La política internacional tiene una curiosa facilidad para fabricar modelos de éxito y una habilidad bastante menor para explicar qué ocurre cuando esos modelos se vienen abajo. Paraguay acaba de ofrecer un ejemplo especialmente incómodo para quienes habían convertido a su presidente, Santiago Peña, en una referencia de buena gestión económica. El cierre de Ueno Bank, una de las entidades financieras más populares del país, ha desencadenado una crisis que afecta a casi tres millones de clientes, compromete importantes recursos públicos y ha terminado por provocar la destitución del jefe del Estado. Entre los admiradores extranjeros de Peña figuran Santiago Abascal y Javier Milei, dos dirigentes que no escatimaron elogios hacia un Gobierno cuya trayectoria merece ahora una revisión bastante menos entusiasta.
El 12 de junio de 2025, Abascal viajó a Asunción para participar en el Foro Madrid y agradecer a Peña su acogida. El líder de Vox presentó entonces a Paraguay como una referencia por su política fiscal, su defensa de la soberanía y sus valores familiares. No consta que aquella declaración incluyera una evaluación independiente de la supervisión bancaria paraguaya, aunque probablemente habría resultado menos atractiva para una reunión política. En diciembre del mismo año, Milei también felicitó al presidente por la mejora de la calificación crediticia de Paraguay, que interpretó como una demostración de los beneficios de una política económica seria y consistente.
Abascal y Milei ensalzaron un modelo económico que hoy afronta una grave crisis bancaria. Paraguay descubre que la confianza financiera necesita algo más que buenas calificaciones y grandes discursos
Conviene reconocer que una mejora de la calificación soberana puede reflejar avances reales en las cuentas públicas y en la confianza de los inversores. El problema aparece cuando ese reconocimiento se transforma en un certificado de excelencia de toda la gestión gubernamental. Una cosa es valorar la estabilidad macroeconómica y otra bastante distinta garantizar que las instituciones supervisoras funcionan correctamente, que los conflictos de intereses están controlados y que el dinero de los ciudadanos permanece protegido. Paraguay acaba de descubrir, de la peor manera, la distancia entre ambos conceptos.
Un banco demasiado próximo al poder
La crisis estalló el martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay intervino Ueno Bank al comprobar que su índice de solvencia había descendido por debajo de la mitad del mínimo legal exigido. La entidad, que había experimentado un crecimiento extraordinario gracias a su modelo digital, contaba con unos 2,9 millones de clientes en un país de poco más de seis millones de habitantes. Su paralización dejó a una parte considerable de la población sin acceso inmediato a sus cuentas y provocó protestas en distintas ciudades.
El escándalo adquiere una dimensión política por las relaciones entre el banco, sus propietarios y las autoridades. Peña había mantenido vínculos empresariales con el Grupo Vázquez, propietario de Ueno, aunque sostiene que se desvinculó de esas participaciones en marzo de 2025. La entidad recibió durante su mandato importantes depósitos de organismos públicos, incluidos recursos vinculados al sistema de pensiones y salud. A ello se añade que Carlos Carvallo, presidente del Banco Central hasta el estallido de la crisis, había dirigido anteriormente la financiera de la que surgió Ueno. La coincidencia de trayectorias no demuestra por sí sola una conducta delictiva, pero plantea preguntas inevitables sobre la independencia del supervisor y la prevención de conflictos de intereses.
La Fiscalía investiga presuntas irregularidades relacionadas con préstamos a empresas vinculadas a los propietarios del banco, operaciones financieras entre sociedades del mismo grupo y posibles incumplimientos de las obligaciones de control. Las actuaciones alcanzan a 27 personas y varios antiguos directivos han sido detenidos. Corresponderá a los tribunales establecer las responsabilidades penales, sin confundir las acusaciones con condenas. Lo que ya resulta evidente es el fracaso de un sistema de vigilancia que permitió que una entidad de semejante importancia llegara a una situación de insolvencia con consecuencias sociales tan graves.
El presidente cae y sus admiradores guardan silencio
La crisis política avanzó todavía más deprisa que la bancaria. Peña presentó su renuncia el jueves 5 de noviembre, pero el Congreso continuó el procedimiento de juicio político. El viernes, el Senado aprobó por unanimidad su destitución, Pedro Alliana asumió la presidencia y el mandatario depuesto quedó bajo arresto domiciliario mientras prosiguen las investigaciones. Peña niega haber cometido irregularidades y defiende que las eventuales responsabilidades deben esclarecerse judicialmente.
La rapidez de los acontecimientos ha convertido en particularmente desafortunados los elogios de sus aliados internacionales. Abascal había encontrado en Paraguay un ejemplo de soberanía y buena administración. Milei había celebrado sus logros económicos como una demostración de que las políticas correctas producen resultados. Ahora ambos tienen una excelente oportunidad para completar aquellas reflexiones con una consideración sobre la independencia de los reguladores, la transparencia de los fondos públicos y la protección de los pequeños ahorradores.
Muchas gracias presidente @SantiPenap por inaugurar y acoger el Foro Madrid en Asunción. Para nosotros es un auténtico honor. Paraguay y su gobierno son un referente por su política fiscal, la defensa de la soberanía e identidad nacional, y la protección de la familia y la infancia. 🇪🇸🤝🇵🇾
— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) June 12, 2025
No sería justo atribuir a Vox o al presidente argentino responsabilidad alguna por la crisis financiera paraguaya. Tampoco sería serio concluir que las políticas fiscales defendidas por Peña provocaron directamente la insolvencia de Ueno Bank. La ironía reside en otra parte: en la facilidad con que determinados dirigentes convierten los éxitos ajenos en pruebas irrefutables de sus propias ideas y en lo poco que suelen interesarles las circunstancias institucionales que acompañan esos éxitos.
La política de los referentes internacionales funciona con frecuencia como un escaparate. Se seleccionan las cifras favorables, se celebran los discursos coincidentes y se presentan los resultados como demostraciones de una doctrina. Las contradicciones quedan fuera de la fotografía. Cuando aparecen, el modelo deja de ser tan exportable y sus antiguos admiradores descubren que cada país tiene sus particularidades.
La factura la pagan los ciudadanos
Mientras los dirigentes discuten sobre responsabilidades, millones de paraguayos necesitan recuperar el acceso a su dinero. El Fondo de Garantía de Depósitos ofrece cobertura a una gran mayoría de los clientes, pero esa protección no elimina los perjuicios de una interrupción de los servicios bancarios ni resuelve automáticamente la situación de quienes mantienen cantidades superiores a los límites garantizados. Las autoridades han comenzado a articular mecanismos de devolución, aunque persisten dudas sobre los plazos y la recuperación de determinados recursos públicos.
Esta es la dimensión que debería ocupar el centro del debate. Una crisis bancaria no consiste únicamente en un deterioro de ratios financieros o en una disputa entre dirigentes. Significa familias que no pueden disponer de sus ahorros, empresas que encuentran dificultades para pagar a sus proveedores y pensionistas que temen por la seguridad de los recursos destinados a sus prestaciones. También significa una pérdida de confianza que puede extenderse a otras entidades si las autoridades no ofrecen respuestas rápidas y creíbles.
El caso paraguayo recuerda que la estabilidad financiera exige algo más que crecimiento económico, disciplina presupuestaria o reconocimiento de las agencias de calificación. Necesita supervisores independientes, controles efectivos sobre las operaciones vinculadas, transparencia en la utilización del dinero público y mecanismos de protección de los depositantes. Esas garantías no pertenecen a la derecha ni a la izquierda. Constituyen requisitos elementales de cualquier economía que aspire a funcionar con normalidad.
También conviene evitar la tentación contraria: utilizar el escándalo para desacreditar indiscriminadamente toda la gestión económica de Paraguay o para presentar cualquier relación entre el sector público y la banca privada como sospechosa. Los depósitos de organismos públicos en entidades financieras pueden ser perfectamente legítimos. Lo decisivo es que respondan a criterios transparentes, que los riesgos estén adecuadamente evaluados y que las decisiones no favorezcan indebidamente a empresas relacionadas con quienes ejercen el poder.
El problema de los gobiernos convertidos en ejemplo
La caída de Peña plantea una reflexión que trasciende Paraguay. En una política internacional cada vez más organizada alrededor de afinidades ideológicas, los dirigentes tienden a buscar países que puedan exhibir como demostración de sus recetas. Unos celebran los éxitos de los gobiernos progresistas; otros, los de los conservadores o liberales. Con frecuencia, la admiración precede al examen de los resultados y las explicaciones se adaptan después a lo que conviene defender.
Abascal y Milei tienen derecho a mantener sus ideas y a valorar positivamente las medidas económicas que consideren acertadas. Lo que resulta menos convincente es presentar a un gobernante como referente integral a partir de determinados indicadores favorables. La calidad de un Gobierno también se mide por la fortaleza de sus instituciones, la prevención de los abusos y su capacidad para responder cuando las cosas salen mal.
La experiencia paraguaya debería servir igualmente de advertencia para España y para el conjunto de América Latina. La proximidad entre poder político, grandes grupos empresariales y organismos reguladores constituye un riesgo que puede aparecer bajo gobiernos de orientaciones muy diferentes. Ninguna mayoría parlamentaria, por amplia que sea, sustituye a la independencia institucional. Ningún discurso sobre la libertad económica justifica debilitar la vigilancia del sistema financiero.
El derrumbe de Ueno Bank y la destitución de Santiago Peña no demuestran que todas las políticas de su Gobierno fueran equivocadas, pero sí han dejado al descubierto graves fallos de supervisión y una red de relaciones entre intereses públicos y privados que exige explicaciones. La justicia deberá determinar hasta dónde llegan las responsabilidades individuales. La política, entretanto, debería aprender a ser algo más prudente cuando reparte certificados internacionales de buena conducta.
Paraguay era, para algunos, una lección magistral de gestión económica. Hoy ofrece otra lección, quizá menos vistosa, pero bastante más importante: los gobiernos no se juzgan únicamente por sus discursos ni por los elogios de sus amigos, sino por la solidez de sus instituciones y por la seguridad que ofrecen a sus ciudadanos. Y hay una última ironía difícil de pasar por alto: mientras los dirigentes internacionales discutían sobre soberanía, identidad y grandes principios económicos, millones de paraguayos descubrieron que la libertad más urgente consistía, sencillamente, en poder sacar su propio dinero del banco. @mundiario
