En una democracia consolidada, la discrepancia con las decisiones judiciales forma parte de la normalidad. Las sentencias pueden criticarse, discutirse en los ámbitos jurídico y público y recurrirse ante tribunales superiores. Esa es una de las fortalezas del Estado de derecho.
Lo que resulta preocupante es que desde el Gobierno se dé un paso más para acusar a los jueces de actuar ilegalmente o de prevaricar. Esa no es una simple valoración política de una resolución judicial, sino una imputación gravísima que afecta a la credibilidad de la separación de poderes, uno de los pilares básicos de la democracia.
Cuando un ministro afirma que “hay jueces que prevarican”, está atribuyendo a magistrados la comisión de un delito, dictando una resolución injusta sabiendo que es contraria a la ley. No es una crítica a una sentencia concreta, es poner en duda la integridad de quien imparte justicia.
Y cuando otra ministra dice que la Justicia “no es igual para todos o no se aplica igual a todos”, está contribuyendo a instalar en la sociedad una sospecha permanente sobre la institución de la Judicatura, debilitando la confianza en el modelo democrático. Cuando las acusaciones proceden del Gobierno, el impacto se multiplica.
El problema no reside en que un político discrepe de un juez. La crítica razonada a las decisiones judiciales es legítima. El problema aparece cuando la crítica se transforma en una estrategia de deslegitimación general de la Justicia, que en esta hora de España suele coincidir cuando determinadas actuaciones judiciales afectan a personas o intereses del entorno gubernamental.
Que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y varias asociaciones de jueces adviertan del peligro de estas acusaciones no debe interpretarse como una defensa corporativa, sino que es una llamada de atención sobre los límites que exige el respeto a las sentencias, que no son relatos, son la aplicación de las leyes. La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es una garantía de los ciudadanos frente al poder político.
Cuando desde los ministerios se ataca la independencia de los jueces por decisiones incómodas, el riesgo no es solo un enfrentamiento entre políticos y jueces. El riesgo es que la sociedad deje de confiar en las reglas comunes, sin las que la confianza en la democracia queda reducida a una lucha por el control del poder.
Una democracia no se mide solo por la celebración de elecciones; exige también el respeto de los gobernantes al tercer poder del Estado. Los votos otorgan legitimidad para gobernar, pero no conceden permiso para cuestionar sin fundamento las instituciones que deben actuar con plena autonomía. Por eso, viendo el despliegue gubernamental contra la Justicia, es muy recomendable releer el libro “Como mueren las democracias”, de Levitsky y Ziblatt. Por ahí empieza su muerte. @mundiario