Las inundaciones en Gardeno Residencial 1 y 2, en Ciudad Juárez, dejaron algo más que viviendas dañadas y familias desesperadas. También exhibieron la diferencia entre atender una emergencia y prevenirla. Una diferencia que, tratándose del gobierno, puede costar mucho dinero a los ciudadanos. Y a veces bastante más.
El problema no comenzó con las lluvias de octubre. Vecinos aseguran que desde 2019 habían advertido sobre las inundaciones. Por su parte, Alberto Paredes, director ejecutivo de la J+, ha reconocido la existencia de solicitudes relacionadas con el problema desde 2021. Son antecedentes que obligan a preguntar qué hicieron las autoridades durante esos años.
Porque una cosa es que llueva más de lo esperado y otra que un riesgo conocido siga esperando solución. La primera depende de la naturaleza; la segunda, de quienes tienen la obligación de gobernar.
Después de las inundaciones, la gobernadora Maru Campos instruyó a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, la J+, para que auxiliara a los afectados. El organismo movilizó personal, maquinaria y equipos de bombeo para retirar el agua acumulada. También participó en los estudios y presentó a los vecinos una propuesta para modificar el funcionamiento del dique.
Hay que reconocerlo. El Gobierno del Estado intervino y no se limitó a enviar condolencias o buenos deseos. En una emergencia, las familias necesitan maquinaria y soluciones, no funcionarios compitiendo por ver quién aparece primero en la fotografía.
Pero hay un detalle que no puede pasarse por alto: la infraestructura pluvial pública es, por disposición legal, responsabilidad municipal.
La Ley del Agua del Estado de Chihuahua establece que el diseño, ejecución, supervisión y mantenimiento del drenaje pluvial corresponden a las autoridades municipales. El Reglamento de Construcción de Juárez también atribuye al Municipio responsabilidades sobre diques, arroyos y pozos de absorción en áreas públicas.
La J+, en cambio, tiene a su cargo el agua potable, el alcantarillado sanitario y el saneamiento. Puede colaborar en una emergencia y atender problemas de sus propias redes, pero esa colaboración no modifica por sí sola las obligaciones establecidas en la ley.
Entonces, ¿por qué fue necesario que el organismo estatal participara en la búsqueda de una solución para Gardeno? ¿Qué hizo el Municipio con las advertencias de los vecinos? ¿Qué revisiones se realizaron al dique antes de que fuera rebasado?
Son preguntas que no se responden señalando a otra dependencia.
Los primeros planteamientos técnicos conocidos hablan de mejorar la descarga del dique, revisar sus pendientes y habilitar condiciones para la infiltración del agua. La propuesta fue presentada por personal de la J+, entre ellos el ingeniero César Triana, director de Obra.
Sin embargo, una propuesta todavía no es una obra terminada. Falta conocer el proyecto definitivo, su costo, quién lo ejecutará y cuándo estará listo. Sobre todo, falta explicar qué garantías técnicas tendrán los vecinos de que una nueva tormenta no volverá a meter el agua a sus casas.
Tampoco podemos afirmar, sin un dictamen concluyente, que las inundaciones fueron consecuencia de un error de diseño, falta de mantenimiento o negligencia de determinada autoridad. Eso debe investigarse. Lo que sí sabemos es que hubo advertencias anteriores y que la solución definitiva no estaba funcionando cuando llegó la emergencia.
Ahí aparece un asunto que va más allá de Gardeno. Aristóteles consideraba la prudencia una virtud indispensable para decidir correctamente sobre los asuntos humanos. En el gobierno, esa prudencia exige prever las consecuencias de las decisiones y actuar oportunamente. No basta con demostrar capacidad para responder cuando el daño ya está hecho.
En Gardeno, los vecinos no tienen por qué estudiar hidráulica ni aprenderse las atribuciones de cada dependencia para proteger su patrimonio. Para eso existen instituciones, presupuestos y servidores públicos.
La intervención de Maru Campos merece reconocerse por lo que efectivamente se hizo. Pero ese reconocimiento no debe servir para ocultar las preguntas pendientes sobre la prevención ni para presentar como resuelto un problema que todavía necesita obras.
El Municipio debe explicar lo que le corresponde. La J+ debe precisar el alcance de su propuesta. Y los vecinos deben conocer, sin rodeos, qué se hará para protegerlos.
Porque después de una inundación siempre aparecen quienes ofrecen ayuda. Lo difícil es encontrar a quienes expliquen por qué no se actuó antes.
La ayuda que llega después del desastre merece reconocerse. Pero el buen gobierno también se mide por las desgracias que pudo evitar. El Meollo del Asunto. [email protected]
