El caso que rodea a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, entra en una nueva fase que puede marcar un antes y un después en su recorrido judicial. La decisión del juez Antonio Viejo de autorizar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a rastrear sus cuentas bancarias durante más de una década no es un mero trámite: supone abrir la puerta a una reconstrucción exhaustiva de su patrimonio y de los posibles flujos de dinero bajo sospecha.
La medida llega tras meses de espera y en un contexto de creciente presión política y mediática. No solo por la relevancia pública de los implicados, sino por la naturaleza de los hechos investigados, que combinan presunto fraude fiscal y posibles pagos encubiertos en operaciones empresariales. El foco ahora está en determinar si los movimientos económicos de González Amador responden a una actividad legítima o si esconden una trama de contraprestaciones.
El auto judicial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, apunta directamente a una cuestión clave: si ha existido un incremento patrimonial injustificado. Este tipo de análisis, habitual en investigaciones complejas de corrupción o delitos económicos, busca conectar ingresos, bienes y operaciones financieras con posibles conductas delictivas. En este caso, el rastreo se remonta hasta 2014, lo que permitirá a los investigadores trazar una evolución completa de su situación económica.
La decisión también implica a otras figuras del entorno empresarial investigado, como Gloria Carrasco, vinculada al grupo sanitario Quirónprevención. La inclusión de su perfil en el análisis patrimonial amplía el alcance de la investigación y refuerza la hipótesis de que no se trata de hechos aislados, sino de una posible red de relaciones económicas bajo sospecha.
Del negocio estético a las mascarillas
El origen de esta causa se sitúa en una operación aparentemente menor: la compra de un negocio de estética en León por 500.000 euros. Sin embargo, la falta de valor contable de la empresa encendió las alarmas de la Fiscalía, que interpreta esta transacción como una posible tapadera para encubrir un pago de naturaleza distinta.
La clave está en los meses previos a esa compra. González Amador habría actuado como intermediario en una operación de compraventa de mascarillas en plena pandemia, una actividad que generó una comisión millonaria. La sospecha es que parte de ese dinero se habría canalizado posteriormente como un “pago de retorno” a través de la adquisición del negocio.
Este tipo de esquemas, difíciles de demostrar, requieren precisamente del análisis financiero que ahora se pone en marcha. Los investigadores tratarán de identificar patrones, coincidencias temporales y movimientos atípicos que puedan sostener la tesis de un soborno encubierto.
La importancia del rastro financiero
La autorización judicial a la UCO no es un paso menor. Las diligencias solicitadas afectan directamente a la privacidad de los investigados, lo que explica el tiempo transcurrido hasta su aprobación. Sin embargo, una vez concedidas, se convierten en una herramienta decisiva.
El rastreo de cuentas permitirá acceder a ingresos, transferencias, inversiones y posibles conexiones entre distintos actores. En investigaciones de este tipo, el dinero suele dejar un rastro más fiable que las declaraciones o los documentos formales. De ahí que el juez haya considerado este ámbito como “prioritario”.
Además, no se descarta que en fases posteriores se amplíe el análisis a la información tributaria y laboral, lo que ofrecería una visión aún más completa del entramado económico.
Consecuencias políticas y judiciales
Más allá del ámbito estrictamente judicial, el caso tiene una evidente dimensión política. La implicación de la pareja de la presidenta madrileña convierte cada avance en un elemento de confrontación entre partidos. La oposición ya ha mostrado su inquietud por los tiempos de la investigación, mientras que el entorno de Ayuso ha defendido la legalidad de las actuaciones.
El desarrollo de esta nueva fase será determinante. Si el análisis de las cuentas confirma irregularidades, el caso podría escalar tanto en el plano judicial como en el político. En cambio, si no se encuentran indicios concluyentes, la investigación podría perder fuerza.
En cualquier caso, el movimiento del juez Viejo marca un punto de inflexión: el momento en que la investigación deja de centrarse en sospechas para adentrarse en el terreno de las pruebas económicas. Y ahí, en el detalle de cada transferencia y cada ingreso, es donde se decidirá el futuro del caso. @mundiario