¿Qué pasaría si los artistas, músicos, escritores, intérpretes, creadores independientes y demás trabajadores de la cultura pudieran acceder a mecanismos de seguridad social adaptados a sus condiciones laborales, muchas veces caracterizadas por los ingresos intermitentes, los contratos temporales o la ausencia de un empleador fijo?
Esta discusión, que durante décadas ha acompañado las demandas de los gremios artísticos, comienza a tomar forma en una nueva agenda de cooperación internacional.
Durante la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada los días 4 y 5 de noviembre en Madrid, España, se anunció la aprobación de la Carta Iberoamericana de la Persona Artista y Trabajadora de la Cultura, un instrumento que busca establecer bases comunes para mejorar las condiciones laborales, económicas y de protección social de quienes se dedican a las actividades culturales.
La iniciativa, impulsada por la OEI, en alianza con la AECID y con apoyo de la UNESCO, plantea una hoja de ruta para que los países de la región revisen sus políticas públicas y, eventualmente, sus marcos legislativos.
Sin embargo, hay una precisión fundamental: la aprobación de la Carta no significa que los artistas iberoamericanos adquieran automáticamente nuevos derechos laborales o prestaciones. Su alcance es orientador y su implementación dependerá de las medidas que adopte cada Estado.
¿Qué derechos están sobre la mesa?
La elaboración del documento comenzó en 2024 y contó con aportaciones de gobiernos, organismos internacionales, especialistas e instituciones culturales.
En marzo pasado, la OEI informó que la propuesta se estructuraba en 12 capítulos, 82 artículos y 387 medidas, formuladas para atender las particularidades de un sector en el que predominan modalidades de trabajo que no siempre encuentran respuestas adecuadas en los sistemas tradicionales de protección laboral.
Entre los principales ámbitos de intervención se encuentran los derechos laborales, el acceso a la seguridad social, la protección de los derechos de autor y conexos, así como los regímenes tributarios aplicables a los profesionales de la cultura.
Por ejemplo, se busca propiciar mecanismos que consideren los ingresos irregulares de los trabajadores independientes, la alternancia entre periodos de empleo y desempleo, y las dificultades que estas circunstancias generan para acceder a servicios de salud, pensiones o prestaciones.
El proyecto también contempla herramientas de seguimiento para facilitar que los países adopten progresivamente sus recomendaciones.
No se trata, sin embargo, de una discusión completamente nueva. En 1980, la UNESCO aprobó la Recomendación relativa a la Condición del Artista, que ya exhortaba a los Estados a reconocer las particularidades económicas y sociales de la creación artística.
La nueva iniciativa iberoamericana busca dar continuidad regional a esos principios mediante un conjunto más detallado de orientaciones para las políticas públicas.
De manera paralela, la Cumbre también respaldó la actualización de la Carta Cultural Iberoamericana, aprobada originalmente en 2006, para incorporar desafíos contemporáneos relacionados con los derechos culturales, la transformación digital, la inteligencia artificial, la diversidad y la sostenibilidad.
¿Qué podría cambiar para los artistas mexicanos?
El acuerdo abre una discusión relevante para México, donde una parte del trabajo cultural se desarrolla mediante proyectos temporales, contratos por honorarios, actividades independientes o esquemas de ingresos variables.
Una eventual incorporación de las recomendaciones podría motivar la revisión de mecanismos de afiliación a la seguridad social, las condiciones de contratación, los derechos de remuneración y el tratamiento fiscal de las actividades artísticas.
Por ahora, no se ha anunciado un calendario de reformas mexicanas derivadas de la Carta ni compromisos legislativos específicos para su aplicación. No obstante, la discusión ya tiene antecedentes concretos en el país. Esta misma semana, durante un seminario organizado por la OEI y la UACM, especialistas abordaron las dificultades de protección social de los trabajadores culturales y plantearon la conveniencia de contar con registros e información que permitan dimensionar las necesidades del sector.
En el plano regional, la OEI anunció previamente asistencia técnica a Bolivia y Panamá para diseñar mecanismos de implementación de las medidas de la Carta, lo que representa una primera vía de acompañamiento institucional.
La versión íntegra del documento aprobado todavía no se encontraba disponible públicamente en los portales institucionales consultados, por lo que resta conocer el alcance definitivo de sus disposiciones y los mecanismos previstos para su seguimiento.
Así, la aprobación de la Carta representa, por ahora, un reconocimiento político regional de las condiciones particulares del trabajo artístico. El siguiente paso, y posiblemente el más importante para los creadores, será determinar qué países traducirán estos principios en leyes, presupuestos y prestaciones efectivamente accesibles.
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