Vivimos, qué duda cabe, tiempos muy complejos en nuestro país, y en medio de toda esa vorágine el grito de la presidenta sobre la defensa de la soberanía debería de tener a todos los mexicanos unidos tanto a esa consigna, como a ella en su carácter de jefa del Estado, que legalmente lo es, pero resulta que justo esa soberanía se ha perdido de manera acelerada en los últimos años ante el crimen organizado que el líder real del partido-movimiento de Morena, Lopez Obrador, alentó en todo su sexenio bajo otra consiga: “abrazos y no balazos” a los cárteles. La polarización que también el mismo personaje impulsó como elemento sustantivo de su estrategia y del manual del populismo autocrático, se reproduce día a día por su sucesora y se suma ahora a la complejidad nacional, que de cara a los últimos acontecimientos de 10 presuntos imputados por el gobierno norteamericano de estar ligados en acciones concretas a una fracción de una organización ahora catalogada como terrorista por el gobierno de Trump del estado de Sinaloa y encabezados por el gobernador con licencia y destacado militante de Morena, no deja espacio para que al grito de “defensa de la soberanía” se dé la “unidad nacional”.

Si la soberanía es la capacidad que tiene un Estado para autogobernarse es claro que hace bastante tiempo México, en un proceso que vine dándose de manera permanente y creciente, la fue perdiendo frente a grupos delictivos. Hay muchos lugares donde la simbiosis entre los delincuentes y el poder es tal que se puede hablar de una captura del Estado por el crimen organizado y hoy Sinaloa es el ejemplo, pero desafortunadamente no es el único. Es el crimen organizado en esos territorios donde impone su “ley” y es ahí donde aparte de la autoridad legalmente constituida, ellos también cobran impuestos, el llamado “derecho de piso” y con sus retenes definen quiénes pueden o no circular en caminos y carreteras. Pero, además, en el proceso de captura del Estado imponen a los candidatos en muchos lados y prácticamente de todos los partidos, amén que toman la administración pública de esos niveles de gobierno y las comisiones, sobre todo del Congreso donde se define el presupuesto para que después sea en los territorios, las áreas y programas donde sus empresas serán las beneficiarias. La soberanía ya no reside en los ciudadanos y tampoco en múltiples lugares, y no es cierto ya que la delegan libremente a través del voto para los representantes electos. Esto es ya una realidad que se ha venido imponiendo en muchos lugares en el país lamentablemente.

Ahora, en medio del escándalo internacional por “el caso Sinaloa”, y de la casi diaria diatriba “soberanista” de la presidenta, a los dirigentes de Morena le da por presentar iniciativas para prevenir o evitar que el crimen organizado intervenga en las elecciones y que los partidos sólo presenten candidatos “limpios” después de pasar por la revisión de los expedientes de vida de los aspirantes a un cargo de elección popular, claro, dicha revisión sería por del gobierno de Morena y con autoridades electorales a modo y ya capturadas por ellos para validar a lo que en su caso digan las autoridades policíacas o de seguridad, si así no se rían, por favor.

Ahora bien, hay que recordar que justo las elecciones locales de 2021 en Sinaloa fueron cuestionadas por la oposición en su momento en tiempo y forma. y no sólo ante las autoridades electorales sino ante organismos internacionales (OEA) y entonces Morena ahora presenta otra iniciativa para prohibir acciones “injerencistas”, se busca no solo que sean gobiernos, que creo en eso todos estaríamos de acuerdo justo por nuestro derecho soberano de decidir los mexicanos quiénes sean los que nos gobiernen, pero por lo que se lee, también opiniones de organismos multilaterales hasta de los medios de comunicación y de particulares, porque serán ellos, los morenistas, los que definan qué es y cuándo es “propaganda” o “difusión sistemática, de desinformación” o “manipulación digital”, como dice la iniciativa, lo que nos llegue por algún red social o medio de comunicación. México, no olvidemos, tiene firmados tratados internacionales que incluyen de manera sobresaliente el respeto a los derechos humanos y por tanto, esta iniciativa presidencial y sobre todo los legisladores deben de tener muy en cuenta que lo que legislen no debe de contravenir dichos tratados y menos los derechos humanos que tenemos, entre otras cosas, el derecho de leer e informarnos como nos plazca. Morena y la presidenta quieren una legislación para que cuando no les convenga el resultado electoral puedan anular la elección, punto, esa es la realidad.

Ahora en medio del escándalo por la acusación norteamericana de presunta colusión de políticos y funcionarios de Morena con el crimen organizado, vale la pena recordar que en el contexto de las elecciones del 2024, en un informe titulado: Elecciones 2024 los riesgos de la violencia político electoral de Citibanamex del 12 de febrero se señalaba que: “La deteriorada resilencia del Estado mexicano ante el crimen organizado ha dado lugar a una crisis de extorsiones y desapariciones en el país, pero también a mayor presencia e influencia del crimen en procesos electorales “si, estas declaraciones del Citibanamex fueron en el mismo proceso electoral donde fue electa la presidenta. En ese documento se decía que “las organizaciones de narcotraficantes han logrado ejercer una influencia notable en el proceso democrático de México, supuestamente haciendo todo lo posible para garantizar la elección o reelección de aliados políticos claves, incluido el asesinato de políticos percibidos como amenazas”, la pregunta central sería: ¿qué se hizo al respecto con estas posturas de una institución financiera tan importante y el antecedente del 2021 y múltiples ejemplos locales?.

Entendamos que con estas iniciativas electorales de último momento y que por supuesto, nada tienen que ver con la soberanía, lo que realmente parece es que lo que Morena y la presidenta realmente buscan es tener manga ancha para que si los resultados electorales no les convienen, entonces declarar nulas esas elecciones, pues cuentan con las autoridades electorales y judiciales en su bolsa y ya nada se los impediría, para ello capturaron el Estado y con unos socios como los que Estados Unidos está imputando, están cada día más cerca de un Estado mafioso.