El Gobierno de Puebla lanzó una licitación para adquirir e instalar ocho inhibidores de señal celular en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en la capital poblana, con el objetivo de impedir comunicaciones telefónicas no autorizadas desde el interior del penal y combatir delitos como la extorsión.
La convocatoria, identificada como GEP-SPFA-LPN-308-736/2026, contempla la adquisición de equipos de bloqueo de telefonía móvil, una plataforma digital para supervisar su funcionamiento y un centro de monitoreo que permitirá detectar fallas o interrupciones en el sistema.
El procedimiento es promovido por la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, a solicitud del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y contempla recursos estatales y del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
De acuerdo con las bases de la licitación, el fallo está previsto para el 26 de noviembre de 2026, mientras que la instalación, pruebas de funcionamiento y capacitación deberán concluir a más tardar el 31 de diciembre de este año.
La contratación todavía se encuentra en proceso, por lo que no se ha confirmado qué empresa será responsable de suministrar e instalar los dispositivos ni el monto definitivo del contrato.
Penal de San Miguel tendrá ocho inhibidores de señal celular
El proyecto contempla ocho dispositivos de alta potencia que podrán bloquear distintas tecnologías de telefonía móvil, incluidas las redes 3G, 4G y 5G.
Cada equipo contará con seis canales independientes de operación y deberá tener capacidad para impedir las comunicaciones celulares dentro de las áreas autorizadas del centro penitenciario.
Uno de los requisitos técnicos establecidos en la convocatoria es que el sistema no interfiera con la cobertura de telefonía comercial en las colonias cercanas al penal.
También deberá evitar afectaciones a las frecuencias utilizadas por los cuerpos de seguridad y el personal de custodia para sus sistemas de radiocomunicación.
Los equipos deberán instalarse en estructuras protegidas contra vandalismo, humedad y variaciones eléctricas, además de contar con mecanismos de respaldo ante fallas en el suministro de energía.
La contratación incluye pruebas de cobertura para verificar que el bloqueo de señal permanezca dentro del perímetro autorizado.
Instalarán centro de monitoreo para supervisar inhibidores
La adquisición no se limita a los dispositivos de bloqueo, sino que contempla una plataforma integral de administración y monitoreo.
El sistema permitirá supervisar el funcionamiento de los inhibidores en tiempo real, identificar fallas, detectar interrupciones en el suministro eléctrico y recibir alertas ante posibles manipulaciones o desconexiones.
Para ello, se instalará un centro de monitoreo con equipo de cómputo especializado y una licencia permanente del software de administración.
La empresa que resulte ganadora también deberá proporcionar capacitación al personal encargado de operar la infraestructura, así como realizar las pruebas necesarias para garantizar su funcionamiento.
De acuerdo con las especificaciones técnicas difundidas, la capacitación contempla cinco días de instrucción para los trabajadores que determine el área responsable.
Puebla busca frenar extorsiones desde los penales
La instalación de inhibidores forma parte de las acciones anunciadas por la Secretaría de Seguridad Pública estatal para impedir que personas privadas de la libertad utilicen teléfonos celulares para cometer delitos.
El titular de la dependencia, Francisco Sánchez González, había anunciado en enero de 2026 una inversión de 13 millones de pesos para instalar inhibidores en los penales de San Miguel y Tepexi de Rodríguez, como primera etapa de una estrategia que posteriormente se extendería a otros centros penitenciarios.
Según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública, entre julio y octubre de 2025 se contabilizaron tres mil 179 llamadas de extorsión, algunas de ellas realizadas desde centros penitenciarios.
