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Por Mekala Krishnan, Sylvain Johansson y Kanmani Chockalingam, Project Syndicate.

BOSTON/GINEBRA/SEATTLE- Mientras los líderes mundiales se reúnen en Antalya, Turquía, con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), la adaptación al cambio climático ocupa un lugar destacado en la agenda. Los argumentos económicos a favor de la acción son convincentes. Medidas que van desde las defensas contra las inundaciones hasta las tecnologías de refrigeración y riego pueden prevenir pérdidas -incluidos daños materiales, menor productividad y reducción de los rendimientos agrícolas- por un valor que multiplica varias veces su costo. Sin embargo, el mundo invierte solo una fracción de lo necesario, lo que deja a muchas personas y activos sin la protección adecuada frente a los fenómenos meteorológicos extremos.

El McKinsey Global Institute (MGI) ha constatado que el mundo gasta aproximadamente 190 mil millones de dólares al año en 20 medidas de adaptación de eficacia probada que protegen contra el calor, los incendios forestales, las inundaciones y la sequía. Pero esto supone solo un tercio de los 540 mil millones de dólares necesarios para proteger a todas las personas expuestas a riesgos climáticos según los estándares de las economías desarrolladas. Estas medidas podrían costar 1.2 billones de dólares al año cuando el mundo alcance los 2°C por encima de los niveles preindustriales, lo que, según las trayectorias actuales de emisiones, podría ocurrir alrededor de 2050. No obstante, estimamos que los beneficios en forma de pérdidas evitadas serían aproximadamente tres veces superiores a los costos actuales de estas medidas, y aumentarían hasta siete veces los costos cuando el calentamiento alcance los 2°C.

Es evidente que los beneficios económicos no bastan para garantizar la inversión. El problema es que lo que tiene sentido desde el punto de vista económico para la sociedad no siempre lo tiene desde el punto de vista financiero para los hogares, las empresas y los gobiernos de los que se espera que actúen. Pensemos, por ejemplo, en la construcción de un dique marítimo. Protege a los residentes, las empresas, los propietarios de inmuebles y las aseguradoras de las pérdidas por inundaciones, pero el organismo público que lo construye no tiene forma de recuperar sus costos, ya que un dique marítimo no genera ingresos. Del mismo modo, a un banco le puede resultar difícil financiar un activo sin un flujo de caja predecible.

Una nueva investigación del MGI que analiza las barreras a la inversión a través de 20 medidas identifica dos condiciones previas para la adaptación al cambio climático: los hogares, las empresas y los gobiernos deben estar dispuestos a implementar medidas, y ser capaces de hacerlo, mientras que los proveedores de capital deben estar dispuestos a financiarlas en condiciones aceptables. Las prioridades de gasto contrapuestas, los beneficios poco claros, los incentivos desalineados y los desafíos en materia de implementación pueden limitar la demanda, mientras que los riesgos de reembolso, el desempeño incierto de los proyectos y la dificultad de realizar numerosas inversiones pequeñas pueden obstaculizar la financiación incluso cuando existe demanda.

Si bien estas barreras a menudo se refuerzan mutuamente, no son universales. Estimamos que, para 2050, medidas que representan un costo anual de adaptación de aproximadamente 460 mil millones de dólares -alrededor del 40% del total necesario- podrían estar “listas para su implementación”, sin apenas restricciones mínimas en cuanto a demanda o financiación. Más allá de proteger vidas y medios de subsistencia, estas medidas -que van desde sistemas de refrigeración hasta la gestión de las aguas pluviales- representan una posible oportunidad de mercado para los proveedores de soluciones de adaptación y los financiadores; se prevé que más de dos tercios de esta oportunidad se concentren en regiones de mayores ingresos.

Sin embargo, existen obstáculos importantes que impiden movilizar los 690 mil millones de dólares anuales adicionales para la adaptación en un escenario de 2°C, especialmente en los lugares menos protegidos. En India y el África subsahariana, los costos de adaptación podrían alcanzar entre el 2% y el 3% del PIB, frente al 0.3%-0.5% en las regiones de mayores ingresos. Al mismo tiempo, se estima que menos del 20% de la inversión en adaptación necesaria en estas regiones esté lista para su implementación, frente a más de la mitad en las regiones de mayores ingresos, lo que pone de manifiesto la necesidad de innovar en la forma en que se lleva a cabo y se financia la adaptación.

Hay tres cuestiones que deben abordarse. En primer lugar, la adaptación debe resultar más asequible para los hogares que tienen dificultades para llegar a fin de mes, ya que las necesidades anuales de adaptación, que ascienden a unos 440 mil millones de dólares, podrían verse obstaculizadas por otras prioridades de gasto y por la falta de solvencia crediticia. Esto implica contar con tecnologías y mecanismos de financiación más económicos. Por ejemplo, las autoridades municipales de Ahmedabad (India) colaboraron con la organización Mahila Housing Trust para reducir el costo de los techos reflectantes del calor en hogares de bajos ingresos, mediante subsidios, planes de crédito y una implementación coordinada.

En segundo lugar, unos incentivos más sólidos, pruebas más claras de los beneficios y una mayor capacidad operativa podrían desbloquear unos 210 mil millones de dólares en costos anuales de adaptación. Para crear más espacio que permitiera a los ríos desbordarse de forma segura, el programa neerlandés “Espacio para el río” (Room for the River) tuvo que convencer a algunos propietarios de que cedieran sus terrenos o cambiaran el uso que les daban, a pesar de que los beneficios del programa repercutían de manera generalizada en el conjunto de las comunidades. El programa llevó a cabo más de 30 proyectos mediante la alineación de incentivos, a través de indemnizaciones, la adquisición de propiedades y apoyo a la reubicación, y la coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, las autoridades responsables de la gestión del agua y las comunidades.

Por último, existe demanda para los 40 mil millones de dólares restantes destinados a medidas de adaptación necesarias que actualmente se ven obstaculizados por diversas barreras; no obstante, para que estos proyectos resulten viables para la inversión, es preciso hacerlos atractivos mediante mecanismos de generación de ingresos y estructuras de financiación innovadores, o bien aportando pruebas de un desempeño fiable que permita reducir el riesgo para los inversores. La iniciativa “Maíz tolerante a la sequía para África” (Drought Tolerant Maize for Africa) demuestra cómo la financiación en las etapas iniciales puede contribuir a consolidar la trayectoria de soluciones de adaptación emergentes. Los donantes apoyaron años de investigación y ensayos sobre el terreno, mientras que las alianzas con empresas locales de semillas facilitaron la ampliación de la producción y la distribución. Para 2014, las semillas resistentes a la sequía habían llegado a unos 5.4 millones de hogares.

Existen muchas formas probadas de proteger a las personas y a los activos frente a los fenómenos meteorológicos extremos. Sin embargo, para impulsar la adaptación será necesario que cada parte interesada desempeñe su papel. Las empresas deberían integrar la resiliencia climática en sus decisiones de inversión y desarrollar medidas de adaptación más asequibles. Las instituciones financieras deberían crear estructuras de financiación que reflejen mejor el valor económico de las pérdidas evitadas. Y los gobiernos deberían reforzar los incentivos, coordinar la implementación y destinar los escasos recursos públicos a inversiones que los mercados por sí solos no pueden financiar.

Se ha demostrado una y otra vez que la adaptación aporta un valor económico sustancial. El desafío hoy consiste en garantizar que quienes necesitan invertir dispongan de los medios. y de los incentivos, para hacerlo. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Mekala Krishnan es socia del McKinsey Global Institute. Sylvain Johansson es director del McKinsey Global Institute. Kanmani Chockalingam es investigadora sénior del McKinsey Global Institute.

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