España afrontaría unas eventuales elecciones anticipadas con una situación económica muy diferente a la de otras grandes citas electorales. No hay recesión, rescate financiero ni destrucción masiva de empleo. Al contrario: la economía crece por encima de buena parte de Europa, aumenta la ocupación y el desempleo mantiene una trayectoria descendente. Es un balance que el Gobierno puede legítimamente reivindicar. Pero existe una segunda realidad igualmente difícil de ignorar: una parte importante de los ciudadanos no percibe en su vida cotidiana una prosperidad equivalente a la que reflejan las grandes cifras.
Esa contradicción debería ocupar el centro del próximo debate económico, haya o no elecciones anticipadas. La Comisión Europea prevé que España mantenga en 2026 un crecimiento claramente superior al de la zona euro y que el paro continúe reduciéndose. Son datos importantes después de años encadenando pandemia, inflación, guerras y crisis energética. La economía española ha demostrado una capacidad de resistencia que conviene reconocer.
El problema es qué ocurre después de crecer. España todavía no consigue transformar suficientemente ese avance del PIB y del empleo en tres elementos decisivos para determinar el bienestar de una sociedad: productividad, vivienda accesible y una mejora claramente perceptible del poder adquisitivo.
El PIB crece más deprisa que la sensación de bienestar de los hogares. Vivienda y productividad decidirán cuánto vale realmente el crecimiento
La productividad constituye probablemente la cuestión menos visible y más importante. Crear empleo es fundamental, pero una economía solo puede elevar de manera sostenida los salarios reales si cada trabajador y cada empresa son capaces de generar más valor. España arrastra desde hace décadas dificultades para cerrar esa brecha con las economías europeas más avanzadas. El tamaño reducido de muchas empresas, la burocracia, una inversión insuficiente en innovación y tecnología y determinados problemas de formación limitan ese salto.
La segunda gran fractura es la vivienda. De poco sirve que aumente un salario si una parte creciente de esa mejora termina absorbida por el alquiler o por una hipoteca cada vez más difícil de alcanzar. La vivienda se ha convertido así en uno de los principales mecanismos que separan la evolución positiva de la macroeconomía de la experiencia diaria de muchas familias. Especialmente entre los jóvenes, tener trabajo ya no garantiza poder emanciparse. Ahí aparece además una formidable desigualdad generacional. Quien compró una vivienda hace décadas puede haberse beneficiado de una importante revalorización patrimonial; quien intenta acceder ahora necesita dedicar una proporción mucho mayor de sus ingresos o simplemente queda fuera del mercado. El crecimiento económico convive de esta manera con una barrera de entrada que condiciona proyectos familiares, movilidad laboral, ahorro y natalidad.
El tercer problema es el poder adquisitivo. Los salarios han aumentado, pero los hogares han soportado también varios años de fuertes incrementos en alimentación, energía, alquileres y otros gastos básicos. Cuando el PIB crece y el empleo alcanza cifras elevadas pero una familia comprueba que llegar a final de mes continúa siendo difícil, se abre inevitablemente una distancia entre la estadística y la percepción económica, que es lo que está pasando.
Esa distancia no invalida los buenos resultados macroeconómicos. Tampoco puede despacharse afirmando que los ciudadanos no saben reconocerlos. Las dos realidades pueden coexistir: España puede crecer con fuerza y crear mucho empleo mientras una parte de la población considera insuficiente la mejora de su nivel de vida. Tal vez es ahí donde debe centrarse el debate político si Pedro Sánchez termina adelantando las elecciones. La cuestión no sería tanto determinar quién puede atribuirse el crecimiento como explicar qué propone cada bloque para convertirlo en una prosperidad más ampliamente compartida.
La derecha pone el acento en reducir impuestos y burocracia, mejorar la seguridad jurídica, favorecer la inversión y aumentar la oferta de vivienda mediante más suelo y construcción. La izquierda insiste en elevar salarios, reforzar los servicios públicos, ampliar el parque público de vivienda y utilizar la regulación para proteger a trabajadores e inquilinos. Son aproximaciones diferentes y ambas deberán demostrar no solo sus objetivos, sino también sus costes, financiación y efectos secundarios. Porque bajar impuestos sin explicar cómo se sostendrá el gasto público sería insuficiente, igual que aumentar permanentemente el gasto sin aclarar cómo financiarlo. Incentivar la demanda de vivienda sin aumentar la oferta puede terminar elevando los precios, pero regularlos sin conseguir que aparezcan nuevas viviendas tampoco resolverá el problema estructural.
España necesita probablemente una discusión económica menos pendiente de los eslóganes y más concentrada en esas contradicciones: cómo lograr empresas más productivas, cómo construir mucha más vivienda donde realmente se necesita, cómo conseguir que los salarios reales progresen. cómo utilizar mejor los fondos europeos. cómo sostener pensiones y servicios públicos sin trasladar una deuda excesiva a las siguientes generaciones... Esos son los desafíos que permanecen detrás de la incertidumbre política, haya elecciones anticipadas o no. @J_L_Gomez en @mundiario
