Washington, Estados Unidos.- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ordenó de forma interna a las fiscalías federales de todo su territorio triplicar el número de acusaciones penales en contra de servidores públicos sospechosos de cooperar con los cárteles del narcotráfico, instruyendo además fincarles cargos bajo la modalidad de terrorismo, según reveló este viernes el diario estadounidense The New York Times.
De acuerdo con la publicación, que cita lineamientos específicos emitidos por el subprocurador general adjunto, Aakash Singh, durante una conferencia telefónica en la que participaron los 93 fiscales federales de la Unión Americana, la directriz institucional es incrementar de manera drástica los expedientes dirigidos a capturar a narcopolíticos mexicanos, sin importar que las acciones judiciales provoquen tensiones o molestias diplomáticas al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“Deberíamos triplicar el número de acusaciones contra funcionarios gubernamentales corruptos en México que utilizan su poder y sus cargos para encubrir a terroristas y monstruos que trafican con miseria y veneno”, citó el rotativo neoyorquino al describir la postura del subprocurador Singh.
Durante la sesión informativa con los fiscales, el funcionario de la administración norteamericana dejó en claro que la política de persecución penal exterior no se detendrá por consideraciones de cortesía política internacional.
“Si esto resulta desagradable para los funcionarios del Gobierno mexicano y les ofende que estemos haciendo esto, no puedo pensar en nada que me importe menos. Si además los avergonzamos y humillamos en el proceso, entonces eso sería la cereza del pastel para nosotros”, puntualizó.
La ofensiva legal y el endurecimiento de la justicia norteamericana se da en el contexto de las facultades especiales que mantiene la Casa Blanca. Desde febrero del año 2025, la administración del presidente Donald Trump designó formalmente al Cártel de Sinaloa y a otras cinco corporaciones del narcotráfico mexicano bajo el estatus penal de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).
A partir de dicho decreto presidencial, las agencias de seguridad y los tribunales federales de los Estados Unidos han comenzado a fincar cargos por terrorismo no solo contra los operadores directos y sicarios de las células criminales, sino también contra personas, empresarios y servidores públicos que les brinden cualquier tipo de asistencia material, financiera o de protección institucional.
HLL