La investigación del llamado caso Plus Ultra sitúa a la Audiencia Nacional ante un presunto entramado de proporciones internacionales. La decisión del juez José Luis Calama de mantener una pieza separada y secreta para rastrear movimientos de dinero en el extranjero relacionados con el entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero refleja que las sospechas judiciales no se limitan únicamente al rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia, sino que se extienden hacia una posible red financiera con conexiones en varios continentes y con ramificaciones societarias opacas.
La causa ha adquirido una relevancia extraordinaria no solo por tratarse del primer expresidente investigado formalmente por la Justicia, sino también por el alcance geopolítico y económico que comienza a perfilarse en los autos judiciales. La colaboración de autoridades estadounidenses, la aparición de sociedades empresariales vinculadas al régimen de Venezuela, las referencias a Dubái, Florida o Suiza y el seguimiento de transferencias internacionales convierten el procedimiento en un caso de enorme sensibilidad institucional.
La apertura de esta pieza secreta evidencia, además, que el magistrado considera posible la existencia de operaciones patrimoniales susceptibles de ocultación o desplazamiento de capitales. El objetivo judicial parece claro: evitar que potenciales pruebas desaparezcan antes de que avance la instrucción.
El origen del caso continúa siendo el rescate aprobado en marzo de 2021 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a favor de Plus Ultra Líneas Aéreas, una operación que desde el principio generó controversia política y parlamentaria. Sin embargo, el sumario se nutre de aportaciones de las fiscalías de Francia, Suiza y del Departamento de Seguridad Nacional de EE UU. El juez Calama sostiene que existirían indicios de una “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” para “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros”. En ese contexto, la investigación busca determinar si parte de los fondos que circularon alrededor de las sociedades bajo sospecha pudieron utilizarse para canalizar pagos, comisiones o transferencias internacionales de origen todavía no esclarecido.
La clave de esta nueva etapa reside en el seguimiento del dinero. Las pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) no se concentran únicamente en documentación mercantil española, sino en flujos financieros transnacionales que podrían conectar cuentas, sociedades instrumentales y relaciones societarias en distintos territorios, con ciudadanos españoles y venezolanos entre sus presuntos principales operadores.
Ese salto cualitativo explica por qué la Audiencia Nacional ha optado por reservar una parte de las diligencias bajo secreto.
Estados Unidos entra de lleno en la investigación
Uno de los elementos más significativos es la cooperación judicial y policial con Estados Unidos. El propio auto judicial ya reflejaba que el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, a través de Homeland Security Investigations (HSI), facilitó a la Policía española el contenido extraído del teléfono móvil del empresario venezolano Rodolfo Reyes Rojas, exaccionista vinculado a Plus Ultra. Ese material habría resultado esencial para reconstruir comunicaciones internas, movimientos empresariales y contactos entre distintos investigados.
Ahora, el juez ha dado un paso adicional al remitir una comisión rogatoria a Washington para solicitar nueva información sobre personas investigadas y sobre posibles activos financieros en territorio estadounidense. Este movimiento confirma que los investigadores consideran que parte de la actividad económica relevante pudo desarrollarse fuera de España, y al mismo tiempo sitúa el caso dentro del radar de las agencias norteamericanas especializadas en blanqueo de capitales y operaciones vinculadas a Venezuela.
Desde hace años, EE UU mantiene una vigilancia intensa sobre redes financieras a través de las cuales se nutre el chavismo, especialmente aquellas conectadas con el trasiego de petróleo, tráfico de oro, transferencias internacionales para el blanqueo de capitales y estructuras opacas de inversión.
Venezuela, Dubái y Miami: las conexiones bajo sospecha
La instrucción judicial otorga especial importancia a varias sociedades mercantiles presuntamente utilizadas como vehículos financieros. Entre ellas destaca Inteligencia Prospectiva, empresa con sede en Madrid y vinculaciones venezolanas que, según la investigación, habría movido más de 2.6 millones de euros pese a registrar una actividad mercantil mínima.
La Audiencia Nacional sospecha que esta compañía pudo actuar como canalizador de fondos procedentes del extranjero hacia sociedades relacionadas con el entorno investigado. A ello se suman las referencias a posibles estructuras en Emiratos Árabes Unidos y a movimientos bancarios detectados en Miami. La investigación apunta especialmente al empresario Julio Martínez Martínez, considerado por el juez una figura central del entramado económico bajo sospecha.
Los investigadores intentan aclarar si determinadas operaciones internacionales respondían a actividad empresarial legítima o si podían ocultar mecanismos de intermediación económica asociados a influencias políticas. En paralelo, la UDEF analiza documentación, agendas y dispositivos electrónicos incautados durante los registros efectuados esta semana en el despacho de Zapatero y en dependencias vinculadas a su entorno profesional y empresarial. @mundiario
