El Acuerdo Global Modernizado (AGM) entre México y la Unión Europea, a firmarse este 22 de mayo, creará un tribunal sobre inversiones para promover certidumbre a las empresas.
El nuevo texto que moderniza el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) sustituye los antiguos acuerdos bilaterales por un novedoso Tribunal de Solución de Controversias de Inversión.
Con ello, establece el marco normativo para asegurar el flujo de capitales transfronterizos y proveer certidumbre a las operaciones de los inversionistas. El tratado regula escenarios prácticos aplicables a empresas mexicanas con inversiones en la Unión Europea y a empresas europeas con inversiones en México.
Este instrumento protege las inversiones mediante una definición amplia que trasciende a las empresas tradicionales. La protección abarca acciones, bonos, préstamos, concesiones de servicios, contratos de construcción, derechos de propiedad intelectual, derechos inmobiliarios, arrendamientos y garantías.
Toda inversión de capital realizada con la expectativa de obtener ganancias o beneficios queda protegida desde el momento de su realización con el AGM. La cobertura ampara inversiones de personas independientes y grandes inyecciones de capital corporativo.
El marco legal protege inversiones bajo control directo o indirecto, exigiendo únicamente que existan y cumplan con las leyes aplicables. Estas disposiciones aseguran a los inversionistas mexicanos protecciones claras en la Unión Europea y garantizan a los bancos europeos que sus operaciones en México estarán libres de confiscaciones o discriminaciones arbitrarias.
El Acuerdo establece un mecanismo imparcial para resolver las controversias originadas por presuntas violaciones a las obligaciones de las Partes. El sistema sustituye el arbitraje tradicional por un mecanismo que integra a expertos en inversión internacional, evalúa el derecho internacional y otorga a ambas partes el derecho a presentar argumentos.
El diseño asegura la transparencia, la rapidez y la previsibilidad de las resoluciones. El mecanismo incluye procedimientos claros para la presentación de reclamaciones, define plazos estrictos y establece reglas de prueba precisas. Las determinaciones se fundamentan en interpretaciones consistentes del tratado y evitan la reinvención de la ley jurisprudencial en cada caso.
El panel de solución de controversias estará compuesto por tres miembros, de cada uno de los siguientes grupos: una sublista de personas de la Unión Europea, una sublista de personas de México y una sublista de personas que servirán como presidente del panel. Cada sublista incluirá al menos cinco personas. El panel deberá entregar su informe final a las Partes dentro de los 120 días siguientes a la fecha de su constitución.
Además, el AGM prohíbe la imposición de requisitos discriminatorios a los inversionistas extranjeros por parte de los gobiernos. Con ello, las autoridades no pueden exigir a un inversionista extranjero que exporte un porcentaje determinado de su producción ni requerir la compra de componentes locales para alcanzar un contenido nacional mínimo.
Tampoco pueden obligar a las empresas a transferir tecnología como condición para operar en el territorio. El Acuerdo elimina estos requisitos de desempeño utilizados históricamente para proteger industrias locales debido a las distorsiones que generan en el mercado.
Ambas partes asumen el compromiso de aplicar automáticamente a la otra Parte cualquier trato más favorable otorgado a un tercer país. Como ejemplo práctico, si México firma un acuerdo con China permitiendo la operación de bancos chinos con requisitos reducidos, esos mismos beneficios deben extenderse a las instituciones de la Unión Europea.
Trato nacional
Las empresas extranjeras deben recibir el mismo trato que las empresas locales en situaciones similares. Si México otorga una licencia a una empresa nacional bajo ciertos términos, está obligado a otorgar términos equivalentes a una empresa europea.
Cualquier trámite exigido a las empresas locales debe exigirse de forma idéntica a las empresas extranjeras. Los impuestos cobrados a las empresas nacionales deben aplicarse de forma equivalente a las corporaciones foráneas.
El Acuerdo garantiza la libre transferencia de los capitales generados por una inversión hacia el país de origen del inversionista. Las transferencias amparadas incluyen dividendos, intereses, beneficios, salarios derivados de la operación y los productos de la venta de la inversión.
Los inversionistas mexicanos con operaciones rentables en la Unión Europea tienen el derecho de enviar sus ganancias a México sin restricciones y inversionistas europeos que cierren operaciones en territorio mexicano pueden retirar su capital. El tratado contempla medidas temporales de salvaguardia para casos de crisis graves de balance de pagos; deben ser proporcionales y no discriminatorias.
La nueva protección de inversiones
- El Acuerdo Global Modernizado (AGM) crea un Tribunal de Solución de Controversias de Inversión para asegurar el flujo de capitales transfronterizos y proveer certidumbre a las operaciones de los inversionistas.
- La protección abarca acciones, bonos, préstamos, concesiones de servicios, contratos de construcción, derechos de propiedad intelectual, derechos inmobiliarios, arrendamientos y garantías.
- El mecanismo incluye procedimientos claros para la presentación de reclamaciones, define plazos estrictos y establece reglas de prueba precisas.
- El panel de solución de controversias estará compuesto por tres miembros y deberá entregar su informe final a las Partes dentro de los 120 días siguientes a la fecha de su constitución.
- Además, el AGM prohíbe la imposición de requisitos discriminatorios a los inversionistas extranjeros por parte de los gobiernos.
- Tampoco se puede obligar a las empresas a transferir tecnología como condición para operar en el territorio.
