El aceite de oliva se enfrenta a una paradoja que amenaza directamente la rentabilidad del campo español: producir más no siempre significa ganar más. Con las cotizaciones del virgen extra alrededor de los tres euros por kilo y una campaña marcada por el aumento de las existencias, el Ministerio de Agricultura ha decidido intervenir por primera vez mediante un mecanismo extraordinario de regulación de la oferta. La medida obligará a las almazaras a retirar del mercado el 12% de su producción para evitar que el exceso de producto siga presionando los precios a la baja.
La decisión, formalizada este viernes mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), supone un cambio importante en la gestión del mercado oleícola. En lugar de dejar que la acumulación de aceite continúe condicionando las operaciones comerciales, el Gobierno apuesta por limitar temporalmente la cantidad disponible y tratar de recuperar cierto equilibrio entre producción y demanda.
La intervención llega en un momento especialmente delicado para los agricultores. Aunque la campaña 2026/2027 apunta a convertirse en la cuarta de mayor producción desde que existen registros, el incremento de la oferta no se ha traducido en mejores ingresos para quienes cultivan el olivar. El aceite de oliva virgen extra se comercializa en origen en torno a los tres euros por kilo, aproximadamente un euro menos que hace un año y muy por debajo de los cinco euros que el sector sitúa como referencia para cubrir los costes de producción.
El problema no se limita, por tanto, a una caída puntual de las cotizaciones. Detrás existe una preocupación creciente por la sostenibilidad económica de las explotaciones, especialmente aquellas que tienen menos capacidad para soportar periodos prolongados de precios reducidos.
La nueva medida establece que las cooperativas y fábricas deberán mantener almacenada una parte de su producción, equivalente al 12% del aceite declarado mensualmente durante la campaña. La cantidad retirada podrá conservarse en instalaciones propias o de terceros, pero no estará disponible para su comercialización inmediata.
Una producción elevada que amenaza la rentabilidad del olivar
Las previsiones del Ministerio de Agricultura ayudan a entender por qué se ha activado este mecanismo. La producción española de aceite de oliva para la campaña 2026/2027 se estima en 1.602.596 toneladas, un 22,7% más que en la anterior. A esta cantidad se suman unas existencias iniciales de 357.000 toneladas, lo que eleva las disponibilidades de partida hasta aproximadamente 1,96 millones de toneladas.
Este volumen ha superado los niveles que contempla la normativa para justificar una intervención extraordinaria. El requisito consiste en que las existencias iniciales, junto con las previsiones de producción, alcancen al menos el 120% de la media registrada durante las seis campañas anteriores.
La activación responde así a una situación de abundancia que, lejos de beneficiar automáticamente a los productores, puede convertirse en un factor de presión sobre sus ingresos. Cuando hay más aceite disponible del que el mercado puede absorber en condiciones favorables, los compradores disponen de mayor margen para negociar a la baja.
Los agricultores llevaban meses reclamando una intervención
La retirada obligatoria llega después de las reiteradas peticiones de las organizaciones agrarias. UPA, COAG, Asaja y Cooperativas Agroalimentarias habían reclamado al Ministerio una herramienta que permitiera actuar cuando las disponibilidades amenazasen con hundir las cotizaciones.
El responsable de olivar de COAG, Francisco Elvira, ha advertido de que los precios actuales del virgen extra apenas superan los tres euros por kilo y no permiten cubrir los costes de producción. La organización también ha cuestionado el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria en los contratos que se están firmando.
Por ello, COAG ha solicitado inspecciones de oficio al Ministerio y a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), con el propósito de comprobar que las operaciones comerciales respetan la legislación y que los agricultores no venden por debajo de sus costes efectivos de producción.
La preocupación del campo refleja una contradicción que se repite en el sector: mientras el consumidor puede encontrar aceite a precios elevados en los establecimientos, los productores no necesariamente reciben una remuneración suficiente por su trabajo.
La CNMC advierte de los riesgos de intervenir el mercado
Sin embargo, la decisión de Agricultura no cuenta con el respaldo de todos los actores de la cadena oleícola. Las organizaciones industriales y de envasadores Anierac, Asoliva e Infaoliva han expresado su rechazo a una retirada obligatoria que, a su juicio, puede perjudicar la competitividad del sector.
Estas patronales defienden que los problemas del mercado necesitan una estrategia estructural que tenga en cuenta tanto la capacidad productiva como las posibilidades de comercialización. Su preocupación apunta a que limitar la oferta disponible puede generar distorsiones que no necesariamente resuelvan los problemas de fondo.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también ha mostrado sus reservas. El organismo advierte de que retirar producto puede provocar incrementos de precios, reducir los incentivos para mejorar la calidad y limitar la diversidad de la oferta. Asimismo, considera que la medida podría alterar la relación de precios entre las distintas categorías de aceite.
El debate enfrenta dos necesidades diferentes: proteger los ingresos de los agricultores ante una caída pronunciada de las cotizaciones y evitar que una intervención sobre la oferta termine perjudicando la competencia y a los consumidores.
El aceite retirado volverá al mercado en futuras campañas
Agricultura sostiene que la medida no provocará desabastecimiento ni un encarecimiento artificial del producto. Su argumento es que el almacenamiento solo se activa cuando las disponibilidades alcanzan niveles excepcionalmente elevados y que el aceite inmovilizado podrá reincorporarse al mercado cuando termine la campaña.
Esta previsión cobra especial importancia por las características del olivar, un cultivo vecero en el que la producción puede variar considerablemente de un año a otro. Una temporada de cosecha abundante puede ir seguida de otra con menor rendimiento, por lo que disponer de reservas permitiría amortiguar posibles desequilibrios futuros.
No obstante, la eficacia de este primer mecanismo de autorregulación dependerá de que consiga aliviar la presión sobre los precios sin generar nuevos problemas comerciales. También será determinante el control de su cumplimiento, una responsabilidad que corresponde a las comunidades autónomas.
El Ministerio de Agricultura elaborará un plan de control coordinado con las administraciones regionales, aunque la orden no concreta todavía los procedimientos de inspección.
La primera retirada obligatoria del aceite de oliva marca así un precedente para uno de los sectores más importantes de la agricultura española. La cuestión ya no es únicamente cuánto aceite puede producir España, sino cómo garantizar que esa capacidad productiva no termine convirtiéndose en una amenaza para quienes dependen económicamente del olivar. @mundiario
