La Audiencia Provincial de Badajoz da inicio al fin de un proceso judicial que durante semanas ha estado bajo una intensa atención mediática. En el banquillo se han sentado once acusados relacionados con la creación, adjudicación y posterior evolución del puesto ocupado por David Sánchez Pérez-Castejón en la Diputación de Badajoz.
El procedimiento ha girado alrededor de tres cuestiones fundamentales. La primera, la supuesta creación y adjudicación irregular de una plaza pública entre 2016 y 2017. La segunda, la transformación de ese puesto años después para adaptarlo a nuevas funciones. La tercera, la incorporación posterior de Luis Carrero, considerado una persona cercana a David Sánchez y procedente del entorno de Moncloa.
Mientras las acusaciones populares sostienen que existió una utilización indebida de recursos públicos para favorecer al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las defensas han insistido durante todo el juicio en que no existe prueba alguna de delito y han respaldado la petición de absolución defendida por la Fiscalía.
Entre toda la documentación analizada durante la vista oral, una serie de correos electrónicos ha terminado ocupando el centro de la discusión. Según la documentación incorporada al procedimiento, David Sánchez remitió entre octubre de 2018 y diciembre de 2019 varios mensajes desde su cuenta corporativa de la Diputación a la dirección “[email protected]”.
Los asuntos de esos correos incluían referencias como “Registro de intereses 2018”, “Contrato”, “Declaración de Bienes/David Sánchez”, “Registro de Intereses” o simplemente “David”.
La relevancia de estos mensajes reside en el contenido de algunos documentos adjuntos y en la identidad del destinatario, que continúa siendo objeto de interpretación. La investigación de la UCO incorporó los correos al sumario, pero no determinó oficialmente si la cuenta pertenecía al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o a su padre, Pedro Sánchez Hernández.
Esa incertidumbre ha permitido que tanto acusaciones como defensas construyan interpretaciones radicalmente distintas sobre el alcance de esta prueba.
El correo sobre la incompatibilidad que puede marcar la sentencia
Entre todos los mensajes analizados, uno ha sido señalado por las acusaciones como especialmente relevante. Se trata de un correo reenviado por David Sánchez que contenía el informe de una funcionaria sobre la compatibilidad de su puesto. "No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal directivo, incluido el sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta dirección". Tras dar esa valoración, David Sánchez añadía: "Desde mi punto de vista dicha situación es incompatible".
Según los abogados de las acusaciones, este correo es el "elemento principal" que explica por qué se transformó posteriormente el puesto de David Sánchez a jefe de la oficina de artes escénicas.
El documento incluía además una posible alternativa administrativa: “Por lo tanto, y sin perjuicio de que lo veas mañana con el Secretario, desde mi punto de vista dicha situación es incompatible a todas luces. Una posible solución podría ser que se firmase un Protocolo de Actuación entre la Diputación Provincial y la Orquesta Sin Fronteras y a través de ese instrumento se cree una comisión de seguimiento en la que sea David quien represente a la Orquesta Sin Fronteras para actuar a este lado de la Raya”.
Para las acusaciones populares, este intercambio resulta fundamental porque consideran que demuestra la existencia de un problema de incompatibilidad que posteriormente habría influido en la modificación de las funciones del puesto ocupado por David Sánchez.
Inicialmente, el hermano del presidente fue contratado como coordinador de actividades musicales de los conservatorios provinciales. Posteriormente, el puesto evolucionó hasta convertirse en la Jefatura de la Oficina de Artes Escénicas. La magistrada instructora consideró durante la investigación que esa modificación pudo responder a las “preferencias personales” del hermano del presidente del Gobierno, una conclusión que las defensas rechazan de manera categórica.
Las acusaciones sostienen que los correos relacionados con la incompatibilidad permiten comprender la secuencia administrativa que desembocó en esa transformación. Según esta interpretación, el cambio organizativo habría servido para acomodar una situación profesional que inicialmente presentaba obstáculos legales.
Por el contrario, las defensas argumentan que la evolución del puesto respondió a necesidades organizativas legítimas dentro de la estructura cultural de la Diputación y que ninguna prueba acredita la existencia de trato de favor.
Los correos datan de entre el 30 de octubre de 2018 y el 2 de diciembre de 2019 y, para las acusaciones, refuerzan la tesis de que existió una relación directa entre las decisiones administrativas y el entorno del hermano del presidente del Gobierno. Sobre todo, porque uno de ellos es determinante en la posterior modificación del puesto de David Sánchez en el ente provincial.
Además, uno de esos mensajes contiene un correo electrónico remitido por la directora del área de Cultura, Emilia Parejo, donde se abordaba la famosa cuestión de la compatibilidad entre el puesto de trabajo que ocupaba David Sánchez y otras actividades profesionales que quería desarrollar fuera del ente provincial. Se trata de uno de los episodios que más controversia ha causado a lo largo de la sesión oral, dado que la cláusula de incompatibilidad desapareció con el cambio de nomenclatura del puesto de trabajo.
La pista de estos correos, según expuso el letrado Luis María Pardo, surgió a partir de otros mensajes electrónicos remitidos por David Sánchez a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en los que también figuraba en copia una dirección de correo vinculada a Presidencia.
Visto para sentencia el juicio a David Sánchez por su contratación en la Diputación de Badajoz.
— Telediarios de TVE (@telediario_tve) June 9, 2026
El hermano del presidente ha rechazado su derecho a la última palabra, turno que sí ha utilizado el exlíder de los socialistas extremeños,
Informa Aitor Lourido pic.twitter.com/8sWbOE3HxJ
El choque entre acusaciones, Fiscalía y defensas
La fase final del juicio evidenció hasta qué punto las posiciones siguen siendo irreconciliables. Las acusaciones populares endurecieron sus peticiones de condena e incrementaron las penas inicialmente solicitadas. En algunos casos, la petición para David Sánchez pasó de tres a seis años de prisión.
La Fiscalía mantuvo una posición diametralmente opuesta y continuó defendiendo la absolución de todos los acusados.
Las defensas denunciaron que se estaba intentando construir un relato basado en interpretaciones y sospechas más que en hechos acreditados. El abogado de David Sánchez llegó a afirmar que el procedimiento nació de una denuncia sustentada en recortes de prensa y criticó duramente lo que considera una utilización política del caso.
Por su parte, Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz y uno de los principales acusados, sostuvo durante su última intervención que la causa ha estado marcada por un “juicio mediático paralelo” y aseguró que los acusados ya han sido condenados socialmente con independencia del fallo que dicte el tribunal.
Los magistrados deberán determinar si esa documentación demuestra una actuación irregular vinculada a la contratación y posterior adaptación del puesto o si, por el contrario, constituye únicamente correspondencia privada sin relevancia penal suficiente para sustentar las acusaciones. @mundiario