La recta final de las elecciones presidenciales colombianas ha quedado marcada por una denuncia que trasciende el habitual enfrentamiento electoral y se adentra en uno de los capítulos más controvertidos de la historia reciente del país. El senador y candidato presidencial Iván Cepeda anunció la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra su rival en la segunda vuelta, el abogado y candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella.
La acusación gira en torno a presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito, todos ellos vinculados, según Cepeda, a la actividad de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La decisión ha introducido un elemento de enorme impacto político en una campaña ya caracterizada por la polarización y por un clima de confrontación crudo entre las dos candidaturas que disputarán la Presidencia.
Uno de los aspectos más significativos del movimiento realizado por Cepeda es que no se limita al ámbito judicial colombiano. El candidato del Pacto Histórico pretende que la Corte Penal Internacional examine los hechos al considerar que podrían estar relacionados con delitos asociados a crímenes de lesa humanidad.
“Estamos presentando denuncia penal contra el abogado De la Espriella ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional por haber presuntamente cometido e incurrido en una serie de delitos”, afirmó el senador durante una comparecencia pública en Bogotá.
Cepeda sostiene que De la Espriella creó y lideró la Fundación para la Promoción de Ideas y Acciones de Paz (FIPAZ). Según la denuncia, esta ONG no era una iniciativa legítima, sino un instrumento político y financiero creado por los paramilitares antes y durante los diálogos de desmovilización en Santa Fe de Ralito
La estrategia jurídica se sustenta en la tesis de que determinadas actuaciones vinculadas a organizaciones paramilitares no habrían sido investigadas de forma suficiente por la justicia nacional y que existirían nuevos elementos probatorios surgidos en los últimos años a través de declaraciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La reactivación de estas acusaciones se fundamenta en que los antiguos jefes paramilitares (como Salvatore Mancuso, el 'Tuso' Sierra o 'Ernesto Báez') han entregado nuevas declaraciones en el marco de la JEP, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad. Cepeda argumenta que estos testimonios prueban que De la Espriella actuó como “financiado y financiador” del paramilitarismo, seleccionando incluso a futuros congresistas con apoyo de las AUC.
El objetivo de Cepeda no consiste únicamente en promover una investigación penal ordinaria, sino en reabrir el debate sobre la posible responsabilidad de determinados actores civiles en el entramado paramilitar que operó durante décadas en Colombia.
El papel de FIPAZ en el centro de las acusaciones
El núcleo de la denuncia gira alrededor de la organización creada en 2004 durante el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Según la versión presentada por Cepeda, distintos testimonios, documentos e informes oficiales apuntarían a que dicha fundación habría funcionado como una herramienta política impulsada por dirigentes paramilitares para ampliar su influencia institucional durante las negociaciones con el Gobierno de Álvaro Uribe.
La acusación sostiene que Abelardo de la Espriella, quien presidió esa fundación, desempeñó un papel relevante en su funcionamiento. “FIPAZ fue financiada por las AUC, pero al mismo tiempo entregó recursos y financió a las AUC”, afirmó Cepeda durante la presentación de la denuncia.
El senador sostiene que la organización no habría sido simplemente una plataforma de interlocución política, sino un mecanismo utilizado para canalizar intereses de los grupos armados y favorecer su influencia en distintos ámbitos institucionales.
La gravedad de la acusación radica precisamente en que trasciende la condición de abogado defensor que De la Espriella ejerció respecto a varios jefes paramilitares. La denuncia plantea la posibilidad de una participación más profunda dentro de las dinámicas políticas y financieras asociadas a esas estructuras.
La denuncia menciona a varios de los principales comandantes paramilitares que protagonizaron el proceso de desmovilización de las AUC. Según Cepeda, diferentes declaraciones realizadas por estos antiguos comandantes a lo largo de los años permitirían reconstruir una red de relaciones políticas y económicas en la que habría participado De la Espriella.
El candidato presidencial Iván Cepeda presentó una denuncia contra el también candidato Abelardo de la Espriella por tres delitos. Por su parte, De la Espriella envió una carta a Estados Unidos en la que denuncia irregularidades en la primera vuelta presidencial en Colombia que… pic.twitter.com/EiuuoKLSTm
— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 11, 2026
Entre los elementos expuestos aparecen referencias a presuntos sobornos, actuaciones dirigidas a evitar extradiciones de jefes paramilitares y supuestas intervenciones en procesos institucionales sensibles. Se acusa al hoy candidato de la derecha de usar sus conexiones para interferir en decisiones de la Fiscalía, ministerios o el Congreso de la época. Específicamente, se le señala de intervenir en el diseño de los marcos legales de desmovilización para que los paramilitares obtuvieran penas mínimas y blindaje jurídico, lavando activos a través de fachadas legales.
El candidato también ha cuestionado decisiones adoptadas por la Fiscalía colombiana durante la gestión del entonces fiscal general Mario Iguarán, sugiriendo que algunas investigaciones fueron archivadas sin que se practicaran diligencias suficientes.
La respuesta de De la Espriella
El candidato señalado rechazó inmediatamente las acusaciones y las enmarcó dentro de una estrategia electoral impulsada por su adversario.
“Hace unos días, sin aspavientos, denuncié la NARCO POLÍTICA ante el Gobierno de los Estados Unidos: la alianza de Cepeda con los criminales que le pusieron votaciones atípicas en (los departamentos de) Cauca, Chocó y Nariño. Su reacción: denunciarme por lo único que sale de su boca ‘paraco’. Cortinas de humo: entraste en pérdida Cepeda”.
De la Espriella y la oposición usan un argumento similar en el presente, acusando al gobierno de Gustavo Petro (aliado de Cepeda) de presuntamente ofrecer frenar extradiciones actuales a narcos en la cárcel La Picota a cambio de sobornos y apoyo político.
El fenómeno conocido como parapolítica dejó centenares de investigaciones, condenas y revelaciones sobre la penetración de las AUC en distintos niveles del Estado. Aunque buena parte de esos procesos fueron juzgados hace años, muchos interrogantes siguen abiertos y continúan generando disputas políticas.
La intervención de la Corte Penal Internacional añade además una dimensión internacional al conflicto. Si bien la CPI no actúa automáticamente tras la recepción de una denuncia, el simple hecho de invocar su competencia proyecta el caso más allá del escenario interno colombiano y sitúa el debate en el terreno de los posibles crímenes relacionados con violaciones masivas de derechos humanos.
Las encuestas conocidas hasta ahora sitúan a De la Espriella por delante de Cepeda, circunstancia que explica la enorme repercusión política de la ofensiva judicial anunciada por el candidato oficialista. Sin embargo, el alcance real de la denuncia dependerá de la capacidad de las autoridades para verificar los elementos aportados y determinar si existen fundamentos suficientes para abrir nuevas investigaciones. @mundiario
