empresa que supuestamente tiene oficinas en Monterrey y otras ciudades del norte del país.
Le señalaron que puede cancelar la compra con una penalidad del 30 por ciento de su enganche, es decir, perdería alrededor de nueve mil pesos. De momento no ha decidido si va a denunciar, ya que no sabe si pagar las ocho mensualidades con el riesgo de perder más o aceptar recuperar el 70 por ciento de lo que ya pagó.