Hay ocasiones en las que una gran empresa no necesita estar formalmente acusada para verse salpicada por una crisis reputacional. Basta con que algunos de sus nombres más visibles aparezcan orbitando alrededor de una investigación judicial sensible para que el impacto político, mediático y corporativo resulte inevitable. Eso es precisamente lo que empieza a ocurrir con Movistar+ y el llamado caso Zapatero.

La aparición de Javier de Paz, presidente de Movistar+ y exdirigente histórico del PSOE, en el entorno de la consultora Análisis Relevante —empresa situada por la Audiencia Nacional en el centro de la presunta red de influencias relacionada con el rescate de Plus Ultra— introduce un elemento especialmente delicado en una investigación que ya afecta de lleno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Conviene subrayarlo desde el principio: ni Telefónica ni Movistar+ aparecen imputadas en la causa. Tampoco el juez atribuye por ahora responsabilidad penal alguna a la compañía. Sin embargo, en el ecosistema contemporáneo de la comunicación y los mercados, la frontera entre responsabilidad judicial y desgaste reputacional es cada vez más difusa.

La investigación no señala a Telefónica, pero el caso proyecta una sombra incómoda sobre Movistar+. El problema ya no es solo judicial: también afecta a la reputación y a la percepción pública del poder empresarial

El problema para una marca global como Movistar es que el caso reúne todos los ingredientes que más erosionan la confianza pública: política, dinero, grandes empresas, contactos de influencia, contratos opacos y relaciones personales entre élites económicas y gubernamentales.

La investigación judicial dibuja un escenario especialmente incómodo. El magistrado José Luis Calama sostiene que la consultora Análisis Relevante pudo funcionar como una estructura diseñada para canalizar pagos y simular servicios de asesoramiento vinculados a sociedades interesadas en obtener ayudas públicas.

El chat AR

En ese contexto aparece el llamado chat AR, creado durante la pandemia y utilizado como canal de comunicación interno entre personas relacionadas con la consultora. Según el auto judicial, ese grupo demostraría una “participación activa y directa” de Zapatero en la estructura operativa de la sociedad pese a no figurar formalmente en ella. Pero el chat también conecta con Javier de Paz, presidente de Movistar+, y con Sergio Sánchez, actual director de relaciones institucionales de la plataforma audiovisual y antiguo asesor del CNI. Ahí comienza el posible problema reputacional para Telefónica.

Javier de Paz no es un ejecutivo cualquiera. Durante casi dos décadas ocupó posiciones relevantes en el universo Telefónica y forma parte de una generación de dirigentes socialistas que transitaron desde la política hacia las grandes corporaciones del Ibex 35. Su proximidad histórica con Zapatero era conocida desde hace años, pero la investigación judicial convierte ahora esa relación en un asunto de escrutinio público.

Las informaciones conocidas apuntan incluso a que De Paz y su hija realizaron inicialmente una pequeña aportación económica para la constitución de Análisis Relevante, aunque posteriormente recuperaron ese dinero y se desvincularon formalmente del proyecto. Las mismas fuentes sostienen que el directivo optó finalmente por mantener su perfil corporativo y no implicarse directamente en la actividad empresarial de la consultora.

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, esos elementos podrían terminar siendo secundarios o incluso irrelevantes penalmente. Pero desde el punto de vista político y empresarial la cuestión es mucho más compleja.

Un momento sensible para Telefónica

La imagen que queda instalada en parte de la opinión pública es la de una red donde se cruzan antiguos líderes políticos, altos ejecutivos de compañías estratégicas, consultoras opacas y empresas vinculadas a contratos y ayudas públicas. Y eso afecta inevitablemente a la percepción social del poder económico en España.

El caso llega además en un momento especialmente sensible para Telefónica. La compañía vive un proceso de redefinición estratégica marcado por cambios accionariales, nuevas tensiones geopolíticas y una creciente presión para reforzar su neutralidad institucional. En ese contexto, cualquier asociación con una presunta trama de influencias políticas resulta extraordinariamente incómoda.

Movistar+, como marca de comunicación y entretenimiento, es particularmente vulnerable a este tipo de desgaste. A diferencia de otras divisiones más técnicas o industriales del grupo, su actividad está íntimamente ligada a la imagen pública, la credibilidad y la percepción social. La plataforma opera en un terreno donde la reputación es un activo central. Por eso la cuestión no reside únicamente en lo que determine finalmente el juez. El problema es también simbólico.

Las puertas giratorias

España mantiene desde hace décadas un debate latente sobre las llamadas puertas giratorias, la proximidad entre política y grandes empresas y la existencia de círculos de influencia donde se mezclan relaciones personales, intereses corporativos y acceso privilegiado al poder. Casos como este reactivan automáticamente esa conversación colectiva.

El hecho de que el presidente de Movistar+ aparezca vinculado al origen de la consultora investigada, aunque sea de forma indirecta o preliminar, alimenta precisamente esa percepción de promiscuidad entre élites políticas y empresariales. Además, la investigación proyecta una imagen especialmente dañina porque combina opacidad financiera y aparente falta de actividad empresarial real. El auto judicial describe movimientos de fondos, facturas genéricas y estructuras societarias cuya lógica económica resulta, según el magistrado, difícil de justificar desde parámetros ordinarios de mercado.

En este contexto, Movistar se ve arrastrada a un asunto feo, no necesariamente por responsabilidad penal propia, sino porque uno de sus principales ejecutivos aparece demasiado cerca de un entorno bajo sospecha judicial y política. Eso explica también el enorme interés mediático que está adquiriendo la causa. Ya no se trata únicamente del expresidente Zapatero o del rescate de Plus Ultra. El caso empieza a convertirse en un retrato más amplio sobre cómo se relacionan determinadas esferas de poder en España.

Para Telefónica, la prioridad probablemente será contener el impacto reputacional y marcar distancias claras entre la actividad corporativa de la empresa y las relaciones personales o iniciativas privadas de algunos de sus directivos. Pero en la era de la hipervisibilidad pública, esa separación resulta cada vez más difícil de sostener. Porque cuando una investigación judicial entra en el terreno donde convergen política, influencia y grandes marcas, la sombra reputacional suele extenderse mucho más allá de los juzgados. @mundiario