La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el INE requiere un proceso de saneamiento interno tras revelarse contratos millonarios por más de 2,740 mdp a un grupo de empresas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) necesita un proceso de saneamiento para erradicar presuntas irregularidades en sus contrataciones, luego de que se revelara que un grupo de empresas habría obtenido contratos millonarios para proveer materiales electorales. En respuesta, el partido Somos anunció que prepara una demanda por difamación y daño moral contra la mandataria y la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro.
Durante la Mañanera del Pueblo, Sheinbaum cuestionó la consigna “el INE no se toca” y sostuvo que esta postura no debe impedir que se investiguen posibles actos de corrupción dentro del organismo electoral.
La mandataria se refirió a una presunta red empresarial vinculada con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, cuyas compañías habrían recibido contratos por 2,740.3 millones de pesos entre 2015 y 2025, de acuerdo con la investigación presentada por Buenrostro.
“Lo que nos corresponde a nosotros, y a los actuales consejeros que están hoy en el INE, es sanear, limpiar, garantizar que las contrataciones sean totalmente transparentes”, expresó.
Sheinbaum señala contratos millonarios y pide revisar al INE
La Presidenta sostuvo que la presunta estructura de proveedores no surgió durante la gestión de Guadalupe Taddei, sino que tendría antecedentes desde finales de la década de 1990 y se habría fortalecido después de la reforma electoral de 2014.
También cuestionó que durante administraciones anteriores del organismo no se establecieran mecanismos para evitar la concentración de contratos en un grupo reducido de empresas.
En ese sentido, pidió a los actuales consejeros electorales revisar los procedimientos de licitación, establecer precios de referencia y verificar que los proveedores tengan capacidad real para fabricar los materiales que ofrecen.
Sheinbaum extendió la necesidad de revisar las contrataciones a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), al considerar que los procesos electorales no deben realizarse con presupuestos inflados ni mediante esquemas poco transparentes.
Asimismo, señaló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y, en caso de encontrar elementos suficientes, la Fiscalía General de la República (FGR) deberán determinar las posibles responsabilidades de funcionarios y empresarios involucrados.
