El domingo 15 de mayo de 2011 emergió en España un movimiento de corte regeneracionista, centrado en luchar contra la corrupción y en favor de la transparencia, de la calidad democrática, del empleo y de la igualdad económica. Es decir, en pro de indicadores positivos de desarrollo socioeconómico. Todo ello, en un contexto de Gran Recesión económica y de pervivencia del posfranquista y vigente Régimen de 1978, el cual se caracteriza por un profundo déficit democrático, como a continuación vamos a analizar, y como ya hemos leído en otros artículos de este colaborador.
¿Cuál ha sido el impacto de este movimiento por áreas temáticas?
Desigualdad económica y fiscalidad: España sigue siendo un país fiscalmente menos progresivo que los Estados nórdicos. En 2011 la bolsa de fraude fiscal oscilaba entre los 40.000 y los 60.000 millones de euros (Gestha, 2011). A pesar del auge del pago con tarjeta, a raíz de la pandemia de la COVID-19, el mismo sindicato de inspectores de Hacienda cifró en torno a 90.000 millones el nivel de fraude fiscal en 2023. De entre las peticiones del 15-M al respecto (controles más estrictos, Tasa Tobin, fin de privilegios a grandes corporaciones y mayor progresividad fiscal), el Gobierno solamente ha implementado la primera de ellas y, en escasa medida, la última. Si bien es cierto que el sanchismo ha sido, efectivamente, más progresivo fiscalmente que el zapaterismo o que el marianismo, España sigue siendo el sexto país más desigual de la UE (Eurostat, 2025).
Estado del Bienestar: El movimiento indignado ya criticaba la primera oleada de recortes en sectores como la educación y sanidad. En la actualidad, el crecimiento territorial de PP-Vox y la descentralización competencial ha dado lugar a un fenómeno político curioso: el ayusismo administrativo. Es decir, se trata de una derecha pseudoliberal que defiende el Estado de las Autonomías como una oportunidad de reducir lo público y de estimular la competencia fiscal entre nacionalidades y regiones. O sea, la esfera azul es menos leal a los principios de unidad y solidaridad. En otras palabras, es menos patriota.
Justicia y TC: Nuestro actual sistema judicial está ampliamente influenciado por la clase política. Para contrarrestar este fenómeno estructural, el 15-M abogó por una mayor inversión en Justicia, por la despolitización del CGPJ, TS, TC y Fiscalía General del Estado, así como del fin de los ascensos como consecuencia de afinidades políticas y de redes internas de poder. Actualmente, el único cambio en este ámbito es el sistema de becas para opositores a la carrera judicial.
Medios de comunicación: El 15-M denunció un fenómeno que hoy en día sigue existiendo: las subvenciones a la prensa por parte de numerosas administraciones (clientelismo político), así como la notoria influencia en los media por parte de los grandes poderes económicos.
Monarquía: Esta institución, claramente antidemocrática y heredera jurídica del franquismo, fue objeto de críticas por parte de los indignados por sus presuntos nivel de despilfarro y falta de transparencia, por el hecho de que el Rey es inviolable y por su carácter no elegible.
Partidos políticos: El Movimiento 15-M señaló varias verdades muy incómodas: los partidos ven reciben financiación empresarial y pública, además de que pueden ser beneficiarios de créditos bancarios. Y muchas de estas organizaciones ven las administraciones públicas como cotos privados de colocación laboral. Ello genera endogamia, menos meritocracia, dependencia de los poderes económicos y competencia desleal con los partidos extraparlamentarios, además de burocratización.
Privilegios de la alta clase política: Ni a PP ni a PSOE les ha interesado reducir drásticamente el aforamiento ni acabar con las puertas giratorias ni con los privilegios económicos de numerosos cargos públicos, como pedía esta organización renovadora.
Sistema electoral: Los indignados defendieron una mayor proporcionalidad en el voto frente a la “atomización provincial”, además de listas abiertas. En este sentido, en 2018 Podemos, heredero político del 15-M, y Ciudadanos buscaron un pacto con PSOE y PSC para modificar la LOREG en un sentido favorable a una mayor proporcionalidad electoral. La respuesta de Ferraz fue negativa, excusándose en “falta de consenso con el PP”. Nada ha cambiado al respecto. Recordemos que en un sistema electoral plenamente democrático -en los comicios a la Cámara Baja- aproximadamente un 0,29% de los votos en el conjunto de España equivaldría a 1/350 diputados.
Vivienda: Exceptuando el apoyo al alquiler, los diferentes ejecutivos centrales han hecho caso omiso a reivindicaciones (del 15-M y otras organizaciones con una visión socialista en el tema de la vivienda) como la dación en pago frente a los desahucios, la prohibición de la acción en España de los fondos buitres o de los pisos turísticos o el gravamen a las viviendas vacías de aquellos que son multipropietarios (diez o más viviendas).
La gran mayoría de propuestas de los indignados, ignoradas
Con la excepción del escudo social, del sistema de becas, de algunos aspectos fiscales y de cuestiones como las ayudas al alquiler -desarrollados por gobiernos conformados por PSOE, PSC y Confluencias, desde 2020-, la gran mayoría de propuestas de los indignados y, sobre todo, las más estructurales han sido ignoradas por los diferentes ejecutivos. En el caso del PP y Vox, obviamente no podemos esperar prácticamente nada, ya que sus programas y sus acciones políticas son claramente opuestas al regeneracionismo institucional.
Pero no nos debemos olvidar de la izquierda -más afín, en teoría, a este movimiento reformista-, la cual durante casi cuatro años tuvo mayoría absoluta (2019-23). En ese intervalo cronológico PSOE, PSC, Confluencias de izquierda alternativa, Más País-Equo, ERC-Sobiranistes, CUP, Compromis, EHB, Nueva Canarias y BNG sumaron 181/350 congresistas (resultados del 10 de noviembre de 2019). Es decir, todas ellas tuvieron el poder para articular políticas públicas ampliamente transformadoras. Si bien es cierto que la primera mitad de la legislatura estuvo marcada por la pandemia de la COVID-19, en la segunda mitad de aquel mandato la incidencia de dicha patología fue bastante menor.
¿Qué prefirieron PSOE-PSC? No molestar al conjunto de los poderes conservadores del Régimen de 1978. ¿Por qué optaron Podemos y sus escindidos, es decir, los herederos ideológicos del 15-M? Por seguir enfrentándose entre sí, por tener ciertas incoherencias entre discurso y ejemplo y por centrarse principalmente en cuestiones sociales “posmodernas”. Véase, en este último caso, Irene Montero y las personas afines que trabajaron en su ministerio.
Pero el afán renovador del 15-M no solo tuvo como únicos referentes a la izquierda más pura. Así, la socioliberal UPyD fue quizás el partido con el enfoque regeneracionista más claro, pero precisamente ello fue lo que le llevó al boicot por parte de los grandes poderes sociales de España. Y el liberal-demócrata Ciudadanos siempre ha sido una versión más “descafeinada” de los magentas en esta cuestión. Además, los errores estratégicos naranjas los han llevado a la situación actual de irrelevancia institucional.
En resumen, no fallaron las propuestas del Movimiento 15-M. Fallaron sus representantes partidistas: unos, porque prefieren seguir acomodados al sistema, aunque una parte importante del mismo Régimen los desprecie (PSOE y PSC); otros, por cainitas, woke e incoherentes (izquierda alternativa estatal); y otros, porque pivotaron demasiado en torno al poder (Ciudadanos).
A los únicos que “no fallaron” no les dejaron competir -precisamente por eso- y, por ello, su partido se disolvió jurídicamente en 2020. Obviamente, hablo de UPyD. Por distintos motivos falló, y sigue fallando, el Régimen del 78... pero también, la izquierda woke. @mundiario
