Guanajuato.- Después de varias décadas de existencia, el Congreso del Estado eliminó la facultad de sugerir las recomendaciones de montos máximos de las remuneraciones de los integrantes de los Ayuntamientos: presidentes municipales, síndicos y regidores.
La aprobación en el Pleno se dio el 26 de marzo y el decreto para que entrara en vigor se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 17 de abril.
Dichas recomendaciones casi nunca eran acatadas ni por los presidentes municipales ni por el resto de los ayuntamientos. Sino que nada más servían para que los medios de comunicación y la opinión pública conocieran quiénes eran los Presidentes Municipales que ganaban más cada año, en muchas ocasiones de manera injustificada. Pero después de la exposición pública, nunca los redujeron.
Esta eliminación se realizó mediante una reforma a la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos que establecía, que el Congreso debería emitir a más tardar el 15 de octubre de cada año las referidas recomendaciones, publicarlas en el Periódico Oficial y en un diario de amplia circulación en el municipio de que se tratara.
Entrevistados por AM al respecto, tres presidentes municipales: de San Miguel de Allende, Irapuato y Celaya aplaudieron la decisión, pues consideraron que esas recomendaciones eran una “intromisión” a la facultades presupuestales de los Ayuntamientos.
La iniciativa para derogar dichas recomendaciones fue presentada por la fracción del PRI el 16 de octubre de 2025 y en su exposición de motivos, la diputada Ruth Tiscareño Agoitia argumentó que su objetivo era respetar y garantizar la autonomía hacendaria de los municipios.
Pues según esa bancada, con lo establecido sobre ese tema tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica Municipal, el Congreso invadía competencias que son propias de los Ayuntamientos en materia financiera y presupuestal.
En su exposición de motivos, citó artículos de las constituciones federal y local para hacer ver que el acuerdo en materia de recomendaciones sobre los montos máximos de remuneraciones de integrantes de Ayuntamientos para 2026 no tenía efectos vinculatorios ni creaba lazos obligatorios, por lo que “no era más que expresión de buenas intenciones”.
Tiscareño Agoitia precisó que, a nivel estatal, las Leyes de Ingresos son aprobadas por la Legislatura en funciones, pero no los Presupuestos de Egresos, porque eso corresponde única y exclusivamente a los Ayuntamientos.
Para reforzar su argumentación, sostuvo que la Ley de Hacienda y la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos no tenía potestad para regular el gasto ni los tabuladores salariales del orden municipal.
Por lo que el dictamen aprobado por el pleno del Congreso del 26 de marzo, coincidió en que se debe respetar la autonomía municipal para administrar libremente su hacienda, incluyendo la capacidad de los ayuntamientos para gestionar su hacienda y definir sus presupuestos, lo cual abarca la determinación de las remuneraciones de sus integrantes.
Aunque se aclaró que las recomendaciones realizadas tuvieron siempre el objetivo de coadyuvar con los gobiernos municipales para establecer que las remuneraciones de los integrantes de los ayuntamientos se ciñeran a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público.
Morena estuvo en contra
En la sesión del pleno del Congreso cuando se discutió su aprobación, al hablar en contra, el diputado Carlos Ramos Sotomayor defendió la facultad del Congreso del Estado para emitir recomendaciones de remuneraciones municipales, aclarando que estas no vulneran la autonomía establecida en el artículo 115 constitucional, ya que no tienen un carácter obligatorio.
Precisó que dichas recomendaciones partían de una metodología estricta y criterios objetivos, tales como la densidad poblacional, la eficiencia administrativa, la recaudación anual de predial y el contexto macroeconómico, funcionando como un marco de referencia responsable para los 46 municipios de la entidad.
Subrayó que este mecanismo buscaba evitar que los integrantes de los ayuntamientos perciban sueldos alejados de la realidad financiera de sus demarcaciones e informó que en 2025, 29 municipios se situaron por encima de los montos recomendados, destacando casos como Silao (45%), San Diego de la Unión (74%) y Tierra Blanca (51%).
El también morenista Ernesto Millán precisó que no existe registro de municipios sancionados por no seguir dichos parámetros y que el propósito fundamental de estas recomendaciones es enviar un mensaje de disciplina financiera, asegurando que el gasto en servicios personales de los ayuntamientos sea acorde a la realidad económica y social que vive la entidad.
Las opiniones de los presidentes municipales
Lorena Alfaro García, de Irapuato, expresó: “Los Ayuntamientos tienen autonomía, me parecía que era una ingerencia que no debió darse nunca.
“Sin embargo, ellos (los diputados) definían quién sí y quien no, cuando no se autorregulan ellos mismos y los ingresos de los diputados son muy superiores a los de alcaldes que tienen responsabilidades enormes por el nivel de población y presupuesto que administran.
“Esta parte parecía incongruente. Además de que no era legal, era incongruente. Pero nos sirvió en su momento para tener estos parámetros”, afirmó en entrevista con AM.
Sin embargo, reconoció que sí ayudaba a tener un control y un parámetro, sobre todo cuando no se quieren los municipios ajustar a una remuneración que sea proporcional a su población y a su presupuesto.
Porque reconoció que no es lo mismo municipios como León que tienen una población de dos millones de habitantes, con un presupuesto muy elevado, a un municipio que tiene 10 mil personas.
El Ayuntamiento de Irapuato expuso lo siguiente en la consulta por escrito que le hizo el Congreso: “Es importante señalar que dichas recomendaciones carecen de efectos jurídicos vinculantes, dado que no imponen obligación alguna, no generan derechos y, en consecuencia, no pueden ser exigidas ni compelidas a su cumplimiento”.
“Todos se deberían bajar el sueldo”: Adrián Hernández
Adrián Hernández Alejandri, presidente municipal de Dolores Hidalgo, se sinceró: “Si me afecta o no me afecta, yo en lo particular bajaría el sueldo de todos. Creo que me depositan como 60 y tantos, ni sé, porque ese no es mi principal ingreso”.
-¿Si consideraba que servía para algo (la recomendación o era letra muerta?
“La verdad es que no, porque solo hablaba del Ayuntamiento, pero faltaban los directores de la administración”.
En entrevista con AM, consideró que más bien la reforma debería de ser consensada desde el Congreso, donde tabularan los salarios con base en el tamaño del municipio, grado de complejidad, trabajo de los regidores, responsabilidad del Presidente Municipal.
“Como en las empresas privadas, que vas valorando el rendimiento de tus empleados. Pero aprueban reformas rogando a Dios que no se cumplan”, señaló.
“Era una intromisión del Congreso”: Trejo Pureco
Mauricio Trejo Pureco, de San Miguel de Allende, calificó: ”Las recomendaciones que emitía el Congreso del Estado y que era una intromisión directa del Legislativo al Ejecutivo local, fueron emitidas sin ningún criterio técnico. Por lo tanto, eso genera que las cosas se enturbien.
“Eso crea un problema mediático innecesario, desde el Congreso, porque al meterse en campos que no le deben de corresponder, y mucho menos sin un criterio técnico, entonces lo único que hace es restarle fuerza, importancia y sobre todo responsabilidad, tanto legal como social a los Ayuntamientos”.
Por lo que consideró positiva su eliminación en cuanto al orden del funcionamiento de los tres Poderes en Guanajuato. Guanajuato tiene que funcionar correctamente, y para que eso suceda, necesitamos evitar intromisiones de distintos poderes a las canchas de los demás Poderes, dijo.
“Y eso es lo que se venía dando, el Congreso del Estado emitía recomendaciones sin fundamento alguno, sin estudio alguno, sin impacto económico alguno”, afirmó.
Por eso le parece que es una decisión en positivo, porque permite que los Ayuntamientos sigan tomando esas decisiones que les corresponden únicamente a ellos, que son los que conocen la realidad local en los económico, tanto del Municipio, como en lo presupuestal.
Y que sea una responsabilidad de mayorías para subir o bajar los sueldos de los presidentes. “Así que me pareció para bien para que cada Ayuntamiento determine cómo debe de ganar su Presidente, de acuerdo a su realidad económica”, reiteró.
Juan Miguel Ramírez lo aplaude
El presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez se mostró a favor de que el Congreso del Estado ya no realice las recomendaciones salariales a los ayuntamientos ya que eran utilizadas a conveniencia de los municipios.
“Es muy positivo porque cuando ha habido aumentos salarios, por ejemplo cuando ocurrió aquí, el argumento era que porque el Congreso del Estado hacía esta observación y ellos proponían y la gente se subía el sueldo”, aseguró en entrevista con AM.
La última vez que el Ayuntamiento de Celaya aprobó una recomendación de aumento salarial fue en diciembre de 2021, durante los primeros meses de administración de Javier Mendoza Márquez, con un 28% de incremento salarial.
Ramírez Sánchez aseguró que en el tabulador salarial su sueldo bruto señala que percibe más de 100 mil pesos, le quitan el 35% de impuestos, y afirmó que su salario lo utiliza para la renta de su oficina que ha utilizado por varios años.
El alcalde celayense reiteró que en su administración no habrá aumentos salariales al Ayuntamiento tal y como se comprometió desde campaña.
“Yo le pedí a los regidores de la fracción (de Morena) que se comprometieran a que en estos años no vamos a pedir aumento y hace poco me dijeron que estaban en lo dicho y que bueno que ya no habrá esa recomendación porque era lo que permitía que se dieran los aumentos”, afirmó.
Sin embargo, Ramírez Sánchez comentó que sigue habiendo mucha disparidad salarial en diferentes municipios de la entidad por lo que se tiene que encontrar el mecanismo para nivelar los salarios, evitando aumentos.
Samantha Smith respeta la decisión del Congreso
Samantha Smith, presidenta municipal de Guanajuato capital, opinió que seguramente las recomendaciones obedecían a un proceso de cuidar el gasto público, pero no siempre se hacía caso a esas recomendaciones.
“Pero independientemente, yo soy muy respetuosa de las decisiones del Congreso, por supuesto de la autonomía municipal que establece la Constitución. Para mí lo más importante es que todos los gobiernos actuemos con responsabilidad, con transparencia, sobre todo mucha sensibilidad en el uso y manejo de los recursos públicos.
“En nuestro caso vamos a seguir priorizando el uso responsable del presupuesto y también las necesidades de las familias de Guanajuato”, expresó en entrevista con AM.
Aseguró que ella siempre estuvo por debajo de las recomendaciones que se emitían en cuanto a los sueldos, al igual que los síndicos y regidores.
Alejandra Gutiérrez, sin opinión
AM solicitó a Comunicación Social de la Presidencia Municipal de León una entrevista con Alejandra Gutiérrez al respecto, pero no fue concedida.
“No tiene una opinión la presidenta municipal al respecto, es respetuosa de las decisiones del Congreso”, se respondió en un mensaje.
En la opinión por escrito enviada al Congreso, el Ayuntamiento de León expuso una opinión positiva a la eliminación debido a que podía interpretarse como una intromisión a la autonomía del Ayuntamiento.
“Se considera que, con fundamento en los principios de racionalidad, austeridad, disciplina financiera y buen uso del gasto público, corresponde a los ayuntamientos determinar las remuneraciones conforme a su situación presupuesta/ y socioeconómica, de acuerdo con lo establecido en la normatividad en materia financiera y de disciplina de los recursos públicos.
“En ese sentido, se sugiere que el Congreso del Estado valorare la viabilidad de eliminar las disposiciones que facultan la emisión de recomendaciones sobre montos máximos de remuneraciones municipales, toda vez que si bien se presentan como sugerencias, su sola existencia puede generar una presión institucional que se interprete como intromisión en la esfera competencia/ del Ayuntamiento, con el riesgo de vulnerar el principio de autonomía hacendaría y la facultad exclusiva del Municipio para aprobar su Presupuesto de Egresos”.
HLL