La investigación judicial sobre el caso Plus Ultra seguirá marcando la agenda política española durante, al menos, unas semanas más. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado aplazar la declaración del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, inicialmente prevista para el próximo 2 de junio, y la ha reprogramado para los días 17 y 18 de junio ante la magnitud de la causa y el enorme volumen documental acumulado durante la instrucción.

La decisión supone un pequeño balón de oxígeno para la defensa del exlíder socialista, que había solicitado más tiempo para estudiar miles de páginas de informes policiales, documentos bancarios, comunicaciones intervenidas y diligencias judiciales relacionadas con una investigación que ya se ha convertido en uno de los procedimientos más explosivos de los últimos años.

El magistrado incluso ha reservado dos jornadas completas para la comparecencia, consciente de la complejidad de una declaración que podría prolongarse durante horas y que se considera decisiva para el futuro de la causa.

El abogado de Zapatero, el catedrático Víctor Moreno Catena, justificó la petición alegando la necesidad de “salvaguardar adecuadamente los derechos” de su defendido. La defensa sostiene que resulta imposible preparar una respuesta rigurosa en tan poco tiempo ante un sumario gigantesco que, además de las pesquisas recientes, incorpora documentación y actuaciones judiciales arrastradas desde 2021.

La causa sitúa al expresidente en el epicentro de una presunta estructura de tráfico de influencias vinculada al rescate público de Plus Ultra y a distintas operaciones empresariales internacionales. El juez sostiene que Zapatero habría actuado como figura de referencia dentro de una red orientada a obtener beneficios económicos mediante intermediaciones políticas y contactos institucionales.

Las sospechas de la investigación apuntan a que el expresidente habría utilizado como intermediario al empresario alicantino Julio Martínez Martínez, considerado por los investigadores una pieza esencial de la supuesta trama. Según el instructor, la consultora Análisis Relevante habría funcionado como eje de operaciones económicas relacionadas tanto con el rescate de la aerolínea como con negocios vinculados a Venezuela y otros mercados internacionales.

La investigación cifra en cerca de dos millones de euros los pagos que, presuntamente, habrían terminado vinculados al entorno de Zapatero a través de distintas sociedades y contratos de consultoría cuya verdadera finalidad ahora intenta esclarecer la Audiencia Nacional.

Pese a ello, el expresidente mantiene una estrategia de defensa contundente y niega categóricamente cualquier conducta ilegal. En un vídeo difundido tras conocerse su imputación, Zapatero defendió que toda su actividad pública y privada se desarrolló “con absoluto respeto a la legalidad” y rechazó tajantemente haber participado en sociedades opacas o en operaciones irregulares.

Su entorno insiste en que esa seguirá siendo la línea argumental cuando finalmente comparezca ante el juez. Consideran que la investigación mezcla relaciones políticas, actividad internacional y operaciones empresariales legítimas para construir un relato penal que, a su juicio, carece de base sólida.

Mientras tanto, la instrucción sigue creciendo y adquiriendo dimensiones internacionales. El sumario incorpora referencias a operaciones petroleras, contactos empresariales con Venezuela y China, así como transferencias económicas bajo sospecha que han obligado a la Fiscalía Anticorrupción y a la UDEF a rastrear documentación procedente incluso de Suiza y Francia.

El procedimiento también rescata parte de las diligencias abiertas en 2021 en un juzgado madrileño a raíz de una denuncia de Manos Limpias sobre el rescate de Plus Ultra. Aquella investigación terminó archivada por defectos procesales, pero gran parte de la documentación ha sido ahora incorporada al nuevo procedimiento instruido por Calama.

La defensa del expresidente considera lógico el aplazamiento dada la dimensión de una causa que mezcla operaciones mercantiles, informes policiales, comunicaciones privadas y supuestos vínculos políticos internacionales. Incluso otros abogados personados en el procedimiento admiten que el volumen del sumario hace prácticamente imposible preparar una declaración en apenas unos días.

El retraso de la comparecencia, sin embargo, no rebaja la presión política ni mediática. El caso continúa erosionando al PSOE y amenaza con convertirse en un problema de largo recorrido para el Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente por la enorme repercusión pública que está teniendo cada nueva revelación judicial.

La declaración de Zapatero en junio se perfila ya como uno de los momentos más delicados de toda la investigación. Será entonces cuando el expresidente tenga que responder directamente ante el juez sobre una causa que mezcla poder político, rescates millonarios, negocios internacionales y una compleja red de relaciones empresariales bajo sospecha. @mundiario