El Gobierno volverá a llevar al Consejo de Ministros los decretos de vivienda que el Congreso tumbó el pasado viernes, pero no lo hará necesariamente con la misma redacción. La Moncloa trabaja en unos textos modificados que permitan recuperar buena parte de las medidas y, sobre todo, trasladar su convalidación a la Diputación Permanente, el órgano que asume las funciones del ParlMENTO cuando las Cortes están disueltas. Allí la aritmética cambia sustancialmente. Junts, cuyo voto resultó decisivo para hacer caer los decretos en el Pleno, deja de tener la llave.
La maniobra se produce después de que el Congreso rechazara el viernes los dos paquetes de vivienda impulsados por el Ejecutivo. La derrota parlamentaria precipitó el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre y abrió al Gobierno una vía para intentar rescatar algunas de sus medidas sin tener que volver a enfrentarse a la actual composición del Pleno. La Diputación Permanente está expresamente habilitada por la Constitución para pronunciarse sobre la convalidación o derogación de los reales decretos-ley cuando las Cámaras están disueltas.
La prioridad del Ejecutivo es el denominado “decreto Maricarmen”, el paquete que contempla la protección de personas vulnerables frente a determinados desahucios y que había contado con el respaldo del PNV, EH Bildu, ERC y Podemos, además del apoyo que el Gobierno había negociado con otros socios. Con una composición reducida de 69 miembros, la Diputación Permanente permite al Ejecutivo explorar una mayoría distinta a la del Congreso.
La aritmética es especialmente relevante. En la composición vigente de la Diputación Permanente, PSOE y Sumar suman 31 escaños. Si se mantienen los apoyos de ERC, EH Bildu, PNV y el representante del Grupo Mixto, el bloque favorable alcanzaría 35 votos, frente a los 34 que sumarían PP, Vox y Junts. En ese escenario, el rechazo de Junts no impediría la convalidación del decreto.
Pero el Gobierno no tiene asegurado el conjunto de su paquete de vivienda. El PNV respaldó el primer decreto y rechazó el segundo, que incluye la prórroga de los contratos de alquiler y otras medidas destinadas a reforzar la posición de los inquilinos. Por tanto, si las formaciones mantienen sus posiciones anteriores, la nueva aritmética podría servir para salvar el escudo antidesahucios, pero no necesariamente el segundo paquete.
No serán exactamente los mismos decretos
Una de las principales incógnitas de las próximas horas está en la redacción definitiva. Fuentes del Gobierno citadas por El País señalan que no se pretende reproducir literalmente los textos rechazados por el Pleno, sino aprobar normas similares con modificaciones. Después de que el Congreso haya rechazado unos decretos concretos, la posibilidad de volver a someter exactamente el mismo contenido a un órgano parlamentario de menor tamaño plantea dudas jurídicas que el Ejecutivo quiere evitar.
La Moncloa estudia por ello qué medidas pueden recuperarse y con qué fórmula. El objetivo es preservar el máximo contenido posible del primer decreto, especialmente las medidas de protección frente a los desahucios, sin reproducir exactamente la norma que acaba de ser derrotada en el Pleno.
El adelanto electoral no deja al Gobierno sin agencia. Mientras no se produzca la constitución del nuevo Ejecutivo tras las elecciones, el Consejo de Ministros mantiene sus atribuciones y puede aprobar reales decretos-ley cuando concurran las circunstancias constitucionales de extraordinaria y urgente necesidad. Lo que cambia es el órgano encargado de ejercer el control parlamentario sobre esas normas. Con las Cortes disueltas, esa función corresponde a la Diputación Permanente.
Un precedente que respalda la operación
No se trata de una fórmula inédita. El propio Congreso recuerda que la Diputación Permanente ya ha convalidado reales decretos-ley durante periodos en los que las Cámaras estaban disueltas. Tras la disolución de septiembre de 2019, este órgano llegó a convalidar siete decretos-leyes, lo que ofrece un precedente parlamentario para la operación que ahora prepara el Ejecutivo.
La cuestión, por tanto, ya no es únicamente si el Gobierno puede volver a aprobar medidas de vivienda después de la derrota del viernes, sino qué medidas logrará rescatar y con qué apoyos. La respuesta empezará a despejarse este martes, cuando el Consejo de Ministros apruebe los nuevos textos, y continuará después en una Diputación Permanente cuya composición convierte a Junts en un actor sin capacidad para bloquear por sí solo el decreto que los socios del bloque de investidura de la legislatura saliente decidan respaldar.
La operación permite así al Ejecutivo intentar que la derrota parlamentaria del viernes no se traduzca en la desaparición inmediata de todas sus medidas de vivienda. Pero también evidencia hasta qué punto la política habitacional seguirá condicionada por una aritmética parlamentaria fragmentada incluso durante el periodo previo a las elecciones del 29 de noviembre. @mundiario
