El origen de uno de los mayores quebraderos de cabeza judiciales para el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso no fue una auditoría interna ni una investigación política, sino una denuncia silenciosa. Un aviso que, en julio de 2022, colocó bajo la lupa de la Agencia Tributaria un sistema de contratación que hoy se investiga por posibles delitos de prevaricación administrativa y fraccionamiento irregular de contratos.
La secuencia es reveladora: una alerta anónima, un requerimiento formal de Hacienda en enero de 2023 y, meses después, la explosión pública del llamado ‘caso FP’. Entre medias, correos electrónicos cargados de inquietud, advertencias ignoradas y una administración que, según las investigaciones, pudo haber sorteado deliberadamente los controles legales para adjudicar obras millonarias sin concurso público.
De acuerdo con EL PAÍS, el 9 de enero de 2023 marcó un punto de inflexión. Ese día, la Agencia Tributaria solicitó documentación clave al complejo educativo Ciudad Escolar-San Fernando. Pedía facturas, justificantes de pago y detalles sobre reformas realizadas durante el año anterior. La reacción interna fue inmediata. El director del centro trasladó su incomodidad a la Consejería de Educación: no entendía por qué la denuncia había llegado a Hacienda. La frase no solo evidenciaba sorpresa, sino también temor.
Lo que entonces parecía un episodio administrativo aislado se convirtió en una cuenta atrás. Nueve meses después, en septiembre de 2023, la empresa Virelec reclamó 1,4 millones de euros por obras supuestamente impagadas en centros de Formación Profesional. La magnitud económica del conflicto destapó una realidad incómoda: nadie en la Dirección General de Infraestructuras parecía tener constancia de esos trabajos.
El patrón oculto: contratos troceados y controles evitados
La investigación apunta a un mecanismo reiterado: el fraccionamiento de contratos para eludir los límites legales que obligan a convocar concursos públicos. Este procedimiento habría permitido adjudicar obras de gran envergadura como si fueran contratos menores, facilitando la elección directa de empresas.
Los informes de auditoría son claros. Detectan pagos que superan los umbrales legales y señalan una posible fragmentación artificial de proyectos. En otras palabras, obras millonarias convertidas sobre el papel en pequeñas intervenciones administrativas. Una ingeniería burocrática que, de confirmarse, no sería un error puntual, sino una práctica sistemática.
Nadie sabía nada: la coartada institucional
A medida que avanzan las declaraciones judiciales, emerge un patrón defensivo: la negación de responsabilidades. Altos cargos y técnicos coinciden en un argumento común —no tenían competencias o desconocían los hechos—. Sin embargo, algunos testimonios rompen esa narrativa.
El exsubdirector José María Serrano aseguró, según EL PAÍS, haber advertido en 2021 que las obras debían ajustarse a la ley de contratos y ser gestionadas por los órganos competentes. Incluso dejó constancia por escrito de su oposición a ejecutar proyectos sin concurso público. Su declaración introduce un elemento clave: la sospecha no surgió después, sino antes de que las obras se realizaran.
La política entra en escena
El caso no solo tiene dimensión administrativa y judicial, sino también política. La responsabilidad última de la Consejería de Educación durante el periodo investigado recae en figuras como Enrique Ossorio, entonces consejero, y en el entorno del Ejecutivo de Ayuso.
La destitución en 2026 del consejero Emilio Viciana ha sido interpretada por sectores de la oposición como un movimiento vinculado al caso. Aunque oficialmente se desvincula de la investigación, el contexto levanta sospechas sobre posibles tensiones internas y luchas de poder dentro del Gobierno regional.
La denuncia que lo cambió todo
Lo más inquietante del ‘caso FP’ no es solo el volumen de dinero bajo sospecha —millones de euros en reformas educativas—, sino su origen: una denuncia cuya autoría sigue siendo desconocida. Ese primer aviso activó un engranaje institucional que terminó revelando grietas profundas en la gestión pública.
La Agencia Tributaria no buscaba un escándalo político, sino verificar irregularidades fiscales. Pero lo que encontró fue el indicio de un posible sistema paralelo de contratación. Una estructura que, según la Fiscalía, presenta una “grosera omisión del procedimiento” y que la justicia ya investiga como posible delito.
El caso sigue abierto. Y mientras los tribunales avanzan lentamente, la pregunta persiste: ¿fue una cadena de errores administrativos o un modelo deliberado para esquivar la ley? La respuesta, como la identidad del denunciante, sigue en la sombra. Pero sus consecuencias ya han alcanzado el corazón del poder autonómico. @mundiario