El caso Koldo amenaza con prolongar su recorrido judicial con una nueva pieza de gran alcance. La Fiscalía, respaldada por la Abogacía del Estado, ha solicitado que el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García, el empresario Víctor de Aldama y la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera se sienten en el banquillo de la Audiencia Nacional, junto a otros responsables y colaboradores de la presunta trama. El escrito reúne varias líneas de investigación que quedaron fuera del juicio celebrado en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos y que ahora pueden desembocar en un nuevo proceso penal.
Esta rama abarca desde los contratos de suministro de material sanitario adjudicados por los gobiernos de Baleares y Canarias durante la pandemia hasta el supuesto fraude fiscal de Aldama, pasando por la contratación de Jésica Rodríguez, expareja del exministro, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. También incorpora las operaciones que, según los investigadores, sirvieron para ocultar el dinero obtenido por Koldo y su entorno a través de los negocios de la trama.
La petición de procesamiento no equivale a una condena ni supone que todos los hechos estén probados. Sin embargo, el escrito de acusación se apoya en parte en las conclusiones de la sentencia del Supremo sobre la organización que, según cree el alto tribunal, operó alrededor de Ábalos, Koldo y Aldama para obtener beneficios mediante contratos con la Administración.
Uno de los capítulos más delicados afecta a la incorporación de Rodríguez a Ineco y, posteriormente, a Tragsatec, dos compañías públicas vinculadas al ámbito de Transportes. La Fiscalía solicita que la expareja de Ábalos sea juzgada por malversación, al considerar que cobró retribuciones sin desempeñar realmente las funciones para las que había sido contratada.
Pardo de Vera, señalada por la contratación de Jésica Rodríguez
Rodríguez reconoció ante el Supremo que no acudía a trabajar y explicó que Joseba García, hermano de Koldo, le indicó cómo debía fichar. La investigación sostiene que el mecanismo permitió mantener una apariencia de actividad laboral mientras percibía un salario con cargo a empresas públicas.
Por estos hechos, el Ministerio Público también reclama que se procese por tráfico de influencias a Pardo de Vera, expresidenta de Adif. La acusación sostiene que intervino de manera determinante en el proceso de contratación: habría solicitado los datos de la candidata, seguido su evolución e impulsado su incorporación. La Abogacía del Estado atribuye a la presidenta de Adif instrucciones para que se dejara “en paz a Jessica” y considera que su actuación contribuyó a que Rodríguez cobrara sin trabajar y obtuviera después otro puesto en Tragsatec.
La petición alcanza asimismo a Ignacio Zaldívar, alto cargo de Adif, por su presunta intervención en la contratación de Rodríguez en esa última empresa, filial del Grupo Tragsa, tutelada funcionalmente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e integrada orgánicamente en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Aldama, de nuevo ante el juez por las mascarillas y el fraude fiscal
La Fiscalía pide que Aldama vuelva a sentarse en el banquillo, esta vez por un presunto delito contra la Hacienda Pública. Según los datos trasladados por la Agencia Tributaria a la Audiencia Nacional, el empresario habría defraudado 2,4 millones de euros en el impuesto sobre la renta por los beneficios obtenidos a través de las operaciones de venta de material sanitario.
El fisco también atribuye a Soluciones de Gestión, la empresa utilizada para canalizar buena parte de los contratos de mascarillas, un supuesto impago de unos 200.000 euros en el impuesto de sociedades. Por ello, el Ministerio Público solicita que la sociedad y los empresarios Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche respondan por los presuntos delitos fiscales.
Pero la acusación contra Aldama no se limita a sus obligaciones tributarias. La nueva pieza recupera las adjudicaciones de material sanitario realizadas por los gobiernos de Baleares y Canarias, que no fueron objeto del juicio celebrado en el Supremo al no afectar directamente a Ábalos en su condición de aforado cuando se abrió aquella vista.
La Fiscalía sostiene que Aldama se sirvió de Koldo para conseguir contratos millonarios de mascarillas y pruebas diagnósticas en ambas comunidades autónomas. Según el escrito, el exasesor recibía del comisionista unos 10.000 euros mensuales por su intermediación. Por estas operaciones, Aldama se enfrenta a una acusación de cohecho activo, mientras que a Koldo se le atribuye un presunto delito de tráfico de influencias. La investigación considera que los contratos autonómicos formaban parte del mismo esquema de colaboración que permitió a la trama obtener beneficios de las administraciones públicas durante la emergencia sanitaria.
La UCO sitúa el foco en el patrimonio de Koldo y su entorno
Otro de los grandes bloques de esta causa se centra en el presunto blanqueo de las ganancias obtenidas por Koldo García. La Fiscalía reclama que el exasesor, su entonces pareja, Patricia Uriz, y su hermano Joseba sean procesados por blanqueo de capitales. Además, atribuye a Uriz y Joseba su presunta participación en una organización criminal.
Los investigadores sostienen que ambos ayudaron a ocultar el origen y la titularidad de parte del patrimonio vinculado a Koldo. Según los datos recopilados por la UCO, entre 2020 y 2022 la pareja incorporó bienes por un valor aproximado de 1,5 millones de euros, en un periodo que coincide con las adjudicaciones de contratos de material sanitario a empresas relacionadas con Aldama.
En esos dos años, además, ingresaron 267.774 euros en efectivo. De esa cantidad, al menos 224.000 euros carecerían de una justificación o procedencia conocida, según la investigación. El hermano de Koldo habría intervenido también en la ocultación de la titularidad de algunos inmuebles. La Fiscalía considera que estas operaciones permitieron dificultar el rastreo del dinero que Aldama habría entregado a Koldo y Ábalos a cambio de sus gestiones. La acusación deberá determinar ahora el origen de cada activo y el grado de participación de los tres investigados en las operaciones patrimoniales.
Un guardia civil y tres empresarios, también bajo sospecha
La petición de procesamiento se extiende a otros colaboradores del entorno empresarial de Aldama. La Fiscalía quiere que respondan por organización criminal Ignacio Díaz Tapia, César Moreno y Javier Serrano, a quienes sitúa entre los beneficiarios de las adjudicaciones de material sanitario realizadas por Baleares y Canarias.
También reclama que sea juzgado el guardia civil Rubén Villalba por un presunto delito de cohecho pasivo. Según la investigación, el agente habría prestado servicios de seguridad a la trama y facilitado teléfonos cifrados para mantener comunicaciones reservadas. Los integrantes del grupo habrían utilizado la palabra clave “café” para referirse a esos dispositivos.
La UCO atribuyó a Villalba ingresos de origen desconocido por valor de 145.049 euros entre 2017 y 2023, además de cerca de medio millón de euros repartidos en cuentas bancarias y otros bienes. Entre estos últimos figuraban una vivienda y un reloj Rolex por el que habría pagado unos 10.000 euros. El escrito fiscal dibuja así una estructura que, según la acusación, no se limitaba a la relación entre el exministro, su asesor y el comisionista, sino que contaba con intermediarios empresariales, colaboradores familiares y apoyos para ocultar las operaciones y sus beneficios. @mundiario
