La campaña hacia las elecciones del 29 de noviembre empieza a dibujar dos estrategias enfrentadas. Pedro Sánchez ha optado por defender el balance social y económico de su Ejecutivo, alertar de una posible "involución" si gobiernan PP y Vox y comprometer nuevas garantías constitucionales para las pensiones, el aborto y el salario mínimo. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, busca convertir los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, la gestión del Ministerio de Transportes y los problemas de confianza institucional en el eje de su discurso. En sus actos de Bilbao y Málaga, respectivamente, ambos dirigentes han presentado modelos políticos distintos, aunque también han coincidido en reivindicar las pensiones y prometer mejoras para los ciudadanos.
En un mitin celebrado en el Palacio Euskalduna de Bilbao, ante un auditorio entregado, el secretario general del PSOE ha centrado su intervención en la movilización electoral y en la defensa de las políticas desarrolladas durante sus años de Gobierno. Sánchez ha evitado referirse a la crisis ferroviaria provocada por los accidentes de Adamuz y Urda, así como a la dimisión de Óscar Puente y a los casos de corrupción que afectan a personas vinculadas al PSOE.
La omisión resulta políticamente significativa porque el transporte ferroviario se ha convertido en uno de los principales puntos de presión para el Ejecutivo. El PP y Vox han decidido situar la seguridad, el mantenimiento de las infraestructuras y las responsabilidades políticas entre sus argumentos centrales. Sánchez, en cambio, ha preferido no entrar en ese terreno durante el acto y desplazar la discusión hacia los derechos sociales y el riesgo de un Gobierno de coalición entre populares y Vox.
El presidente ha presentado las próximas elecciones como una disputa entre continuidad y retroceso. Ha pedido una participación masiva para reproducir, según su interpretación, las remontadas electorales de la izquierda en Brasil y a los demócratas en Estados Unidos. "Hemos sido el faro entre tanta oscuridad", afirmó, al tiempo que describió al PSOE como una alternativa frente a la derecha y la ultraderecha nacionales e internacionales.
Su argumento consiste en asociar un eventual Ejecutivo de PP y Vox con una pérdida de derechos, especialmente para las mujeres y los pensionistas. "La única barrera entre el avance y la involución es el voto", sostuvo, en una intervención que también incluyó críticas a Feijóo y Santiago Abascal por sus acuerdos electorales y sus posiciones sobre defensa y política internacional.
Blindar las pensiones, el aborto y el salario mínimo en la Constitución
La principal oferta social de Sánchez fue el compromiso de elevar el Salario Mínimo Interprofesional todos los años mientras permanezca en el Gobierno, proteger constitucionalmente la revalorización de las pensiones conforme al IPC e incorporar a la Carta Magna el derecho al aborto. El presidente reivindicó los avances laborales y económicos de su mandato y aseguró que España puede continuar ampliando esas conquistas durante los próximos cuatro años. "Se puede revalorizar las pensiones y llenar la hucha, se puede hacer", afirmó ante los asistentes.
No se trataría simplemente de mantener una subida anual, sino de elevar determinadas garantías sociales a un nivel normativo más difícil de modificar mediante una mayoría parlamentaria ordinaria. Sin embargo, una reforma de la Constitución exige un procedimiento específico y los apoyos parlamentarios correspondientes. Por tanto, el compromiso electoral no equivale a una medida que pueda aplicarse de forma automática si el PSOE obtiene una mayoría suficiente para gobernar.
También queda por concretar cómo se formularían esas garantías, qué alcance tendrían y cómo se compatibilizarían con la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. En el caso del SMI, la promesa de aumentarlo cada año abre otra cuestión: qué criterios económicos se utilizarían para fijar las subidas y cómo se equilibrarían la capacidad adquisitiva de los trabajadores, los costes empresariales y la evolución de la productividad.
Sánchez ha pedido una mayoría amplia y progresista para avanzar, además, en materia de vivienda. Su mensaje busca recuperar la iniciativa mediante compromisos sociales reconocibles para su electorado y situar a la oposición ante la necesidad de explicar qué políticas mantendría o modificaría.
En Málaga, Alberto Núñez Feijóo ha construido una intervención de signo diferente. El presidente del PP ha acusado al PSOE de modificar los asuntos centrales de la campaña en función de los acontecimientos y ha defendido que su propio discurso no ha cambiado tras las tragedias ferroviarias.
"Yo he tenido un discurso antes de la tragedia y tengo el mismo discurso después", afirmó. Feijóo insistió en que su propuesta se basa en la gestión y en la responsabilidad pública: "Soy un gestor y ofrezco gestión". También aseguró que los ciudadanos deben exigirle resultados y prometió revisar el transporte ferroviario «palmo a palmo» para recuperar la confianza y la seguridad.
El dirigente popular quiso mantener presentes a las víctimas de Adamuz y Urda al hablar, durante su intervención, de 115 familias afectadas por las muertes registradas en ambos accidentes, un suceso que calificó como una "negligencia continuada". Asimismo, criticó que el Gobierno pretenda desplazar el debate ferroviario y afirmó: "No me voy a olvidar del miedo que tiene la gente de coger un tren". En su discurso, relacionó directamente la crisis del sector con la gestión de Sánchez, la dimisión de Óscar Puente y los casos judiciales que afectan a antiguos responsables socialistas, entre ellos José Luis Ábalos y Koldo García.
La estrategia del PP consiste en convertir la seguridad ferroviaria en una cuestión de confianza política. Su argumento es que los accidentes no pueden tratarse únicamente como sucesos aislados, sino que deben examinarse también desde la supervisión, el mantenimiento, la inversión y la capacidad de respuesta de las administraciones. No obstante, para que esa crítica se traduzca en una alternativa de Gobierno, Feijóo tendrá que concretar qué cambios propone y cómo los aplicaría.
Las pensiones muestran una coincidencia entre PSOE y PP
Uno de los aspectos más llamativos de ambos actos es que, pese a la confrontación, PSOE y PP coinciden en defender la revalorización de las pensiones conforme a los precios. Sánchez promete blindarla en la Constitución, mientras Feijóo asegura que su partido mantendrá las subidas vinculadas al coste de la vida y garantizará las pensiones futuras de los jóvenes.
La coincidencia no elimina las diferencias sobre el alcance de las garantías, la financiación del sistema o las reformas necesarias para sostenerlo. Pero sí revela que la protección de los pensionistas se ha convertido en un compromiso electoral que ninguno de los dos grandes partidos parece dispuesto a abandonar públicamente.
Feijóo añadió a su oferta un plan para construir un millón de viviendas y presentó la gestión como el principal criterio para valorar a un futuro Gobierno. "Gestión, gestión y gestión", resumió, en contraste con el mensaje de movilización ideológica de Sánchez. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, pidió por su parte un "castigo sereno pero masivo" al PSOE y reclamó un cambio político en España.
La distancia entre los discursos de Bilbao y Málaga refleja dos formas de plantear la campaña. Sánchez intenta movilizar a su electorado mediante la defensa de los derechos sociales, la continuidad de las políticas progresistas y la advertencia sobre un posible Gobierno de PP y Vox. Feijóo busca concentrar la atención en la gestión, la seguridad ferroviaria y las responsabilidades del Ejecutivo.
Sin embargo, la crisis de los trenes no desaparece porque el presidente evite mencionarla en un mitin. Los accidentes de Adamuz y Urda siguen planteando preguntas sobre las infraestructuras, los sistemas de seguridad, el mantenimiento y la respuesta institucional. Las investigaciones deberán establecer qué ocurrió y qué responsabilidades, si las hubiera, pueden atribuirse.
Sánchez también ha abordado en el pódcast Memorias de Pez la entrada masiva de migrantes en Ceuta, asegurando que el Gobierno "continúa investigando" las causas desde la perspectiva de la seguridad nacional y recordando que el asunto está judicializado en la Audiencia Nacional. Esa declaración amplía el repertorio de asuntos pendientes que el Ejecutivo tendrá que gestionar durante la campaña. @mundiario
