La crisis política que atraviesa el Gobierno de Pedro Sánchez trastoca los cimientos del bloque de investidura. Ya no son únicamente la oposición, algunos dirigentes históricos del PSOE o determinados sectores territoriales socialistas quienes cuestionan la continuidad de la legislatura. Ahora son dos de los socios parlamentarios más determinantes para la investidura del presidente, Junts y el PNV, los que sostienen públicamente que el ciclo político está agotado y que la convocatoria de elecciones anticipadas sería la salida más razonable.
Sin embargo, la aparente paradoja que domina la política española es que quienes consideran terminada la legislatura tampoco están dispuestos a facilitar su final mediante una moción de censura encabezada por el Partido Popular. Esta contradicción explica buena parte del bloqueo institucional que vive España y ayuda a comprender por qué Sánchez sigue gobernando pese a la erosión derivada de los casos judiciales que afectan al PSOE y a personas de su entorno político.
La principal conclusión que se desprende de las últimas declaraciones de los dirigentes nacionalistas es que la mayoría parlamentaria que hizo posible la investidura de Sánchez ha perdido cohesión política. Junts lleva meses sosteniendo que el Ejecutivo no ha cumplido compromisos esenciales del acuerdo firmado para la investidura, como la ley de amnistía. La formación de Carles Puigdemont considera insuficientes los avances logrados hasta ahora y ha endurecido progresivamente su discurso. Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, ha repetido en numerosas ocasiones que carece de sentido mantener una legislatura sin una mayoría funcional capaz de impulsar iniciativas relevantes.
La metáfora utilizada por Nogueras al recordar la tradición catalana de quemar en San Juan aquello que ya no resulta útil resume el estado de ánimo predominante en las filas posconvergentes. Para Junts, la legislatura ha dejado de ser un instrumento eficaz para avanzar en sus objetivos políticos.
La posición del PNV presenta matices distintos, pero conduce a una conclusión similar. El presidente de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, ha elevado significativamente el tono de sus críticas durante las últimas semanas. Sus afirmaciones sobre que la legislatura "ha llegado a su fin" o que sería "irresponsable" prolongarla más allá de 2026 constituyen uno de los mensajes más duros emitidos por el partido desde la investidura.
El muro que sigue protegiendo a Sánchez
Lo relevante no es únicamente el contenido de estas declaraciones, sino su procedencia. Tanto Junts como el PNV han sido actores fundamentales para garantizar la estabilidad parlamentaria del Gobierno. Cuando quienes han sostenido la mayoría comienzan a cuestionar públicamente su viabilidad, quizás a nivel interno las cosas marchan peor.
Pese a esa presión creciente, Sánchez mantiene una ventaja estratégica que ya fue identificada hace tiempo por dirigentes nacionalistas: la inexistencia de una mayoría alternativa. La aritmética parlamentaria continúa siendo el principal escudo del presidente. Ni el PP ni Vox disponen de los apoyos necesarios para construir una alternativa de gobierno. Y tanto Junts como el PNV han reiterado de forma inequívoca que no participarán en una operación política que dependa de la ultraderecha.
La negativa responde a razones diferentes en cada caso. Para Junts, cualquier entendimiento con Vox constituye una línea roja ideológica y estratégica. El partido independentista considera incompatible cualquier colaboración con una formación que rechaza frontalmente el modelo territorial que defiende.
En el caso del PNV, además de las diferencias ideológicas, existe un cálculo político. Los nacionalistas vascos mantienen gobiernan en coalición con los socialistas en Euskadi y compiten directamente con EH Bildu por la hegemonía del nacionalismo vasco. Un acercamiento al bloque PP-Vox podría generar costes electorales significativos en ambos frentes. Por ello, aunque los dos partidos cuestionen la continuidad de Sánchez, ninguno parece dispuesto a facilitar una alternativa que altere el actual equilibrio político.
La cuestión de confianza como salida intermedia
Ante esta situación, Junts ha intensificado la defensa de una fórmula alternativa: la cuestión de confianza. La propuesta tiene una carga política relevante porque traslada toda la responsabilidad al presidente del Gobierno. Según esta visión, sería Sánchez quien debería comprobar si conserva realmente el respaldo parlamentario suficiente para seguir gobernando.
La insistencia de Junts en esta vía refleja una estrategia cuidadosamente diseñada. Permite distanciarse del Ejecutivo, incrementar la presión política y evitar al mismo tiempo la imagen de estar facilitando una llegada del PP al poder. Se trata de una posición que también reduce el coste político ante su electorado, especialmente en Cataluña, donde la competencia con ERC y otras fuerzas soberanistas obliga a mantener una elevada exigencia discursiva respecto al Gobierno central.
Mientras tanto, Sánchez insiste en que agotará la legislatura hasta 2027. Desde La Moncloa se sostiene que las investigaciones judiciales no invalidan la acción política del Ejecutivo ni los avances económicos y sociales reivindicados por el Gobierno. El presidente continúa defendiendo que la estabilidad institucional debe prevalecer sobre la presión política derivada de los escándalos.
Sin embargo, el problema no radica únicamente en la oposición parlamentaria o mediática. La dificultad creciente para el Gobierno es que algunos de los partidos que hicieron posible su investidura han dejado de defender activamente la continuidad de la legislatura. La diferencia es sustancial. No están promoviendo su caída, pero tampoco muestran entusiasmo por su supervivencia. @mundiario