La amenaza de un posible atentado contra uno de los principales canales de televisión de Colombia ha puesto bajo presión la seguridad de los medios de comunicación y sus trabajadores. Caracol Televisión evacuó a todo el personal de su sede principal en Bogotá durante la noche del sábado, después de recibir información de las autoridades sobre la supuesta intención de grupos armados ilegales de atacar sus instalaciones. La alerta no quedó limitada al canal: Caracol Radio aseguró que también había recibido advertencias sobre posibles acciones contra su empresa y otros medios del país.
El episodio ha adquirido una dimensión nacional después de que el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, atribuyera las amenazas al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y anunciara el refuerzo de la protección de varias organizaciones periodísticas. Sin embargo, todavía no se han presentado públicamente pruebas concluyentes sobre la autoría, la existencia de explosivos o la preparación de un ataque concreto. La diferencia entre una alerta de inteligencia y una amenaza materializada resulta fundamental para entender lo ocurrido.
La decisión de desalojar las instalaciones se produjo después de que Caracol Televisión recibiera información de las autoridades sobre la posible intención de grupos ilegales de atentar contra el canal. En un comunicado difundido en sus redes sociales, la empresa confirmó la activación de todas las medidas necesarias para proteger a su personal y su infraestructura. Al compartir complejo en Bogotá con el diario El Espectador y la emisora Blu Radio, esta amenaza no afectaba únicamente a una redacción o a un equipo de televisión, sino a un espacio en el que convergen profesionales de distintos medios de comunicación.
La evacuación fue una medida preventiva ante la información recibida. No significa que se hubiera localizado una bomba ni que las autoridades hubieran confirmado la presencia de explosivos. De hecho, El Espectador informó de que la Policía de Bogotá había comunicado que, en ese momento, no existían evidencias de artefactos explosivos en el entorno ni dentro de las instalaciones.
La preocupación aumentó cuando Caracol Radio comunicó que también había sido alertada por las autoridades sobre el riesgo de un posible atentado contra sus instalaciones y otros medios de comunicación. Ante esta situación, la emisora explicó que coordinó la activación de protocolos y medidas preventivas para proteger a sus periodistas, colaboradores y visitantes. Cabe señalar que su sede principal se encuentra en el edificio Plaza 67, una estructura donde también funcionan la Agencia EFE y el diario español El País.
A diferencia del complejo de Caracol Televisión, el edificio Plaza 67 no fue evacuado, según constató EFE. En el exterior se observaba presencia policial, aunque no se informó de un despliegue de grandes dimensiones. La extensión de las advertencias a diferentes empresas periodísticas plantea una cuestión relevante para la investigación: si se trata de una amenaza dirigida contra medios concretos o de una alerta más amplia sobre posibles acciones contra el sector de la comunicación. Por ahora, la información disponible no permite establecer si todos los avisos proceden de una misma operación ni si existe un plan coordinado.
El presidente atribuye las amenazas al ELN
El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que las alertas de inteligencia apuntaban a posibles atentados del ELN contra las instalaciones de RCN y Caracol Televisión. A través de un mensaje publicado en X, aseguró que había impartido instrucciones para movilizar los recursos del Estado destinados a proteger a los medios, sus periodistas, trabajadores y familias. El mandatario anunció también el refuerzo de la seguridad de la revista Semana. En su declaración sostuvo que ningún grupo armado podía "silenciar a los medios de comunicación mediante amenazas, intimidaciones o actos de violencia" y expresó su solidaridad con los periodistas colombianos.
Aunque la atribución al ELN constituye uno de los elementos centrales del episodio, esta debe distinguirse de una confirmación judicial o de una prueba pública de responsabilidad, ya que la información facilitada no identifica a los presuntos autores materiales ni detalla qué indicios llevaron a los servicios de inteligencia a señalar a esa guerrilla. Como organización armada con presencia en distintas regiones de Colombia y décadas de conflicto con el Estado, la posible implicación del ELN en amenazas contra medios de comunicación cobra especial relevancia por el impacto que una operación de este tipo podría ejercer sobre la seguridad de los periodistas y el ejercicio de la cobertura informativa.
La defensora del pueblo, Iris Marín, calificó de "grave y profundamente preocupante" la información sobre las amenazas contra Caracol Televisión. La funcionaria expresó su solidaridad con los trabajadores afectados y pidió a las autoridades esclarecer lo ocurrido, determinar la veracidad de las advertencias y adoptar medidas para proteger a quienes trabajan en las instalaciones.
Marín subrayó que garantizar la seguridad de los periodistas y las condiciones para ejercer el periodismo de manera libre e independiente es una obligación del Estado. También rechazó cualquier forma de intimidación o violencia contra la prensa. Por su parte, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se sumó a las expresiones de repudio y recordó que la protección de la libertad de prensa es un derecho fundamental y una garantía esencial para la supervivencia de una sociedad democrática.
La controversia política por la seguridad y la "Paz Total"
Las amenazas también han reabierto el debate político sobre la estrategia de seguridad aplicada en Colombia durante los últimos años. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue uno de los primeros dirigentes en pronunciarse y expresó su solidaridad con los trabajadores de Caracol y sus familias.
El alcalde Gutiérrez aprovechó el episodio de la amenaza de bomba para cuestionar con dureza la política de "Paz Total" implementada por el gobierno de Gustavo Petro. Basándose en el balance de cuatro años publicado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), Gutiérrez denunció que los grupos armados ilegales crecieron un 90 % durante esa estrategia, pasando de 15.120 miembros en diciembre de 2022 a un estimado de 28.802 para julio de 2026.
El dirigente también defendió la reciente Ley de Sometimiento a la Justicia impulsada por el actual Ejecutivo y reclamó que no se conceda reconocimiento político ni impunidad a las estructuras criminales. Sus declaraciones muestran cómo una alerta de seguridad puede convertirse también en un nuevo frente de confrontación sobre la política de paz, el control territorial y la respuesta del Estado frente a los grupos armados.
Sin embargo, la discusión sobre los resultados de la política de seguridad y la responsabilidad concreta por las amenazas son cuestiones diferentes. La primera exige evaluar datos sobre violencia, presencia territorial y evolución de las organizaciones ilegales. La segunda depende de las investigaciones que permitan identificar a los responsables de las advertencias recibidas por los medios.
También se conoce que la Policía, según la información difundida por El Espectador, no había encontrado evidencias de explosivos en el complejo de Caracol Televisión. No se ha comunicado públicamente que se haya producido una explosión, que existan víctimas o que se haya detenido a personas relacionadas con un intento de atentado. @mundiario
