El fulminante colapso e intervención de Ueno Bank ha provocado un vuelco absoluto en el escenario político y económico de Paraguay. Lo que comenzó el pasado martes 3 de noviembre con una intervención por insolvencia y resolución ejecutada por el Banco Central del Paraguay (BCP) —que suspendió las operaciones de la entidad y afectó el acceso a fondos de casi tres millones de clientes— ha culminado con la dimisión del presidente de la República, Santiago Peña, quien se vio forzado a renunciar ante la inminencia de un juicio político en la Cámara de Diputados.
Este acontecimiento histórico abre un periodo de profunda incertidumbre y activa la sucesión presidencial, por lo que el vicepresidente Pedro Alliana asumirá la jefatura del Ejecutivo. La caída del Gobierno se precipitó tras revelarse un millonario desvío de fondos públicos, principalmente del Instituto de Previsión Social (IPS), que dejó un agujero financiero estimado en unos 200 millones de dólares (1,6 billones de guaraníes) debido a colocaciones irregulares.
El caso ha escalado a nivel penal con la detención de ocho directivos bajo cargos de lesión de confianza y la emisión de embargos vinculados a un encaje legal insatisfecho de 70 millones de dólares, obligando a las autoridades a activar el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para intentar contener un contagio sistémico sobre el resto de la banca paraguaya.
Ueno Bank, fundado y liderado por el empresario Miguel Vázquez, se había consolidado en apenas tres años de vida como un actor altamente disruptivo y la sexta entidad bancaria de Paraguay. Con una agresiva estrategia de digitalización y una omnipresencia publicitaria que abarcaba a los principales clubes de fútbol local (como Cerro Porteño y Olimpia), la selección nacional y eventos globales como el Mundial de Rally, la entidad logró captar a 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes.
Sin embargo, la madrugada del martes 3 de noviembre, el Banco Central del Paraguay (BCP) decretó por unanimidad la apertura de su procedimiento de resolución e intervención inmediata, lo que provocó el cese operativo total y el consecuente congelamiento de los ahorros de millones de usuarios.
La drástica medida del regulador se activó tras constatar que el índice de solvencia de la entidad se desplomó por debajo del 50% del mínimo legal requerido. El colapso financiero se precipitó luego de meses de auditorías técnicas que sacaron a la luz la masiva concesión de préstamos irregulares y sin garantías a empresas vinculadas al propio grupo propietario, exponiendo además un grave conflicto de intereses con el aparato estatal por haber recibido depósitos públicos y fondos de pensiones del IPS.
El impacto social fue inmediato, transformando los accesos a las 75 sucursales de la entidad en un escenario de extrema tensión y desesperación. Multitudes de usuarios indignados exigieron la devolución de sus ahorros frente a locales clausurados y custodiados por cascos azules de la Policía Nacional. El temor se agudizó tras confirmarse que el banco concentraba más de 800 millones de dólares en recursos públicos, incluyendo los polémicos fideicomisos destinados a jubilaciones y salud. Aunque el Directorio del BCP intentó mitigar el pánico recordando que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) cubre de forma obligatoria hasta 75 salarios mínimos mensuales por ahorrista, la desconfianza ciudadana se tradujo en masivos cacerolazos nocturnos en el centro de Asunción.
La parálisis financiera golpeó con fuerza el tejido comercial del país. La Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar) y la Cámara de Centros Comerciales (CCMP) confirmaron una caída estrepitosa del 35% en las ventas de las grandes superficies y tiendas minoristas en las primeras 48 horas. El desplome comercial responde al masivo corte en la cadena de pagos, dado que la congelación de cuentas de Ueno Bank inhabilitó temporalmente el uso de la billetera digital y tarjetas prepagas utilizadas por cerca de la mitad de la población económicamente activa para el consumo diario de alimentos y servicios.
El salto de la crisis bancaria a la crisis de Estado se explica por la estrecha vinculación comercial e institucional entre la cúpula de Ueno Bank y el entorno directo del expresidente Peña. La oposición parlamentaria, secundada de inmediato por sectores disidentes del propio Partido Colorado, no tardó en articular un proyecto de juicio político fundamentado en acusaciones de grave y sistemático mal desempeño de sus funciones y conflicto de intereses.
Los antecedentes de la investigación penal revelan que Peña mantuvo una participación accionaria y nexos comerciales directos con el entorno del fundador Miguel Vázquez, mientras que diversos organismos públicos continuaron inyectando masivamente capital estatal en el banco hasta consolidar una cuarta parte de sus depósitos totales.
Asimismo, el rol de Carlos Carvallo Spalding situó a la banca matriz en el ojo del huracán. Carvallo, quien presidió la entonces Financiera Ueno antes de ser designado por el propio Peña al frente del Banco Central del Paraguay (BCP) en 2023, se vio forzado a presentar su dimisión irrevocable tras estallar el escándalo. Su renuncia se produjo en medio de severas acusaciones de complicidad por omisión y falta de supervisión intencional, al confirmarse que el regulador ignoró durante meses las alertas de insolvencia técnica y la canalización irregular de fondos de pensiones públicos. El colapso simultáneo de la cúpula del BCP y del Poder Ejecutivo ha dejado la resolución institucional del juicio político en manos del Congreso, que debate si avanzar en la destitución o aceptar de forma definitiva la renuncia presentada por el mandatario.
Ante la inminencia de la votación del juicio político impulsado en la Cámara de Diputados, Peña optó por presentar su renuncia el jueves 5 de noviembre mediante un mensaje oficial, argumentando la necesidad de preservar la estabilidad del país y la paz social. Sin embargo, la falta de cuórum en el Congreso impidió tratar su dimisión, por lo que el mandatario permanece formalmente en funciones y deberá enfrentar el proceso de destitución en el Senado.
Mientras el cerco judicial se cerraba con la detención preventiva de ocho altos ejecutivos de la entidad, incluido el principal accionista del banco, Miguel Vázquez, el debate se traslada de inmediato a la resiliencia estructural del ecosistema bancario paraguayo. Ante el colapso, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) emitió un comunicado de urgencia asegurando que el resto de las entidades privadas opera con total normalidad, descartando un riesgo de contagio sistémico debido a que el entramado financiero tradicional mantiene ratios de capitalización sólidos.
No obstante, la velocidad con la que cayó un banco nativo digital que concentraba a 2,9 millones de clientes plantea serios interrogantes sobre la eficacia de los controles preventivos del regulador. Para contener la desconfianza y mitigar las protestas callejeras en Asunción, las autoridades activaron un mecanismo de auxilio económico urgente.
Esta medida excepcional habilita al Banco Central del Paraguay a realizar un desembolso acelerado de forma anticipada con los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), fijando un tope de adelanto de hasta 40 salarios mínimos mensuales por ahorrista mientras se estructura la liquidación de los activos de Ueno. Paralelamente, el Poder Ejecutivo propuso formalmente al economista Raúl Vera Bogado como nuevo presidente de la banca matriz con el mandato prioritario de restaurar el cuórum del Directorio y auditar los fideicomisos públicos remanentes. @mundiario
