Pedro Sánchez ha puesto fecha de caducidad a la XV Legislatura y ha abierto una nueva carrera hacia las urnas. El 29 de noviembre los españoles decidirán la composición de las próximas Cortes, pero el adelanto electoral no supone el cierre del otro escenario que ha condicionado buena parte del mandato socialista: los tribunales. La política española llega a la campaña electoral después de más de tres años de tensión entre el Ejecutivo y distintos órganos judiciales, una ley de amnistía que enfrentó al Gobierno con el Tribunal Supremo y una sucesión de investigaciones que han alcanzado a dirigentes del PSOE, altos cargos de la Administración y al propio entorno familiar de Sánchez.
La disolución de las Cortes tampoco paraliza automáticamente las investigaciones. Los procedimientos judiciales continúan sometidos a sus propios plazos y diligencias, aunque la proximidad de las elecciones puede condicionar el calendario de determinadas decisiones por su impacto político. De hecho, ya hay actuaciones fijadas para octubre y noviembre en algunas de las causas que afectan al PSOE y a altos cargos socialistas.
La legislatura nació condicionada por el pacto de investidura entre el PSOE y Junts que permitió a Sánchez continuar en La Moncloa a cambio, entre otras medidas, de aprobar una ley de amnistía para los responsables del procés. La norma se convirtió desde el primer momento en uno de los mayores focos de confrontación institucional del mandato.
El Tribunal Supremo se negó a aplicar la amnistía al delito de malversación en las causas que afectaban a los dirigentes independentistas, mientras el Tribunal Constitucional avaló en 2025 la constitucionalidad de la ley. Ahora el foco vuelve a estar sobre el máximo órgano de garantías, que tiene pendiente resolver recursos relacionados con la negativa del Supremo a aplicar la amnistía a la malversación. El Pleno ya rechazó en septiembre una ponencia sobre el recurso del exconseller Jordi Turull y el debate sobre la interpretación de la norma continúa abierto.
La cuestión puede tener consecuencias políticas de calado antes de que termine el año. Una eventual decisión favorable a la aplicación de la amnistía sobre la malversación podría afectar directamente a dirigentes del procés que siguen pendientes de las consecuencias de las condenas, entre ellos el expresident Carles Puigdemont. El presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha defendido públicamente que la norma debe incluir ese delito, mientras en el Supremo se mantiene una interpretación distinta.
El caso Koldo se convirtió en el gran frente judicial del PSOE
Si la amnistía marcó el comienzo de la legislatura, el caso Koldo acabó convirtiéndose en uno de sus mayores problemas políticos. La investigación sobre presuntas comisiones vinculadas a contratos de mascarillas durante la pandemia fue ampliándose hasta alcanzar al exministro de Transportes José Luis Ábalos y, posteriormente, al exsecretario de Organización socialista, Santos Cerdán.
El Supremo condenó en junio de 2026 a Ábalos, su exasesor Koldo García y Víctor de Aldama por distintos delitos relacionados con la trama de las mascarillas. La investigación, sin embargo, no terminó con la sentencia. Otras piezas continúan abiertas, entre ellas las relacionadas con presuntos amaños de obra pública y con el supuesto sistema de pagos en efectivo dentro del PSOE.
Cerdán, antiguo secretario de Organización del PSOE, continúa siendo una de las figuras centrales de las investigaciones. Su nombre aparece como yunta en distintas causas y su situación judicial constituye uno de los principales argumentos utilizados por la oposición contra Sánchez, quien le confió el puesto de número tres del partido después del cese de su predecesor, el propio Ábalos.
La agenda de la Audiencia Nacional mantiene además abiertas otras investigaciones que afectan a antiguos dirigentes y cargos vinculados al PSOE. Entre ellas se encuentran las derivadas del caso Leire Díez, la causa de Plus Ultra y las pesquisas sobre supuestos pagos o mecanismos de financiación del partido con petróleo venezolano. Algunas diligencias tienen fecha ya fijada y otras dependen de las decisiones que adopten los jueces durante las próximas semanas.
Begoña Gómez afronta ahora la etapa del juicio
Uno de los procedimientos con mayor carga política es el que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Tras la instrucción dirigida por el juez Juan Carlos Peinado, la causa ha entrado en una nueva fase después de la apertura del juicio oral. La Fiscalía ha mantenido una posición discrepante respecto de las acusaciones populares y ha reclamado la absolución de Gómez. El procedimiento queda ahora pendiente de la actuación de la Audiencia Provincial de Madrid y de la fijación de las siguientes fases procesales. La celebración del juicio no desaparece por la convocatoria electoral: simplemente queda sometida al calendario de los tribunales.
La causa ha sido uno de los ejemplos más visibles de la judicialización de la política durante esta legislatura. Las actuaciones del juez Peinado fueron recurridas en distintas ocasiones y algunas de sus decisiones fueron posteriormente corregidas o revisadas por órganos superiores, lo que alimentó el enfrentamiento político en torno al procedimiento.
La situación judicial del entorno familiar de Sánchez se completó en julio con la condena de su hermano David Sánchez por prevaricación administrativa. La sentencia, recurrida, no supone el final del procedimiento y será el resultado de los recursos el que determine su situación definitiva.
Plus Ultra y Leire Díez mantienen abierto el frente
Otro episodio de enorme repercusión institucional fue la condena del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. Su recurso ante el Constitucional mantiene abierta una vía de revisión de la sentencia. El procedimiento adquirió una dimensión política extraordinaria porque estaba relacionado con la difusión de información sobre el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La sentencia del Supremo fue adoptada con votos discrepantes y el antiguo fiscal general recurrió posteriormente al Constitucional.
En paralelo, la Audiencia Nacional mantiene la investigación sobre Plus Ultra, que alcanzó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La causa examina presuntas operaciones de tráfico de influencias y otros posibles delitos. El procedimiento ha generado nuevas diligencias y comparecencias que pueden prolongarse más allá de las elecciones.
El denominado caso Leire Díez constituye otro de los focos abiertos. La Audiencia Nacional investiga las actuaciones atribuidas a la exmilitante socialista y a otras personas en distintas líneas de investigación, una de ellas la de las presuntas cloacas del PSOE y otra vertiente en las supuestas irregularidades en contratos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a cargo del denominado Grupo Hirurok. Entre los investigados figuran cargos y antiguos responsables públicos, y la agenda de declaraciones continúa durante octubre.
Qué puede ocurrir antes y después del 29-N
La convocatoria electoral activa un calendario de 54 días. El decreto se publica este martes 6 de octubre; las candidaturas podrán presentarse entre el 21 y el 26 de octubre; la campaña comenzará el 13 de noviembre y terminará el día 27; el 28 será jornada de reflexión y las elecciones se celebrarán el 29. Ese calendario político convivirá con otro judicial. Ya hay actuaciones previstas en octubre en algunas de las investigaciones que afectan al PSOE y a su entorno, mientras otras decisiones relevantes carecen todavía de fecha. La Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional seguirán funcionando durante el periodo electoral.
Además, algunas de las causas más relevantes se encuentran en fases procesales muy diferentes. Mientras Begoña Gómez ha entrado ya en la etapa posterior a la instrucción, otras investigaciones siguen recopilando documentación y tomando declaraciones. En el caso de Plus Ultra o Leire Díez todavía quedan diligencias pendientes; en la causa sobre la amnistía, por su parte, el debate se sitúa en el terreno constitucional. @mundiario
