Galicia tiene en el mar uno de sus principales activos económicos, sociales y culturales, pero carece todavía de una estrategia suficientemente integrada para afrontar las transformaciones que están cambiando el uso de los océanos. La advertencia formulada por Fernando González Laxe en las Jornadas de Celeiro (Lugo) merece una atención que trasciende el ámbito pesquero. El economista y expresidente de la Xunta ha puesto sobre la mesa una cuestión decisiva: quién va a controlar los espacios marítimos, con qué criterios se distribuirán sus aprovechamientos y qué papel corresponderá a la pesca en un escenario de creciente competencia internacional.
Su diagnóstico resulta especialmente pertinente para una comunidad que ha construido buena parte de su proyección exterior sobre la actividad marítima. Galicia dispone de una industria pesquera y transformadora de dimensión internacional, una importante red portuaria, capacidades científicas y una tradición empresarial vinculada al océano. Sin embargo, esa fortaleza no garantiza por sí sola una posición relevante en las decisiones que determinarán el futuro del sector. La pesca ya no compite únicamente por los recursos biológicos o los mercados: también debe hacerlo por el espacio marítimo, las inversiones, las infraestructuras y la atención de los poderes públicos.
El mar es un recurso estratégico que Galicia no puede permitirse gestionar sin una visión de futuro. La pesca necesita una política europea más flexible, coherente y adaptada a su realidad
González Laxe acierta al reclamar una visión de conjunto. El océano se ha convertido en un escenario donde confluyen actividades tradicionales y nuevas industrias, desde el transporte y la alimentación hasta las energías renovables, la biotecnología, las comunicaciones submarinas y la seguridad. Cada una responde a intereses legítimos, pero su expansión plantea conflictos de utilización que no pueden resolverse mediante decisiones aisladas. La planificación marítima debe establecer prioridades, garantizar la convivencia entre actividades y evitar que los sectores con mayor capacidad financiera terminen desplazando a otros cuya importancia económica y territorial es igualmente indiscutible.
La pesca no puede quedar relegada en el reparto del océano
La creciente competencia por los espacios marítimos representa uno de los mayores desafíos para Galicia. El desarrollo de la energía eólica marina, la protección de ecosistemas, las nuevas infraestructuras y las necesidades de navegación obligan a ordenar usos que en ocasiones resultan difíciles de compatibilizar. La transición energética y la conservación ambiental son objetivos irrenunciables, pero tampoco pueden convertirse en argumentos para reducir la presencia de la pesca sin evaluar adecuadamente sus consecuencias económicas y sociales.
El riesgo señalado por González Laxe de un progresivo acaparamiento del espacio oceánico merece una respuesta institucional. No se trata de reconocer a la pesca un derecho exclusivo sobre el mar ni de impedir el desarrollo de otras actividades, sino de asegurar que las decisiones incorporen sus necesidades desde el principio. Los pescadores, armadores y empresas transformadoras no pueden limitarse a recibir información sobre proyectos ya diseñados. Deben participar en la planificación y disponer de mecanismos efectivos para defender sus intereses.
La experiencia demuestra que la ausencia de diálogo temprano genera conflictos, retrasa inversiones y deteriora la confianza entre sectores. Una política marítima moderna debe apoyarse en información científica, procedimientos transparentes y evaluaciones rigurosas de los efectos acumulados de las distintas actividades. También necesita reconocer que el impacto de una decisión no termina en el espacio donde se aplica: puede extenderse a los puertos, las lonjas, las industrias auxiliares y el empleo de numerosas localidades costeras.
Europa debe revisar una política pesquera demasiado rígida
La reflexión del expresidente gallego alcanza igualmente a la política pesquera común de la Unión Europea. Su crítica a la complejidad normativa y a la acumulación de excepciones apunta a un problema real: la dificultad de gestionar una actividad sometida simultáneamente a incertidumbres biológicas, exigencias ambientales, costes empresariales y decisiones políticas que no siempre responden a las mismas prioridades.
La política pesquera europea ha contribuido a establecer mecanismos de control, mejorar el conocimiento científico de los recursos y avanzar hacia una explotación más sostenible. Sería injusto ignorar esos resultados. Pero también es necesario reconocer que determinadas regulaciones pueden generar dificultades desproporcionadas cuando no consideran suficientemente las características de las flotas, los caladeros y las comunidades que dependen de ellos.
La respuesta no puede consistir en debilitar las garantías ambientales ni en sustituir los criterios científicos por decisiones de oportunidad política. Sin poblaciones de peces saludables, tampoco existe futuro económico para la pesca. Lo que se necesita es una regulación más coherente, previsible y capaz de adaptarse a las transformaciones del medio marino, especialmente cuando el cambio climático modifica la distribución de las especies y aumenta la incertidumbre sobre las capturas.
Los sistemas de cuotas, los totales admisibles de capturas y los objetivos de rendimiento máximo sostenible deben formar parte de una estrategia comprensible y suficientemente flexible. La ciencia ha de seguir siendo una referencia fundamental, pero sus recomendaciones deben integrarse en decisiones que también consideren la dimensión social y económica de la actividad. La sostenibilidad ambiental y la viabilidad empresarial no son objetivos contrapuestos por naturaleza: deben reforzarse mutuamente.
Galicia necesita liderazgo político y capacidad de anticipación
La principal aportación de González Laxe consiste en recordar que una estrategia marítima no puede reducirse a una sucesión de ayudas, programas de modernización o declaraciones sobre la importancia del sector. Requiere objetivos verificables, prioridades presupuestarias y una coordinación efectiva entre administraciones. Galicia necesita aprovechar mejor sus capacidades científicas, industriales y empresariales para influir en las decisiones que se adoptan en Madrid y Bruselas.
La renovación de la flota, el relevo generacional, la digitalización, la eficiencia energética y la mejora de la comercialización forman parte de esa agenda. También la diferenciación de los productos mediante trazabilidad, calidad y certificaciones, elementos que pueden fortalecer la competitividad de las empresas gallegas en mercados internacionales cada vez más exigentes. Pero ninguna de estas actuaciones tendrá todo su alcance si no se integra en una política que contemple la cadena de valor marítima en su conjunto.
El papel de las universidades y los centros de investigación resulta igualmente decisivo. Galicia cuenta con conocimiento especializado en economía marítima, oceanografía, biología y tecnología pesquera. Convertir ese potencial en una ventaja competitiva exige reforzar la colaboración entre investigadores, empresas y administraciones, además de orientar la innovación hacia problemas concretos del sector. Existe, asimismo, una dimensión geopolítica que no debe subestimarse. El control de las rutas marítimas, la seguridad de los suministros y la competencia internacional por los recursos están adquiriendo una importancia creciente. Para una economía abierta como la gallega, vinculada a los mercados exteriores y al transporte oceánico, anticipar estos cambios constituye una necesidad estratégica.
Una política de Estado con Galicia como protagonista
España necesita una política marítima de Estado que supere la fragmentación administrativa y reconozca el océano como un espacio económico, ambiental y geopolítico de primer orden. Galicia, por su trayectoria y especialización, debe desempeñar un papel protagonista en su elaboración. No se trata de reclamar privilegios territoriales, sino de aprovechar la experiencia acumulada en una comunidad donde las decisiones sobre el mar tienen consecuencias directas sobre miles de empleos y sobre la cohesión de amplias zonas del litoral.
La Xunta y el Gobierno central deberían encontrar en este objetivo un terreno de cooperación estable, al margen de sus diferencias políticas. Defender los intereses de la pesca gallega ante la Unión Europea, participar activamente en la ordenación de los espacios marítimos y promover una transición tecnológica y ambiental viable exige continuidad institucional y una interlocución sólida con el sector.
Las ideas expuestas por González Laxe en Celeiro merecen, por tanto, algo más que un reconocimiento académico. Constituyen una invitación a revisar las prioridades de la política económica y territorial. El mar no es únicamente un patrimonio que deba conservarse ni una reserva de recursos que pueda explotarse sin límites. Es un espacio compartido cuya gestión condicionará una parte relevante del desarrollo futuro.
Galicia no puede resignarse a contemplar cómo otros definen el futuro de los océanos mientras sus empresas y comunidades costeras se adaptan a decisiones tomadas lejos
Situar la pesca en el centro de las decisiones no significa subordinar a ella todas las demás actividades, sino reconocer su condición de sector estratégico y garantizar que su continuidad forme parte de cualquier planificación marítima seria. Galicia no puede resignarse a contemplar cómo otros definen el futuro de los océanos mientras sus empresas y comunidades costeras se adaptan a decisiones tomadas lejos de su realidad.
La advertencia de González Laxe llega en un momento oportuno. El desafío ya no consiste solamente en defender la pesca que tenemos, sino en construir las condiciones para que siga siendo una actividad competitiva, sostenible y socialmente relevante durante las próximas décadas. Galicia dispone de experiencia, conocimiento y capacidad empresarial para contribuir a ese objetivo. Lo que necesita es convertir esas fortalezas en una estrategia compartida y duradera. @mundiario
