Sheinbaum pide que autoridades determinen responsabilidades de Lorenzo Córdova por revocación de mandato
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Sheinbaum señaló que corresponde a la FGR y a las autoridades administrativas determinar si el exconsejero del INE incurrió en faltas o delitos
La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre las denuncias penales y los procedimientos administrativos relacionados con el expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, por la suspensión temporal de la consulta de revocación de mandato en diciembre de 2021.
Durante su conferencia matutina de este viernes 6 de noviembre, la mandataria señaló que corresponde a las autoridades competentes determinar si existen responsabilidades administrativas o penales contra el exconsejero electoral, luego de los señalamientos sobre las decisiones tomadas durante su gestión al frente del organismo.
Al ser cuestionada sobre las denuncias por presunto abuso de autoridad, abuso de funciones y coalición de servidores públicos, así como sobre la posibilidad de aplicar sanciones contempladas en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, Sheinbaum respondió que estos asuntos deben ser resueltos por las instancias correspondientes.
“Que Taddei tiene responsabilidades, que lo determine la auditoría y la Fiscalía General de la República. Es su responsabilidad”, expresó la Presidenta al referirse a las investigaciones sobre el funcionamiento y las contrataciones de los organismos electorales.
¿POR QUÉ FUE DENUNCIADO LORENZO CÓRDOVA?
El antecedente se remonta al 17 de diciembre de 2021, cuando el Consejo General del INE, entonces presidido por Lorenzo Córdova, aprobó el acuerdo INE/CG1796/2021 para posponer temporalmente la organización de la consulta de revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
La decisión fue tomada bajo el argumento de que el recorte al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2022 impedía contar con los recursos necesarios para realizar el ejercicio de participación ciudadana en las condiciones previstas.
Seis consejeros electorales votaron a favor de la suspensión temporal, entre ellos Córdova, además de Ciro Murayama, Dania Ravel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz y Claudia Zavala.
Seis días después, el 23 de diciembre de 2021, Sergio Gutiérrez Luna, entonces presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los seis consejeros y el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina.
La denuncia señaló presuntos hechos constitutivos de coalición de servidores públicos, abuso de autoridad y otros delitos que pudieran resultar de las actuaciones de los funcionarios electorales. También se presentó una queja ante el Órgano Interno de Control del INE por posibles faltas administrativas.
La denuncia dio lugar a una investigación de la FGR, de acuerdo con reportes periodísticos publicados en diciembre de 2021. Sin embargo, la existencia de esa denuncia no significa que Córdova haya sido declarado culpable ni que se le haya impuesto una sanción penal.
¿QUÉ RESOLVIÓ EL TRIBUNAL ELECTORAL SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA CONSULTA?
El 29 de diciembre de 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó por unanimidad de los magistrados presentes el acuerdo mediante el cual el INE había determinado posponer temporalmente la consulta.
En la sentencia correspondiente al expediente SUP-JE-282/2021 y acumulados, el Tribunal estableció que el Consejo General del INE no tenía atribuciones para suspender o posponer el proceso de revocación de mandato por insuficiencia presupuestaria, pues debía agotar las alternativas disponibles para cumplir con sus obligaciones institucionales.
Los magistrados también determinaron que el recorte presupuestal no constituía, por sí mismo, una causa de fuerza mayor que justificara interrumpir los trabajos de organización del ejercicio democrático.
Por ello, ordenaron al organismo electoral realizar los ajustes presupuestarios necesarios y, en caso de persistir la insuficiencia de recursos, gestionar una ampliación presupuestal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El fallo obligó al INE a continuar con los preparativos de la consulta, que finalmente se realizó el 10 de abril de 2022. La resolución del TEPJF se refirió a la legalidad del acuerdo institucional y a las atribuciones del Consejo General; no constituyó, por sí misma, una sentencia penal contra Lorenzo Córdova.
¿QUÉ ESTABLECE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES?
Uno de los argumentos planteados por el periodista durante la conferencia fue el artículo 8, fracción II, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Esta disposición establece que se impondrán de 50 a 200 días multa y de dos a seis años de prisión al funcionario electoral que se abstenga de cumplir, sin causa justificada, con las obligaciones propias de su cargo, cuando esa conducta perjudique un proceso electoral.
El señalamiento busca relacionar la suspensión temporal de la revocación de mandato con las obligaciones legales de los integrantes del organismo electoral. Sin embargo, para determinar si una conducta encuadra en ese delito es necesario que las autoridades ministeriales y judiciales analicen los hechos, las pruebas y los elementos establecidos en la legislación.
Por tanto, la disposición legal citada no implica que la pena de prisión sea automática por haber participado en la votación del acuerdo de diciembre de 2021.
SHEINBAUM PIDE QUE LAS AUTORIDADES DETERMINEN POSIBLES RESPONSABILIDADES
Durante la conferencia matutina, el periodista también expuso que, de acuerdo con la información que dijo tener, el Tribunal de Justicia Administrativa tramita procedimientos de responsabilidad administrativa relacionados con las decisiones de Córdova durante su gestión en el INE.
En ese contexto, recordó que el TEPJF ya había establecido que el organismo electoral carecía de facultades para suspender el proceso de revocación de mandato y cuestionó a la Presidenta sobre las posibles consecuencias legales para el exconsejero.
Sheinbaum no anunció la apertura de una nueva investigación ni confirmó el estado procesal de las denuncias contra Córdova. En cambio, amplió su respuesta hacia los señalamientos de presuntas irregularidades en las contrataciones del INE y los organismos públicos locales electorales.
La mandataria sostuvo que las posibles responsabilidades administrativas y penales deben ser determinadas por las instancias competentes.
“Si tiene responsabilidades administrativas, penales, eso no lo determina la presidenta de la República, para eso hay instancias”, manifestó.
La Presidenta también cuestionó que durante la administración de Córdova se mantuvieran contrataciones con un grupo reducido de empresas proveedoras de servicios para los organismos electorales estatales. Al respecto, señaló que el propio exconsejero reconoció en entrevistas recientes que conocía la existencia de esas compañías y que también fueron contratadas durante su gestión.
Sheinbaum agregó que corresponde a las autoridades fiscalizadoras investigar las posibles irregularidades y establecer si existieron responsabilidades de los funcionarios involucrados.
SHEINBAUM PLANTEA REVISAR LAS CONTRATACIONES DEL INE
Más allá de las denuncias relacionadas con la revocación de mandato, la mandataria sostuvo que el INE debe revisar sus mecanismos de contratación y transparentar el uso de los recursos públicos.
Señaló que los actuales consejeros electorales tienen la responsabilidad de garantizar que las adquisiciones y los servicios contratados por el organismo se realicen bajo criterios de transparencia y austeridad.
También planteó que los organismos públicos locales electorales deben adoptar lineamientos que permitan revisar los montos destinados a la organización de los comicios.
Como parte de estas medidas, adelantó que el Gobierno federal prepara un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México, con el propósito de que participe en la fabricación de materiales electorales bajo mecanismos transparentes y con la colaboración de universidades.
La Presidenta indicó que estas acciones forman parte de una revisión más amplia del funcionamiento de las instituciones electorales, mientras que las posibles responsabilidades de los exfuncionarios deberán resolverse por las vías administrativas y penales correspondientes.
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