Apenas semanas después del cambio de ciclo político que puso fin a años de hegemonía del bloque liderado por Viktor Orbán, el nuevo primer ministro Péter Magyar ha decidido escalar su choque con el presidente de la República, Tamás Sulyok, impulsando una reforma constitucional destinada a facilitar su destitución. El conflicto va mucho más allá de una disputa personal: refleja la batalla por redefinir las instituciones construidas durante más de una década de dominio político de Fidesz.

La crisis se desencadenó tras la negativa explícita de Sulyok a abandonar voluntariamente el cargo. Después de reunirse con el presidente en el Palacio Sándor, Magyar confirmó que activará los mecanismos necesarios para apartarlo si no renuncia. Sin ofrecer detalles concretos sobre la arquitectura jurídica de la reforma, sí dejó clara la dirección política de su iniciativa: crear mecanismos permanentes que permitan destituir también a otros altos cargos estatales considerados parte del entramado institucional heredado del anterior gobierno.

El núcleo del enfrentamiento reside en una cuestión fundamental: qué papel debe desempeñar la Presidencia de la República dentro del sistema político húngaro. Formalmente, el presidente tiene funciones principalmente ceremoniales, pero dispone de instrumentos institucionales relevantes.

Puede devolver leyes al Parlamento, remitirlas al Tribunal Constitucional, convocar elecciones, participar en procesos de designación institucional y ejercer como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Precisamente por ese margen de maniobra, el nuevo Ejecutivo considera que mantener a Sulyok en el cargo podría convertirse en un obstáculo político y legislativo.

Magyar sostiene que el presidente ha incumplido su función constitucional de representar la unidad nacional y proteger el funcionamiento democrático del Estado.

Durante su comparecencia pública, Magyar enumeró lo que considera silencios y omisiones graves. Entre ellos, reprochó al presidente no haber defendido la dignidad de los ciudadanos cuando Viktor Orbán atacó verbalmente a la oposición. El hecho es que Orbán utilizó términos denigrantes en sus discursos políticos, al referirse a sus adversarios y críticos como “chinches” o “bichos”, y al instar a hacer una “gran limpieza” contra un supuesto "ejército en la sombra”.

Ante esta omisión, Magyar criticó que el jefe de Estado justificara tales palabras afirmando que eran “simplemente una opinión política”, en lugar de intervenir para aclarar que en Hungría no existen ciudadanos a los que se deba “eliminar” o deshumanizar.

También criticó que Sulyok evitara pronunciarse cuando Orbán utilizó expresiones polémicas sobre sus adversarios políticos o cuando se aprobaron normas muy discutidas dentro y fuera del país, como las restricciones al Orgullo LGTBIQ+. Según el nuevo Magyar, la falta de reacción presidencial deterioró la autoridad institucional del cargo. Sulyok ratificó y firmó estas polémicas leyes que restringían la libertad de reunión. Para el nuevo Gobierno, el presidente “ignoró las alertas de los organismos internacionales de derechos humanos” y no actuó como un contrapeso constitucional frente al sesgo ideológico del Ejecutivo anterior.

Por su parte, el mandatario rechaza frontalmente estas acusaciones. El presidente sostiene que el Gobierno interpreta de manera partidista las competencias presidenciales y defiende que las discrepancias políticas no constituyen una causa constitucional válida para exigir su dimisión. Además, ha decidido recurrir a la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa especializado en cuestiones constitucionales, buscando respaldo jurídico internacional frente a la presión gubernamental.

La estrategia elegida por Magyar resulta especialmente significativa porque descarta, al menos por ahora, un proceso clásico de impeachment. En su lugar apuesta por modificar la Constitución, una vía más compleja políticamente pero potencialmente más transformadora. El objetivo declarado no sería únicamente Sulyok. El primer ministro ha advertido que pretende revisar el estatus de otros responsables institucionales que considera vinculados a las redes de poder construidas durante los gobiernos de Orbán.

En ese grupo aparecen figuras centrales del aparato estatal: el fiscal general, miembros del Tribunal Constitucional, responsables judiciales, autoridades reguladoras y organismos de supervisión económica. Desde la óptica del nuevo Ejecutivo, muchas de estas instituciones dejaron de funcionar como contrapesos independientes y pasaron a actuar como extensiones políticas del anterior gobierno.

Los críticos de Magyar observan riesgos evidentes. Desde Fidesz, dirigentes como Gergely Gulyás (considerado el escudero de Orbán) han acusado al Ejecutivo de utilizar la mayoría parlamentaria para “colonizar instituciones y erosionar el equilibrio constitucional”. Argumentan que remover a presidentes elegidos conforme al marco vigente podría sentar precedentes peligrosos para futuras alternancias políticas.

Sin embargo, los partidarios de la reforma responden que precisamente la arquitectura institucional creada durante la etapa Orbán convirtió muchos organismos supuestamente neutrales en espacios blindados frente a los cambios democráticos. El debate, por tanto, gira menos sobre nombres concretos y más sobre la capacidad de un nuevo gobierno para transformar estructuras heredadas.

La dimensión europea también resulta determinante. Magyar ha intensificado su acercamiento a Bruselas y ha vinculado parte de su agenda reformista con el desbloqueo de miles de millones de euros congelados por la Unión Europea debido a preocupaciones sobre independencia judicial, corrupción y Estado de derecho. El acuerdo político alcanzado con las instituciones europeas para recuperar parte de esos fondos añade presión adicional para acelerar cambios institucionales.

La confrontación entre Magyar y Sulyok abre así uno de los mayores debates constitucionales vividos por Hungría desde la llegada de Orbán al poder. Lo que comenzó como una exigencia de dimisión se ha transformado en una disputa mucho más amplia sobre cómo reconstruir —o redefinir— el equilibrio institucional de un país que atraviesa una profunda transición política. @mundiario