La expansión de los centros de datos en España se ha convertido en un asunto que va mucho más allá de la transformación digital. Su elevado consumo de electricidad y agua, la presión que pueden ejercer sobre las redes energéticas y su impacto en los objetivos climáticos han abierto un enfrentamiento entre el Gobierno, las grandes tecnológicas y varias comunidades autónomas. Ahora, el Ejecutivo ha conseguido superar uno de los obstáculos más importantes para imponer nuevas reglas a este sector: el Consejo de Estado ha avalado la continuidad del proyecto de Real Decreto y ha dejado abierta la posibilidad de aprobarlo antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
El pronunciamiento, al que han tenido acceso El País y CincoDías, supone un revés para las compañías y administraciones territoriales que cuestionaban la legalidad de la iniciativa. Entre sus principales argumentos figuraban una posible invasión de competencias autonómicas, la utilización de un Real Decreto en lugar de una ley y las dudas sobre la justificación de la tramitación urgente. Sin embargo, el órgano consultivo considera que estas objeciones no impiden que la norma siga adelante.
El dictamen, aprobado por unanimidad el 6 de noviembre bajo la presidencia de Carmen Calvo, permite al Ministerio para la Transición Ecológica concentrarse ahora en introducir los cambios exigidos y preparar la versión definitiva del texto. La decisión también reduce el riesgo de que el procedimiento tenga que regresar a fases anteriores, una circunstancia que habría complicado considerablemente los plazos del Ejecutivo.
La cuestión de fondo es especialmente relevante: España pretende establecer límites y obligaciones a una industria que necesita enormes cantidades de recursos para sostener el crecimiento de la inteligencia artificial, los servicios en la nube y el almacenamiento digital. El Gobierno quiere evitar que esa expansión avance sin tener en cuenta la capacidad energética y ambiental del país.
La batalla por el control energético de los centros de datos
El Consejo de Estado no cuestiona la capacidad del Gobierno central para establecer una regulación estatal ni considera inadecuado utilizar un Real Decreto. Tampoco aprecia motivos para rechazar la urgencia de la tramitación, acordada previamente por el Consejo de Ministros.
Este respaldo resulta significativo porque desmonta buena parte de la estrategia jurídica de quienes pretendían frenar el proyecto. Durante el procedimiento presentaron alegaciones la Comunidad de Madrid y 23 organizaciones y empresas, entre ellas Microsoft, Iberdrola, Endesa, EDP, ACS y Merlin Properties.
También participaron asociaciones empresariales y sectoriales como CEOE, AMETIC, Farmaindustria, SpainDC, APPA y Ecologistas en Acción. La diversidad de los comparecientes refleja hasta qué punto la regulación afecta a intereses económicos, tecnológicos, energéticos y medioambientales.
Uno de los argumentos que sostiene la iniciativa gubernamental es la presión que puede generar la demanda eléctrica de estas instalaciones. Los centros de datos necesitan un suministro constante para mantener sus servidores, sistemas de refrigeración y demás infraestructuras operativas. Por tanto, su crecimiento no solo implica construir nuevos edificios, sino también reservar una parte importante de la capacidad de las redes eléctricas.
El Consejo de Estado considera legítimos los objetivos de soberanía digital, eficiencia energética e hídrica y protección del sistema eléctrico. Además, advierte de que los derechos de acceso a la red concedidos superan las previsiones contempladas en la Estrategia de Inteligencia Artificial.
La preocupación no es menor. Una expansión desordenada podría incrementar la competencia por los recursos energéticos, tensionar los precios mayoristas de la electricidad y dificultar el cumplimiento de los compromisos de generación renovable. Por eso, el dictamen también encuentra fundamento en el artículo 45 de la Constitución, que establece la obligación de los poderes públicos de proteger el medio ambiente y promover el uso racional de los recursos naturales.
Cuatro cambios que el Gobierno no podrá pasar por alto
Aunque el pronunciamiento representa una victoria jurídica para el Ejecutivo, no significa que pueda aprobar el documento exactamente como estaba redactado. El Consejo de Estado ha identificado cuatro observaciones esenciales que deberán incorporarse para reforzar la seguridad jurídica de la futura regulación.
La primera afecta a la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN). El Gobierno tendrá que explicar con mayor profundidad por qué ha rechazado determinadas alegaciones de las comunidades autónomas y de las empresas. También deberá calcular con más precisión las consecuencias económicas que las nuevas obligaciones supondrán para los promotores de centros de datos.
La segunda modificación se refiere al reparto de responsabilidades en la supervisión. El órgano consultivo considera necesario que las funciones de control permanezcan bajo responsabilidad de las administraciones públicas y que se reduzca el protagonismo que el borrador atribuía a Red Eléctrica y a las empresas distribuidoras.
El tercer punto tiene que ver con el régimen sancionador. La norma deberá definir con mayor claridad qué incumplimientos pueden provocar multas y en qué circunstancias se podrá retirar o declarar la caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica. Esta precisión es fundamental para evitar interpretaciones arbitrarias y futuras impugnaciones judiciales.
Por último, el Consejo de Estado exige eliminar la capacidad del Ministerio para modificar discrecionalmente determinados porcentajes de correlación renovable. Entre ellos figura el umbral del 80% establecido en el proyecto. La intención es que las obligaciones queden suficientemente delimitadas en el propio texto normativo y no dependan de decisiones administrativas posteriores.
Los proyectos que ya tienen permisos también estarán bajo la nueva regulación
Otro aspecto especialmente delicado es el alcance temporal de las obligaciones. El Gobierno pretende que los nuevos requisitos puedan aplicarse también a instalaciones que ya disponen de permisos de acceso y conexión, pero que todavía no han comenzado a funcionar.
El Consejo de Estado no considera que esta previsión constituya una retroactividad perjudicial que invalide la iniciativa. Esta interpretación resulta importante porque evita que la regulación quede limitada exclusivamente a los futuros proyectos y permite al Ejecutivo intervenir sobre parte de la cartera de instalaciones que todavía no está operativa.
La decisión puede cambiar los cálculos de los promotores que habían avanzado en sus procedimientos administrativos, pero aún no habían materializado sus inversiones. Para estas compañías, el cumplimiento de nuevas condiciones energéticas y ambientales podría obligar a revisar calendarios, costes y estrategias de desarrollo.
El dictamen también incluye observaciones adicionales sobre el procedimiento europeo TRIS. En este apartado, reclama una justificación técnica más sólida sobre la regulación española, especialmente teniendo en cuenta que Alemania, Francia, Italia y Países Bajos han seguido caminos diferentes para ordenar esta actividad.
No obstante, estas recomendaciones no obligan a detener la tramitación. El Gobierno podrá incorporarlas a la documentación definitiva sin tener que reiniciar todo el procedimiento.
El 17 de noviembre, la fecha que maneja el Ejecutivo
Con el principal obstáculo jurídico superado, el Ministerio para la Transición Ecológica trabaja ahora en adaptar el articulado y reforzar la documentación técnica. El siguiente paso será elevar el proyecto a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, antes de llevarlo al Consejo de Ministros.
El calendario se ha convertido en otro factor determinante. La reunión prevista para el 10 de noviembre ya no se considera viable por falta de tiempo para completar las modificaciones. La intención del Ejecutivo es aprobar el Real Decreto el 17 de noviembre, aunque tampoco descarta hacerlo el día 24.
Esta última fecha sería especialmente importante porque constituye la última reunión ordinaria del Consejo de Ministros antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
En definitiva, el aval de Carmen Calvo coloca al Gobierno en una posición mucho más favorable para culminar una regulación que afecta directamente a algunas de las mayores compañías tecnológicas y energéticas. Sin embargo, la aprobación del decreto no cerrará necesariamente el conflicto: las empresas que consideran excesivas las exigencias todavía podrán acudir a los tribunales.
El verdadero desafío será conseguir que España atraiga inversiones vinculadas a la inteligencia artificial y la economía digital sin trasladar a la red eléctrica, al consumo de agua y al medio ambiente los costes de una expansión sin suficiente planificación. @mundiario
