Francia vuelve a mirar este lunes a sus institutos con una pregunta que ya no se limita al estado de las aulas: ¿hasta dónde puede crecer una protesta nacida de las carencias de la educación pública antes de convertirse en una crisis de orden público? El Ministerio de Educación ha anunciado que entre 400 y 500 institutos permanecerán total o parcialmente cerrados porque no se consideran garantizadas las condiciones de seguridad. No es una cifra menor: el Gobierno asegura que 735 centros se han visto afectados desde el comienzo de la movilización y que 24 han sido incendiados o saqueados.
El movimiento comenzó en la región parisina y se extendió rápidamente por otras ciudades. Las primeras reivindicaciones tenían un contenido muy concreto: falta de profesores, sustituciones que no llegan, aulas saturadas, edificios deteriorados, horarios excesivamente largos y desigualdades entre centros.
El problema de fondo es que buena parte de los estudiantes no están planteando una discusión abstracta sobre el modelo educativo francés, sino describiendo las condiciones materiales en las que reciben las clases. Reuters y AP han documentado que las protestas arrancaron especialmente en zonas desfavorecidas de la periferia de París y después se extendieron a más de un millar de centros en distintos grados de movilización.
Ahí se encuentra una de las claves para entender por qué la protesta ha adquirido tanta dimensión. La cuestión educativa coincide con una discusión presupuestaria especialmente delicada. El proyecto para 2027 contempla una subida del gasto educativo inferior a la inflación, alrededor del 1,7%, mientras el sistema afronta problemas de personal y mantenimiento que los estudiantes y los sindicatos consideran acumulados durante años. El Gobierno prevé unos 65.500 millones de euros para educación en el próximo presupuesto, en un contexto en el que el servicio de la deuda pública adquiere un peso creciente.
El Estado dedica una enorme cantidad de recursos a la educación, pero una parte de sus usuarios percibe que el dinero no se traduce en condiciones adecuadas dentro de los centros. El debate, por tanto, no consiste únicamente en gastar más, sino en decidir dónde se necesitan profesores, cómo se mantienen los edificios, cómo se reducen las desigualdades territoriales y cómo se garantiza que las ausencias docentes no terminen afectando al aprendizaje.
El Gobierno ha intentado separar las reivindicaciones de los actos violentos. El ministro de Educación, Édouard Geffray, ha mantenido el diálogo con representantes estudiantiles, pero sostiene que la prioridad inmediata es garantizar la seguridad. Tras reunirse con ellos, los representantes de los alumnos aseguraron que no habían recibido “medidas concretas” suficientes y convocaron nuevas movilizaciones. Los sindicatos docentes han decidido ahora incorporarse a la protesta, lo que cambia considerablemente la dimensión del conflicto.
La movilización social en Francia vivirá su "Acto III" este martes 6 de octubre, dando continuidad a las protestas del pasado 29 de septiembre y a la jornada nacional intersindical del 1 de octubre. La incorporación de los principales sindicatos —encabezados por un llamado explícito de la Confederación General del Trabajo (CGT) a marchar junto a los estudiantes de secundaria— amenaza con transformar un conflicto eminentemente juvenil y estudiantil en una huelga de masas del sector educativo, extendida además a los trabajadores públicos enfadados por el coste de la vida.
Esta confluencia obrero-estudiantil eleva al máximo la presión sobre el Gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu —quien asumió el cargo tras la caída por moción de censura del gabinete de François Bayrou— y sobre la propia presidencia de Emmanuel Macron, forzados a contener un descontento social que se agrava tras el fracaso de las recientes mesas de diálogo con las centrales sindicales.
Pero existe otra realidad que el Ejecutivo utiliza para justificar su endurecimiento: la violencia. El Ministerio del Interior cifra en casi 5.000 las detenciones desde el lunes pasado, con una mayoría de menores, mientras se han producido ataques contra policías, incendios de contenedores, lanzamiento de objetos y daños en centros escolares y mobiliario urbano. El Ministerio de Educación informa además de 78 trabajadores heridos.
Algunos episodios han elevado todavía más la tensión. En Tours, un adolescente perdió la visión del ojo derecho después de los enfrentamientos con la policía, según la Fiscalía local. En La Ciotat, un profesor de 59 años fue rociado con gasolina y golpeado; un menor de 16 años fue detenido como sospechoso. En Belfort, un agente fue perseguido y golpeado por un grupo de jóvenes. Son hechos concretos que han contribuido a desplazar parte del debate desde las reivindicaciones educativas hacia la seguridad y la violencia.
La respuesta policial ante los bloqueos en los institutos se ha convertido en el eje central de la disputa política. En una declaración formal este domingo 4, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, respondió con dureza al Sindicato de la Magistratura (SM), calificando de "acusaciones graves y sin fundamento" los señalamientos de que las fuerzas de seguridad están "reprimiendo a la juventud para hacerla callar".
El inquilino de la Place Beauvau sostuvo que los agentes intervienen "con firmeza, sin demora y con proporcionalidad" únicamente para frenar el vandalismo de elementos radicales externos, con un balance que ya supera los 5.000 detenidos y más de 600 policías heridos en menos de una semana. Por el contrario, los partidos de izquierda —como La Francia Insumisa— y organizaciones civiles como Amnistía Internacional denuncian abusos sistemáticos. Cuestionan el uso reiterado de gases lacrimógenos, porras y lanzadores de balas de defensa (LBD) contra menores de edad, citando incidentes graves como la severa lesión ocular que sufrió un estudiante en Tours por el impacto de una granada aturdidora. Ante este escenario, agencias de noticias como Reuters confirman que múltiples oenegés de derechos humanos ya han exigido formalmente la apertura de investigaciones judiciales independientes sobre los protocolos de dispersión aplicados.
La frontera entre protesta y disturbio se ha convertido, por tanto, en el principal problema político del Gobierno. Una movilización puede mantener legitimidad social por sus reivindicaciones y, al mismo tiempo, registrar episodios delictivos que obliguen al Estado a intervenir. Confundir ambas dimensiones impide entender lo que está ocurriendo: ni los problemas denunciados en los institutos desaparecen porque haya violencia, ni los actos violentos pueden quedar justificados por la existencia de problemas educativos.
También ha aparecido la dimensión partidista. Jean-Luc Mélenchon y La Francia Insumisa han respaldado públicamente a los estudiantes y han criticado con dureza la respuesta policial. Sus adversarios sostienen que la izquierda radical intenta aprovechar la movilización para reforzar su posición entre los jóvenes. Mélenchon, que prepara una nueva candidatura presidencial, ha pedido que sus partidarios protejan a los estudiantes y ha presentado la protesta como una oportunidad para que los jóvenes pesen políticamente. Al mismo tiempo, las autoridades han advertido de la posible presencia de grupos externos especializados en disturbios.
El Gobierno de Lecornu ha decidido modificar de urgencia la agenda parlamentaria para acelerar la tramitación del proyecto de ley "casseurs-payeurs" (antidisturbios-pagadores). Tras los graves destrozos registrados en los recientes bloqueos de los institutos, el texto —presentado originalmente en el Consejo de Ministros el 16 de septiembre— será examinado en el Sénat mediante un procedimiento de urgencia a finales de octubre de 2026.
El eje central de la iniciativa consiste en reformar el régimen de responsabilidad civil por culpa para instaurar una "responsabilidad colectiva o solidaria". Esto facultará a la justicia a imponer multas de hasta 10.000 euros a cualquier persona interpelada en un grupo violento, sin necesidad de probar que cometió materialmente la rotura. Además, la ley contempla la polémica vía de embargar directamente las asignaciones familiares y las ayudas al alojamiento (APL) para sufragar las reparaciones, lo que ha encendido las críticas de la izquierda por imponer una presunción de culpabilidad civil. Esta ofensiva legislativa evidencia un giro radical en la Moncloa, trasladando el foco desde la gestión educativa del conflicto hacia una estrategia de asfixia financiera y orden público estricto.
La cuestión decisiva esta semana será si el Ejecutivo consigue volver a colocar la educación en el centro de la discusión. El cierre preventivo de hasta 500 institutos protege a alumnos y trabajadores en aquellos lugares donde las condiciones de seguridad no están garantizadas, pero también evidencia la magnitud alcanzada por la crisis. Al mismo tiempo, mantener las aulas cerradas durante varios días no resuelve las causas originales de la movilización. @mundiario
