Dentro de una gran diversidad de opiniones, cabe decir que este evento, de tan densa cobertura mediática, tendrá dudosos efectos.
Según el preceptivo neoescolasticismo que se enseñaba no hace mucho, quidquid recipitur, ad modum recipientis recipitur, es decir, que el amueblamiento mental que tenga alguien es fundamental para entender. Lo segundo implica reconocer que la vieja sentencia del Roma locuta, causa finita (Habló Roma y se acabó el debate) es de otra época, lo cual, a su vez, remite a que cuantos hayan visto el despliegue en torno a la reciente visita papal no necesariamente estarán de acuerdo en el juicio que les merezca. En todo caso, sí deberán coincidir en que la dimensión que el propio León XIV quiere dar a una “Iglesia en camino en la historia de la humanidad” (cap. 1 de la Magnifica humanitas), parece clara para los suyos, pero, como líder de una institución hierocrática, es muy ambigua para una sociedad democrática. A veces, pareció apoyar un planteamiento político similar al de la democracia cristiana que, con los códigos de la tradición eclesiástica, no se amoldaba a los rituales democráticos. Además, su extraña presencia en el Congreso de los Diputados no ha elevado las exigencias de la racionalidad democrática en la búsqueda del “bien común”.
A los siete minutos de aplausos, el discurso de León XIV —como obispo de Roma y jefe de Estado— logró que cada oyente confirmara prejuiciadas convicciones y, también, que tuviera material para fustigar a sus adversarios en asuntos como emigración, paz o “dignidad de la vida”. La “polaridad” de las controversias políticas —que tanto fustigó en pro de “la unidad”— autorizó silencios y reproches irresponsables en la búsqueda del “bien común”. Distraer a los diputados de sus rutinas no parece, sin embargo, que fuera pretensión principal de quienes elaboraron el cronograma de esta visita, pero haber procurado no herir mucho a nadie y dejar colgando mensajes tradicionales en una envoltura moderna sí parece fruto de calculada diplomacia. La presencia supuestamente “aconfesional” que la Iglesia sostiene en las entretelas de la vida española, pese a la mengua de sus fieles practicantes, apenas la tocó en público: necesita no ser puesta en entredicho, y León XIV ha brindado a sus obispos nuevas formas de motivarla y actualizarla.
La ambigüedad prosiguió en otros momentos y, casi a última hora del programa papal en Madrid, incluyó un encuentro en la Nunciatura con seis víctimas de abusos. Seleccionadas entre las 400.000 que apunta el Informe del Defensor del Pueblo, el gesto reconocía —después de años de silencios y reticencias del episcopado— que los victimarios pertenecían al ámbito clerical y que habían actuado en centros y espacios de su propiedad. Después de una hora, y sin corregir la dimensión de las secuelas del maltrato, quedó pendiente —ad kalendas graecas— la fuente central de estos abusos sexuales sobre menores indefensos: el celibato reglamentario de clérigos y religiosos. De igual modo, no ha quedado constancia de contrición y propósito de enmienda respecto a otros abusos de poder en educación como, por ejemplo, el estilo docente dogmático que entidades religiosas difundieron —desde antes de la guerra— propugnando una verdad única a saber recitar, una metodología que, acompañada a menudo de violencias humillantes, constituyó también una forma de abuso. Abusos similares, violentando la conciencia moral de los educandos hacia la obediencia ciega, los recordó Luis Mateo en 2013: Vidas de insectos (recopilado en: La cabeza en llamas). También los estudió Alice Miller en Por tu propio bien (1980), y los españoles y españolas que vivieron los efectos de estas pedagogías no entienden que el paraguas de espiritualidad de la Iglesia siga dándole un poder sobre el sistema educativo que difícilmente contribuirá a “la casa común” a la que se refiere León XIV. Sin que dé un giro sistémico a las trayectorias que el pasado nacionalcatólico dejó en la vida escolar, tampoco desaparecerán los desacuerdos que acompañan su gestión política. Después del art. 27 de la CE78, siguen afectando a la equidad educativa.
Hipotecas predemocráticas
Las mismas hipotecas exhiben los Acuerdos de 1979 en otros ámbitos de la vida ciudadana, como el ejercicio de “la acción social” o el de la cultura. Que Cáritas quiera ser la cara benefactora de la Iglesia no se compadece bien con que la proporción más alta de su financiación sea a cuenta de la casilla 106 del IRPF: la de “solidaridad”. La visita de León XIV al barrio de Lucero no entró en este ni en otros aspectos de lo que demandan los vecinos de ese barrio madrileño y el significado real de la virtud cardinal volvió a quedar ambiguo. El de sus bellas palabras en la encíclica, y en la visita a la parroquia barcelonesa de San Agustín, en El Raval, no puede sustituir —en la pelea de intereses que se oponen al crecimiento del “bien común”— las luchas sociales por la justicia.
Respecto a lo cultural, la Iglesia —el mayor tenedor de propiedad privada en España— es titular del 80% del patrimonio histórico-artístico nacional. En su cuidado, conservación y museización, lo extraño es que, si está al servicio del “pueblo de Dios”, pero el Estado sufraga la mayor parte de esos gastos, se cobren visitas y servicios como cualquier otra entidad privada. Esta inversión de sentido fue la que mutó el “evergetismo” romano —que dulcificaba con dones la desigualdad social— en “caridad cristiana”; ella enriqueció a la Iglesia desde el siglo IV con recursos que, administrados entre “sus pobres”, vigorizaron sus redes clientelares. Desde 1789, y tras una muy larga serie de contradicciones en que “la caridad” sirvió de oposición a “la justicia distributiva”, en pleno siglo XXI lo justo es que lo privado no erosione lo público del Estado de bienestar.
Este viaje papal, imitando la ética de las grandes corporaciones con un diseño masivo y sensacionalista, ayuda provisionalmente a tapar discrepancias internas de la Iglesia, mientras los problemas de siempre seguirán en espera. Puede que afiance su imagen respecto a otras espiritualidades en alza, pero leer este viaje en clave cuasi monopolística de “lo católico” —y obviando normativa como la de la Ley Sherman, una ley “antitrust” que, en 1890, quiso evitar en EE. UU. el abuso de prácticas comerciales que limitaran “la libertad”— no ha de considerar irrelevante que este término, tan usado en España como eslogan contra la “educación común” —y tan asociado a políticas neoliberales—, sea el que los tecnoplutócratas de la IA imponen en EE. UU. y en América Latina. Por tanto, si en su nueva estrategia el Vaticano quiere contribuir a “la casa común” que precisa la humanidad, debiera concordar con lo que exige Mt. 7, 16 respecto al valor diferencial de las palabras y los frutos. Por otro lado, si no renuncia, de entrada, a que su creencia privada sea subvencionada con el presupuesto público, de nada ha servido lo que firmó en el punto cinco del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos (BOE de 29.12.1978): “la Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”. @mundiario