El duelo necesita compañía; la democracia, responsabilidades

Una silla vacía. Un teléfono que ya no volverá a sonar. Un abrazo que se quedó pendiente. Antes de cualquier discurso, antes de cualquier pancarta, antes de que alguien calcule quién gana y quién pierde con una tragedia, está eso: una vida interrumpida y otra condenada a aprender a vivir con su ausencia.

La definición del diccionario termina. El dolor, no.

Este artículo parte de una exigencia: que ningún partido se apropie de las víctimas. Ni de las que sirven para acusar al adversario ni de las que incomodan cuando toca dar explicaciones. Porque una persona muerta no es un argumento electoral. Y una familia rota no debería convertirse en el decorado de una comparecencia.

Un tren que no llega a su destino. El agua entrando en una casa hasta borrar cualquier refugio. Un incendio que convierte un paisaje en ceniza y una huida en una carrera por sobrevivir. Son tragedias diferentes, con causas y responsabilidades que deben investigarse por separado. Lo que no debería cambiar es nuestra obligación de mirar a quienes las sufren sin preguntar primero quién gobierna allí.

La tentación partidista comienza cuando la pregunta «¿qué ocurrió?» queda desplazada por otra: «¿a quién podemos culpar?». Cuando se exige transparencia fuera y se administra silencio dentro. Cuando la indignación se vuelve selectiva y el mismo dolor merece una manifestación o una excusa según el color de la administración señalada.

La crítica alcanza a unos y a otros. No porque todas las responsabilidades sean iguales —eso deben determinarlo los hechos—, sino porque el respeto a las víctimas ha de exigirse a todos. Estar en la oposición no autoriza a convertir cada funeral en una tribuna. Estar en el gobierno no permite confundir la defensa de la institución con la protección de quienes pudieron fallar.

Pedir explicaciones no es utilizar a los muertos. Investigar una alerta, una infraestructura o una respuesta de emergencia no es hacer partidismo por sí mismo. Al contrario: esclarecer lo sucedido puede ser una forma imprescindible de reparación. La frontera se cruza cuando importa más desgastar al rival o salvar al propio que conocer la verdad y evitar otra tragedia.

El duelo necesita compañía; la democracia, responsabilidades. Ninguna de las dos cosas se satisface con una fotografía.

Pero compartir la palabra víctima no convierte todas las muertes en lo mismo. Quien pierde la vida en un accidente no es, por ese solo hecho, víctima de una mano asesina. Puede haber un error humano, un fallo técnico o una falta de mantenimiento: la investigación debe establecerlo, no la conveniencia de un partido. Y si hubo una negligencia, llamarla accidente no borra la responsabilidad; una imprudencia que causa la muerte también puede constituir un delito.

Las víctimas mortales de ETA, en cambio, no murieron porque alguien se equivocara al intentar protegerlas. Fueron asesinadas. Hubo voluntad de matar y de convertir esa muerte en un instrumento de terror: intimidar a la sociedad y chantajear al Estado para doblegar sus decisiones. No fue un fallo de seguridad, sino una decisión criminal. No fue una vida que no se consiguió salvar, sino una vida que se decidió arrebatar.

La diferencia no establece una jerarquía entre las lágrimas. La silla vacía de una familia no duele menos porque la muerte llegara en un accidente. Lo que cambia es la naturaleza del hecho y de la responsabilidad: una cosa es causar una muerte por imprudencia y otra matar deliberadamente para imponer un proyecto mediante el miedo. Igual dignidad para las víctimas no significa equivalencia entre las conductas que las hicieron víctimas.

Por eso hay que exigir que se esclarezcan los accidentes y se depuren las responsabilidades que correspondan, sin atribuir intenciones homicidas que no estén probadas. Y hay que recordar los crímenes de ETA sin disolver a sus autores en el lenguaje de la fatalidad. Ni la negligencia debe quedar escondida detrás de la palabra desgracia ni el asesinato detrás de la palabra conflicto. Respetar a las víctimas exige también nombrar con precisión lo que les hicieron.

Recuerdo con dolor —y lo escribo con vergüenza— a las primeras víctimas que tuvimos cerca en aquellos años duros, entre 1982 y 1986. Lo que viví entonces me dejó una impresión que todavía me pesa: una parte de la sociedad también fuera del País Vasco, no se sentía verdaderamente afectada por aquellas muertes. Y esa distancia la percibí también en una parte del propio PSOE. Para algunas familias, a la ausencia de quien había sido asesinado se añadía otra herida: sentir que su dolor no encontraba suficiente compañía.

No fueron años fáciles para los familiares. En mi experiencia, todavía no había una respuesta social unánime, ni el apoyo emocional y económico llegaba a la altura de lo que necesitaban. No hablo de la inexistencia de asociaciones, sino del desamparo que conocí de cerca y de lo mucho que quedaba por hacer. Yo lo viví porque estaba más próximo a las víctimas. Y esa cercanía me impedía considerar aquellas muertes una noticia que pudiera dejarse atrás al día siguiente.

Me consta, por nuestras conversaciones, que el ministro Barrionuevo lo sintió profundamente. Lo hablamos y nos dispusimos a ayudar de manera directa, todavía sin una organización detrás que encauzara aquella ayuda nuestra. No lo cuento para atribuirnos un mérito, sino para reconocer una carencia: el acompañamiento que aquellas familias necesitaban no debía depender de quién estuviera cerca ni de una iniciativa personal. Debía estar asegurado.

Ahora contemplo con ese mismo dolor lo que considero un uso abusivo de las víctimas de los accidentes de la alta velocidad. La polémica en torno a la dimisión de Óscar Puente me devuelve una pregunta: ¿estamos mirando a las familias o calculando el daño que podemos hacer al adversario? Unos y otros se echan en cara la tragedia, disputan el relato y buscan salir mejor parados. Pero los muertos no son un balance de campaña. Y ninguna dimisión, por necesaria que se considere, sustituye la investigación, las respuestas y el acompañamiento que se deben a quienes han perdido a los suyos.

Temo que pronto llegue el olvido. Que, cuando la dimisión de Puente deje de servir para ganar votos o para evitar perderlos, se apaguen también las voces que hoy invocan a las víctimas. Las familias seguirán viviendo con la ausencia; los partidos habrán encontrado otra disputa. Esa es la obscenidad que me duele: que el recuerdo dure lo que dura su utilidad. Mientras tanto, los muertos sirven para escupir a los vivos. Y después, cuando ya no sirven, se les deja otra vez solos en la memoria de los suyos.

El olvido más peligroso no siempre consiste en borrar un nombre. Puede empezar al suavizar una palabra, al tratar un asesinato como una incomodidad histórica, al pedir que no se recuerde demasiado para no perturbar el presente. La paz no debería exigir a quienes perdieron a los suyos que escondan también su memoria.

Los acuerdos políticos del Gobierno con EH Bildu suscitan una pregunta legítima: ¿puede la necesidad de apoyos parlamentarios rebajar la exigencia moral hacia el entorno político que justificó el terrorismo? La respuesta de este artículo es no. Ninguna mayoría merece construirse al precio de hacer sentir a las víctimas que su historia estorba.

La preocupación no es una abstracción. En febrero de 2026, la Asociación Víctimas del Terrorismo pidió al Gobierno que aclarase si una eventual no renovación de ETA en la lista europea de organizaciones terroristas podía ofrecerse a EH Bildu como gesto a cambio de apoyo parlamentario. La propia asociación reconoció que ETA podía no cumplir ya los criterios de esa lista. Era una petición de explicaciones, no una prueba de un intercambio: esa diferencia debe respetarse incluso al formular la crítica más severa. Al Gobierno hay que exigirle que ningún pacto diluya la verdad sobre ETA ni la responsabilidad de quienes ampararon su violencia.

Recordar de verdad es quedarse cuando se apagan las cámaras. Escuchar sin exigir adhesiones. Acompañar una reclamación, aunque no produzca un titular favorable. No esconder una investigación porque perjudique a los propios. No reclamar una justicia distinta según quién ocupe el despacho.

Las familias no necesitan que alguien les preste una bandera para merecer respeto. Necesitan verdad, asistencia y respuestas. Y necesitan que la sociedad no confunda el final de una noticia con el final de su sufrimiento.

Que cada partido responda por sus decisiones. Que cada responsabilidad se determine con pruebas. Que ningún duelo sea utilizado para eludir preguntas ni ninguna pregunta para exhibir un duelo.

Los muertos no pueden corregir el discurso que se pronuncia en su nombre. Por eso nuestra obligación es mayor: no ponerles en la boca una consigna, no colocarles en el bolsillo un carné, no convertir su ausencia en una ventaja.