El choque entre el PSOE y los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vuelve a intensificarse tras la aparición de un burofax que el partido afirma haber remitido hace casi un año al abogado Jacobo Teijelo. En ese documento, según sostiene la formación, se dejaba constancia de que no se abonarían dos facturas por un total de 53.000 euros vinculadas a servicios jurídicos ahora bajo sospecha en el marco de la investigación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
El episodio añade una nueva capa de tensión a un caso ya complejo, en el que los investigadores tratan de reconstruir el papel de distintos intermediarios y contratos en torno a la presunta trama vinculada a la denominada causa Leire Díez y al entorno del caso Koldo. La clave ahora no es solo si existían o no los servicios facturados, sino quién conocía qué información y en qué momento.
Según aseguran fuentes jurídicas al diario EL PAÍS, el burofax fue exhibido a los agentes de la UCO cuando estos acudieron a la sede de Ferraz para recabar documentación. Sin embargo, los informes policiales apuntan en otra dirección: aseguran que las facturas no estaban en la documentación entregada inicialmente por el partido y que fue el propio Teijelo quien las remitió posteriormente por correo electrónico.
La discrepancia entre ambas versiones ha generado un nuevo foco de fricción institucional. Para los investigadores, la cronología de los documentos es relevante porque podría apuntar a posibles vacíos de información en la colaboración entre el partido y la justicia. Para el PSOE, en cambio, el burofax demostraría que la organización actuó de forma transparente al rechazar los pagos desde el primer momento.
Un burofax en el centro de la disputa
El documento en cuestión, fechado en julio de 2025, habría sido la respuesta del PSOE a una reclamación previa del abogado Jacobo Teijelo, que solicitaba el pago de dos facturas emitidas en abril y mayo de ese mismo año. Ambas, de 26.500 euros cada una, respondían a supuestos servicios de consultoría jurídica.
La posición del partido, recogida en ese burofax, es clara: no existía constancia suficiente de los trabajos realizados ni de su alcance, por lo que no se procedía al abono. Además, el escrito introduce un elemento adicional de relevancia política: la ruptura de cualquier relación profesional con el letrado por una supuesta incompatibilidad sobrevenida tras su implicación en la defensa de Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE.
Este punto conecta directamente con la dimensión interna del caso, ya que la figura de Santos Cerdán aparece señalada en el marco de la investigación como uno de los nodos de decisión en la contratación del abogado.
La UCO y la cronología que no encaja
La UCO sostiene en sus informes que no existe constancia de esas dos facturas en la documentación aportada inicialmente por el PSOE. Esa ausencia es interpretada por los agentes como un elemento relevante dentro de la reconstrucción del flujo de información.
Sin embargo, fuentes jurídicas apuntan a que el burofax fue mostrado a los investigadores durante su visita a Ferraz, lo que, de confirmarse, indicaría que la información sí estaba disponible para la unidad en una fase temprana de la investigación.
Este choque de cronologías no es menor: en investigaciones de esta naturaleza, el orden en el que se conocen los documentos puede ser determinante para establecer responsabilidades o posibles ocultaciones.
El papel de Teijelo y el contexto de la investigación
El abogado Jacobo Teijelo, vinculado a varios procedimientos de alta complejidad, aparece como pieza clave en la investigación. Su relación profesional con el PSOE y con distintos investigados ha situado su figura en el centro de la atención judicial.
En paralelo, la causa dirigida por el juez Santiago Pedraz ha ido incorporando nuevas ramificaciones relacionadas con presuntas estructuras de intermediación y pagos opacos. En ese contexto, también se analiza la intervención de otras figuras como Rebeca Torró, actual secretaria de Organización del PSOE, que ha defendido públicamente que las facturas nunca llegaron a abonarse.
Un caso con derivadas políticas y judiciales
La controversia no se limita a una disputa contable. La investigación apunta a una posible red de relaciones profesionales y políticas que habría utilizado estructuras jurídicas para canalizar servicios y pagos. En ese entramado aparecen nombres como Benet Salellas o Gaspar Zarrías, mencionados en el marco de las sociedades bajo análisis.
El PSOE insiste en que la relación contractual con Teijelo se dio por finalizada cuando este asumió la defensa de Cerdán, mientras que los investigadores tratan de determinar si existió continuidad efectiva en los servicios o si los contratos fueron utilizados como vía para otras finalidades.
Más allá del procedimiento judicial, el caso tiene una evidente lectura política. La sucesión de informes, filtraciones y versiones contrapuestas está alimentando un clima de desconfianza entre instituciones y partidos en un momento especialmente sensible para el Gobierno.
Si se confirma que la UCO no tuvo acceso inicial a toda la documentación relevante, el debate podría trasladarse al terreno de la cooperación con la justicia. Si, por el contrario, se acredita que la información sí fue mostrada en Ferraz, la discusión giraría hacia la interpretación que los investigadores hicieron de esa documentación.
En ambos escenarios, el burofax se convierte en una pieza clave: un documento administrativo que ha pasado de ser una simple negativa de pago a ocupar el centro de una disputa que mezcla estrategia judicial, presión política y lucha por el relato. @mundiario