Esta semana se publicaron diversas notas reportando que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso varias multas al Banco del Bienestar, operado por el Gobierno, por el incumplimiento de obligaciones tanto regulatorias, como en materia de seguridad, aplicables a las entidades financieras. La verdad es que los errores y la incapacidad de las instituciones y “empresas” operadas por el Estado no son una novedad, y mucho menos para la administración morenista que ha utilizado el desprecio por la capacidad técnica como uno de sus estandartes de campaña política.
Lo que sí llamó la atención, por otro lado, fue la información que se divulgó por el periódico Reforma, sobre la interposición de un amparo por parte del Banco del Bienestar, en el que supuestamente reclamó la inconstitucionalidad de la publicación de las multas en el portal oficial de la CNBV, al considerar que ésta representaba un “acto con efectos infamantes, pues implica la exhibición pública anticipada del Banco del Bienestar como infractor en un portal de internet, generando descrédito, escarnio y afectación irreversible a su honor, prestigio y reputación institucional”.
Si bien en el portal en línea del Poder Judicial de la Federación, no se puede acceder al texto completo de la demanda de amparo del Banco del Bienestar, a la que se asignó el expediente 740/2026, en el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de ser cierta la narrativa que reportan los medios, entonces nos encontraríamos ante un nuevo caso de uso indebido de recursos públicos, pues el Banco del Bienestar estaría ocupando recursos del erario público para la defensa jurídica del “honor” y “prestigio” de una institución de Gobierno.
En pocas palabras, un banco financiado por el Gobierno comete errores utilizando nuestros impuestos. Luego, otra institución financiada con nuestros impuestos -la CNBV- los investiga y los hace públicos, porque así se lo ordena la legislación. Después, la primera institución que cometió los errores con nuestros impuestos, considera que su derecho al honor y su prestigio han sido violados por haberse hecho públicos sus errores, y entonces demanda a la segunda, de nuevo con nuestros impuestos. Pero no hay que tomárselo personal. ¿Y para qué está el contribuyente, si no es para defender el honor de las instituciones cuando se equivocan o violan la ley? Al fin y al cabo, nadie nace sabiendo gobernar. Sobre la marcha se aprende.
La realidad es que muchos de nuestros gobernantes han perdido claridad sobre sus responsabilidades públicas. Las autoridades no tienen derechos humanos. Los derechos humanos corresponden únicamente a los particulares, y representan precisamente un límite frente a la actuación del Estado. El Banco del Bienestar no tiene derecho al honor y la reputación, y mucho menos puede utilizar la infraestructura estatal para defenderlo. Puede impugnar la multa de la CNBV, si la considera ilegal, pero no puede defender su reputación, porque no tiene derecho a ella.
Esta confusión se ha dado con mucha frecuencia en los últimos años. Otro ejemplo es la sección “Derecho de réplica” de la conferencia mañanera de la Presidenta, a cargo de Luisa María Alcalde, en la que la Consejera Jurídica se dedica a “desmentir” información difundida por medios de comunicación. ¿De quién es el derecho de réplica que supuestamente defiende Alcalde? ¿De la Presidenta? ¿Del Poder Ejecutivo? El derecho de réplica es un derecho humano que corresponde únicamente a los particulares. El Estado no puede pretender ser titular de este derecho, y menos defenderlo con recursos públicos.
Por lo que hace al amparo del Banco del Bienestar, de cualquier manera, la demanda de amparo fue desechada por haberse presentado de manera extemporánea (otro error). El Banco del Bienestar interpuso una queja que se encuentra en trámite ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el expediente 278/2026. De revertirse el desechamiento, el juicio podría sentar un precedente decisivo sobre el derecho al honor de las instituciones de Gobierno.