En mis constantes reflexiones sobre el rumbo de nuestra querida y desafiante Ciudad Juárez, resulta profundamente gratificante coincidir con personas que comparten una genuina visión socialdemócrata. Hace unos días, platicando con mi gran amigo Edgar, coincidimos en una premisa fundamental para el futuro de nuestra nación; nuestros niños y jóvenes tienen derecho una educación de calidad que no se limite a formar mano de obra acrítica para el engranaje industrial, sino que sea el verdadero espacio donde se forjen ciudadanos participativos y conscientes de su entorno.
Desde la sociología y las teorías críticas moderadas, hemos señalado que el sistema tradicional suele perpetuar la desigualdad al mantener al ciudadano alejado de las instituciones. ¿De qué sirve enseñar civismo o introducción al derecho si estas materias se imparten de forma abstracta y estéril? La realidad es que un joven egresado de bachillerato rara vez sabe a qué dependencia acudir si su familia enfrenta un problema legal, como un despojo patrimonial, o si su comunidad necesita algo tan básico como la instalación de un bordo en su calle. Esta desconexión es una barrera que afecta, desproporcionadamente, a las familias más vulnerables.
Frente a esta carencia estructural, mi amigo Edgar me compartió un proyecto educativo que merece ser impulsado en las más altas tribunas: un Programa educativo de participación ciudadana para jóvenes. Este proyecto, perfectamente alineado con los preceptos prácticos y didácticos de la Nueva Escuela Mexicana, busca que desde la educación secundaria los alumnos conozcan de forma orgánica el funcionamiento real del sistema político, administrativo, legislativo y judicial.
El objetivo es dotar a las nuevas generaciones de un mapa claro sobre las áreas, departamentos y direcciones que conforman la administración pública. Imaginen el poder transformador de que esto inicie como un programa piloto en nuestro estado de Chihuahua, donde a través de un esquema transversal, instituciones como el Instituto Estatal Electoral, el Poder Judicial, los municipios y el propio Gobierno del Estado abran sus puertas a los estudiantes. Incluso, mediante convenios interinstitucionales, los mismos servidores públicos y operadores jurídicos podrían compartir su experiencia práctica en las aulas o recibir visitas guiadas de los alumnos, democratizando así el acceso a la función pública.
El impacto de este modelo trasciende lo académico; es un acto de verdadera justicia distributiva y eficiencia estatal. Cuando un gobierno busca posicionar un programa social o un apoyo para los sectores históricamente relegados, suele gastar sumas millonarias en campañas publicitarias que muchas veces solo captan la atención superficial del ciudadano. Sin embargo, al contar con egresados que poseen este perfil de alta participación ciudadana, el Estado se ahorraría esos recursos, pues la población ya conocería de antemano los canales institucionales para ejercer sus derechos y solucionar sus problemas.
Algunos críticos, defensores del status quo o de las cúpulas de poder, podrían ver con recelo el empoderamiento cívico de las juventudes. Pero en un sistema que promueve la democratización de la vida pública y política, este proyecto está, como coloquialmente se dice, mandado a hacer. Es la materialización del Estado de Derecho, no como un concepto inalcanzable, sino como una herramienta cotidiana al servicio de los más desprotegidos.
Estoy convencido de que la educación debe despertar conciencias. No podemos conformarnos con preparar a nuestros jóvenes exclusivamente para que se adapten a las implacables reglas del mercado laboral, destinándolos a ser obreros sin voz en un sistema que concentra la riqueza. Necesitamos dotarlos de las herramientas para que cuestionen, participen y exijan. Solo a través de un aprendizaje práctico, real y significativo, lograremos mitigar el dolor social y construir una sociedad donde la participación democrática deje de ser un privilegio de unos cuantos, para convertirse en el pilar de una nación más justa, empática y equitativa.