La crisis energética actual no es un fenómeno abstracto ni una tormenta lejana. Tiene una causa clara y consecuencias directas. El cierre del golfo Pérsico, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, ha tensado el mercado global y disparado los precios. Y cuando el petróleo sube, no solo se encarece llenar el depósito. Se encarece casi todo, desde el transporte de alimentos hasta la producción industrial.
En este contexto, el Fondo Monetario Internacional ha vuelto a advertir sobre un recurso habitual en tiempos de crisis: los subsidios generalizados a los combustibles y la energía. Según el organismo, estas medidas pueden terminar elevando aún más la inflación, porque mantienen artificialmente alta la demanda en un momento de escasez. Dicho de otro modo, si hay menos oferta y el consumo no baja, el resultado lógico es que los precios suban todavía más.
Cuando el Estado paga, no desaparece el coste
El Gobierno español, como otros en Europa, ha aplicado rebajas fiscales para amortiguar el golpe, entre ellas la reducción del IVA de los carburantes y ajustes en el impuesto especial sobre hidrocarburos. Estas medidas han supuesto más de 1.000 millones de euros de menor recaudación en apenas unos meses. Sin embargo, el alivio ha sido limitado y rápidamente absorbido por el propio aumento del precio del gasóleo.
Aquí aparece el primer problema estructural. Una ayuda generalizada funciona como una manta extendida sobre toda la población, pero no cubre igual a quien duerme en el suelo que a quien ya tiene abrigo. Los hogares con mayores ingresos consumen más combustible, viajan más y, por tanto, reciben un beneficio superior. Así, el dinero público termina actuando como una subvención indirecta para quienes menos lo necesitan.
Además, existe una dificultad política evidente. Una vez que se instala una rebaja fiscal, retirarla puede convertirse en un conflicto social. El FMI lo recuerda con ejemplos internacionales. Indonesia, con subsidios históricos a la gasolina, ha sufrido protestas masivas cuando ha intentado recortarlos. Argentina, por su parte, arrastra décadas de ayudas energéticas indiscriminadas que han contribuido al deterioro fiscal del país. No es solo una cuestión económica, es un problema de dependencia política.
El riesgo de alimentar la inflación sin resolver la raíz
La inflación energética funciona como un incendio. Si se intenta apagar con gasolina barata, el fuego no se ve menos, pero sigue avanzando por debajo. El FMI alerta de que las medidas mal diseñadas pueden disparar el coste fiscal, agravar las fragilidades presupuestarias y presionar aún más los precios globales.
También está el factor europeo. La Comisión Europea ya advirtió que la rebaja del IVA aplicada por España podía vulnerar las normas comunitarias. Esto revela otro punto clave. En una economía interconectada, los gobiernos no tienen libertad total de maniobra, y algunas medidas que parecen rápidas y eficaces terminan siendo inviables jurídicamente.
Los subsidios generalizados, además, pueden retrasar un ajuste inevitable. Si el combustible se mantiene artificialmente barato, se reduce el incentivo para ahorrar energía, cambiar hábitos o acelerar la transición hacia alternativas más limpias. Es un parche que enfría el termómetro sin curar la fiebre.
Proteger a los vulnerables sin caer en trampas fiscales
La parte más relevante del análisis del FMI no es la crítica, sino la alternativa. El organismo insiste en que la prioridad debe ser proteger a los hogares más vulnerables, porque destinan una proporción mucho mayor de sus ingresos a energía y alimentos. En ellos, una subida del combustible no es una molestia, es una amenaza directa de pobreza.
Por eso, tiene más sentido reforzar transferencias directas, ayudas focalizadas y medidas temporales de liquidez, como aplazamientos de impuestos o líneas de crédito. Son herramientas menos costosas, más fáciles de retirar y mejor orientadas.
El debate no debería ser si el Estado debe intervenir, sino cómo hacerlo sin convertir una emergencia en un agujero permanente. En una crisis energética, el dinero público debe actuar como bisturí, no como martillo. Y si no se protege bien a quienes más sufren, la factura no solo será económica, también será social. @mundiario