El derecho al voto de cerca de 190.000 españoles residentes en el extranjero seguirá vigente para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El Tribunal Supremo ha rechazado suspender también el sufragio de los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la conocida como ley de nietos, una medida que habían solicitado Vox e Iustitia Europa.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que ampliar ahora la suspensión sería incompatible con los plazos del calendario electoral. Los magistrados advierten de que queda demasiado poco tiempo para revisar el censo, identificar a los afectados y garantizar que el procedimiento pueda ejecutarse sin poner en riesgo la votación.
La decisión supone un nuevo capítulo en la controversia judicial sobre el derecho al sufragio de los españoles nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática. También establece una diferencia importante entre dos grupos de ciudadanos que han adquirido la nacionalidad a través de distintas disposiciones de esa normativa.
Por qué el Supremo ha rechazado la petición de Vox
Vox e Iustitia Europa pretendían extender a los hijos de los nacionalizados una suspensión que el alto tribunal había acordado previamente para otro colectivo. Su argumento era que también debía revisarse el derecho al voto de quienes consiguieron la nacionalidad a través de sus padres.
Sin embargo, los jueces consideran que el momento en el que se ha presentado la petición resulta determinante. La campaña electoral está a punto de comenzar y el voto de los españoles residentes en el extranjero se encuentra ya en una fase avanzada de organización.
El Supremo señala que revisar ahora el censo exterior obligaría a poner en marcha nuevas actuaciones administrativas y consulares, con un margen temporal muy reducido. Además, advierte de que una modificación de estas características podría perjudicar la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso electoral.
La Sala también destaca que el colectivo afectado es incluso más numeroso que el de los nacionalizados cuyo voto ya fue suspendido: 189.678 personas frente a 162.454.
La diferencia entre los dos grupos de nacionalizados
El origen de la polémica está en la Ley de Memoria Democrática de 2022, que abrió nuevas vías para obtener la nacionalidad española a descendientes de emigrantes y exiliados.
En septiembre, el Supremo acordó suspender cautelarmente el derecho al voto de más de 163.000 personas nacionalizadas por una de las disposiciones de esa ley. La medida afectó a quienes habían obtenido la nacionalidad por ser hijos o nietos de españoles que la perdieron como consecuencia del exilio por motivos políticos, ideológicos o de orientación sexual.
Los hijos de esos nuevos españoles, sin embargo, habían accedido a la nacionalidad mediante otro apartado de la misma disposición adicional octava. Ese segundo grupo es el que Vox e Iustitia Europa querían incluir ahora en la suspensión.
La decisión de este lunes mantiene su derecho a participar en las elecciones, aunque no modifica la situación de quienes ya tienen suspendido cautelarmente el sufragio.
La Abogacía del Estado se había opuesto a ampliar la suspensión y advirtió de que identificar a todos los afectados en tan poco tiempo podía resultar materialmente imposible. También alertó de que la medida podría generar problemas en la organización de las votaciones e incluso en el escrutinio.
La controversia, no obstante, sigue abierta para el otro colectivo afectado por la decisión judicial de septiembre. El debate sobre el censo exterior y la participación de los españoles nacionalizados se ha convertido así en uno de los asuntos jurídicos y políticos más sensibles de la campaña electoral. @mundiario
